En la Argentina la universidad pública es gratuita. Sin embargo, para garantizar la calidad educativa y las condiciones edilicias de las facultades, los alumnos muchas veces se ven obligados a generar medidas de protesta extraordinarias. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un grupo de estudiantes decidió tomar el edificio para lograr algunas reivindicaciones. ¿Qué hay detrás de las tomas de facultades? ¿Es legítimo ese medio de protesta? ¿Intencionalidad política o reclamo justo?

El miércoles 1º de septiembre varios grupos de estudiantes de laUniversidad de Buenos Aires (UBA) ocuparon las tres sedes de laFacultad de Ciencias Sociales. La reacción se produjo luego de que se cayera un panel de vidrio en la sede central, que dio como resultado la convocatoria estudiantil a una asamblea. Las reivindicaciones: reparación inmediata de las sedes, la presentación del tercer pliego de obras con plazos concretos para la construcción de un edificio único para las cinco carreras, subsidios para becas de apuntes, un comedor en la sede Constitución; y la desacreditación de los posgrados.

El conflicto por las condiciones edilicias de la facultad data de 2002, cuando se produjo la primera toma. Los alumnos habían ocupado el rectorado durante 43 días y la levantaron ante la promesa de que en dos años construirían un edificio para alojar 27 mil estudiantes. El lugar elegido fue la ex fábrica de la empresa Terrabusi, en el barrio de Constitución.

Pero nada fue como se prometió. La obra tenía que terminarse en 2004 y recién se empezó a construir en 2005. En 2006 la carrera Trabajo Social comenzó a dictarse en la nueva sede, con la garantía de que en 2008 se mudarían el resto de las carreras.

El 2008 llegó pero no hubo ningún otro traslado. Ese año una viga se desprendió del techo de un baño y los estudiantes volvieron a tomar la Facultad. Actualmente, las carreras continúan repartidas en diferentes puntos de la ciudad: Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política se dictan en la sede Parque Centenario; Sociología y Relaciones del Trabajo en la sede Marcelo T. de Alvear; y Trabajo Social en la sede Constitución.

Los tres edificios no fueron construidos y planificados para funcionar como facultades sino como fábricas. Por eso, tienen problemas de infraestructura difíciles de solucionar en el corto plazo. En la sede Constitución no hay calefacción; en la de Marcelo T. no hay salidas de emergencia; en la de Ramos Mejía las ventanas de algunas aulas sólo pueden ser cerradas por operarios especializados.

Gonzalo Paredes, estudiante de cuarto año de Sociología, describe la situación edilicia desde adentro: “Los pasillos son angostos y estamos rodeados de papeles. Si se produce un incendio no tenemos forma de escapar. Cursamos en un edificio que no está preparado para recibir a los miles de alumnos que somos. La gente está hacinada. Tampoco hay suficientes pizarrones, estufas y ventiladores”.

El reclamo del edificio único no sólo apunta a la mejora de las condiciones edilicias, sino a la confluencia de las diferentes disciplinas que enmarcan las Ciencias Sociales. “Si cada carrera está separada físicamente, no se propicia el campo para la interdisciplina, que es fundamental para no caer en una burbuja del sociólogo, del comunicador social, etc. Es importante para la formación académica de los estudiantes”, opina Paredes. También se generan problemas prácticos en algunas materias comunes a varias carreras: a veces, los alumnos se inscriben en dos materias de horarios consecutivos (por ejemplo, una materia el jueves de seis a ocho y otra de ocho a diez). Pero una vez que comienza la cursada, se enteran de que cada materia era cursada en dos sedes distintas. La distancia entre ellas es de entre media hora y 40 minutos de viaje.

En un artículo publicado a una semana del comienzo de la toma en el diario Página/12, el decano de la facultad, Sergio Caletti reconoció: “Sin duda el edificio de Marcelo T. está en malas condiciones”, pero agregó: “Espero que los estudiantes levanten la toma para restablecer el diálogo”, que no debe darse “bajo aprietes o presiones”. La toma continuó 45 días hasta el miércoles 13 de octubre, cuando se llegó a un acuerdo entre el estudiantado, la UBA y el Ministerio de Educación que, a cambio del levantamiento de la ocupación de los establecimientos, se comprometió a establecer una vía de financiación extrapresupuestaria de 20 millones de pesos para el edificio único de Sociales. También se consiguió, para enero de ese año, la licitación del tercer pliego para su construcción. Las demandas se concretaron luego de una extensa reunión en el Rectorado de la UBA, en la que participaron el Rector de la UBA (Rubén Eduardo Hallú), el Decano de Ciencias Sociales (Rubén Sergio Caletti), el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (Alberto Dibbern), el secretario de Hacienda (José Luis Giusti), dos dirigentes estudiantiles y dos representantes de laFederación Universitaria Argentina (FUBA)

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Desencuentros ideológicos

Durante los dos meses y medio que duró la toma, un fantasma recorrió las cabezas de los estudiantes de la facultad: la posibilidad de perder la cursada del cuatrimestre y atrasarse en la carrera. Si bien se permitía a los profesores dar “clases públicas” en los pasillos y en la calle, varias cátedras optaron por suspenderlas como expresión de oposición a las tomas. El caso de la cátedra Aznar-Saguir de la materia Sistemas Políticos Comparados sirve como ejemplo: el 7 de septiembre, comunicó a sus alumnos vía mail: “No tendremos clases mientras dure la toma en Ramos (sede Parque Centenario). Más allá de las opiniones personales de cada uno en la cátedra, consideramos que no es justo con los alumnos dar clases en las condiciones disponibles bajo la modalidad clase pública. No podemos tomar textos y temas que se dictaron con ustedes sentados en el piso incómodos, tomando apuntes como se puede, sin pizarrón para explicar, el/la docente gritando mientras otro/a docente grita al lado intentando también dar su clase, interrupciones sobre el tema de la toma, las reivindicaciones, invitaciones a marchas y demás”.

La cátedra Borón, de la materia Teoría Política y Social I, en cambio, decidió continuar con la cursada. Uno de sus profesores adjuntos, Juan Manuel Marzullo, graduado de Ciencia Política, había participado de reclamos similares siendo alumno: “Yo marché por este edificio y voy a seguir haciéndolo. Marché por que nos desagotaran de Marcelo T y ya entonces pedíamos el edificio”. Sin embargo, no está de acuerdo con la forma en que se tomó la facultad este año: “Una toma es una medida de fuerza. Quienes lo hacen deben estar dispuestos a amenazar con el uso de la violencia, por esto se precisa de mucha legitimidad. Había muy poca gente apostada en la Facultad, y uno podía entrar y salir tranquilamente. Comparado con las veces en que yo he participado de la toma de una facultad, esto no califica como tal”.

La legitimidad de la toma, eterna discusión

Las demandas eran colectivas; probablemente ningún docente de facultad y pocos estudiantes hayan estado en desacuerdo con la necesidad de mejorar las condiciones edilicias, aumentar la cantidad y la calidad de las becas estudiantiles, tener un comedor universitario y unir en un sólo edificio las sedes de las carreras de Ciencias Sociales. Pero el conflicto se produce por la forma de exigir: mientras algunos piensan que la vía es la ocupación de los establecimientos y la suspensión de clases, otros consideran que es contradictorio suspenderlas para defender la educación pública.

Para hacer democrática la toma y decidir sobre la forma de proceder, se convocaron asambleas a lo largo del mes y medio que duró la medida. La mayor parte tuvo lugar en el estacionamiento de la sede Marcelo T. En el blog del Centro de Estudiantes se publicaron, con orgullo, fotos mostrando la cantidad de personas que asistían a las asambleas que -aunque superaba ampliamente la participación habitual- continuaba siendo ínfima si se la comparaba con la cantidad total de estudiantes de la facultad.

El ambiente general era de incertidumbre y la mayor parte del estudiantado permaneció en silencio y ausente, dejando que el proceso de protesta tomara su curso de la mano de aquellos que sí decidieron participar. Gonzalo Paredes, estudiante de cuarto año de Sociología y partidario de la toma reconoció la falta de capacidad de convocatoria. “En vez de ser 200 podríamos haber sido miles. Eso hubiera sido lo mejor, pero no fue posible por un tema ideológico. Esto tiene que ver con la fragmentación política al interior de la facultad. La cantidad de agrupaciones enfrentadas entre sí desmotivan al estudiante neutro o independiente, que no quiere caer en una agrupación. Esto hace que una gran porción del estudiantado no quiera adherir a un reclamo que no es sólo para los estudiantes de sociales, sino para todos los ciudadanos argentinos, porque es para la universidad pública”, dijo.

Mientras tanto, estudiantes pertenecientes a agrupaciones políticas y alumnos independientes publicaron panfletos, enviaron mails colectivos y cartas denunciando que se producía fraude en las votaciones de cada asamblea.

Marzullo fue testigo de discusiones entre representantes de organizaciones a favor y en contra de la toma: “Muchos esgrimían argumentos ligados a que les habían hecho trampa en la asamblea. Esto me parece una denuncia muy infantil para personas con experiencia en la militancia política, que probablemente hayan participado ya de uno o dos encuentros. Las motivaciones políticas de la toma fueron más allá de las reivindicaciones reclamadas”, reflexionó, refiriéndose a los intereses partidarios de las agrupaciones de la facultad.

La Universidad de Buenos Aires es pública. Su infraestructura, los salarios de los docentes, el material académico y la calidad institucional dependen mayormente del presupuesto que se le suministra desde el Estado nacional. Como es habitual en toda institución pública –al menos en la Argentina- los aumentos de recursos se logran a través de la protesta. En la Facultad de Sociales de la UBA basta mirar los últimos 10 años para comprobar esto. Y cada vez las medidas de fuerza se extienden más. Ahora bien, si el Ministerio de Educación sabe que existe la posibilidad de otorgar el financiamiento necesario, ¿por qué hay que perder casi dos meses de clases para conseguirlo?. La respuesta posiblemente esté en la forma en que se hace política en la Argentina: tirar de la cuerda hasta que esté a punto de romperse.

Imágenes: Gentileza del Blog Edificio Único Ya

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