A pesar de que las condiciones económicas se fueron deteriorando, la Argentina aún sostiene un sistema educativo universal y gratuito en todos sus niveles. ¿Por qué la educación universitaria debe ser gratuita? ¿Cuáles son las visiones sobre este tema? En la siguiente nota se cuenta acerca de la realidad universitaria argentina.

“En la isla de Vancouver, cuenta Ruth Benedict, los indios celebraban torneos para medir la grandeza de los príncipes. Los rivales competían destruyendo sus bienes. Arrojaban al fuego sus canoas, su aceite de pescado y sus huevos de salmón; y desde un alto promontorio echaban a la mar sus mantas y sus vasijas. Vencía el que se despojaba de todo”. [1]

Desde que en 1882 se organizó el primer Congreso Pedagógico que dio origen a la Ley 1420 de Educación Pública en la Argentina, la escuela se convirtió en un mecanismo de socialización de normas, valores y saberes que permitió que personas de muy diferentes procedencias contaran con bases y horizontes comunes. Desde entonces es el pilar sobre el cual se nutrió y desarrolló nuestra sociedad, sobre la equidad y la justicia.

En el país la educación universitaria es gratuita desde 1949. Esto, a través de las distintas épocas, derivó en debates donde entran en juego el derecho y las posibilidades estatales. Y aunque hasta hoy la gratuidad en la enseñanza sigue triunfando, continúan mezclándose visiones opuestas.

¿Pueden los padres exigirle a su hijo que éste le pague luego por la educación fraternal recibida? La educación debe entenderse como un derecho de toda persona, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que manifiesta el derecho a recibir educación, gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales: “Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad”, dice la Declaración. [2]. En ese marco, la universidad pública y gratuita tiene un papel de equidad y justicia clave.

En la Argentina, por suerte, aún se cuenta con una educación universitaria pública y gratuita, aunque haya que pelear continuamente por conservar esa condición: quienes estudiamos en la universidad pública sabemos que muchos docentes trabajan ad honorem y casi sin presupuesto. También los estudiantes se ven obligados a hacer reclamos públicos callejeros.

Todos los chicos del país tienen el derecho a alcanzar la educación superior, desde Jujuy a Tierra del Fuego. El Estado tiene la obligación de hacerse cargo de ello porque ese título redunda en beneficio de toda la sociedad, y no sólo de aquel que lo obtiene. Luego, queda en la ciudadanía y en la política hacer valer el derecho del chico pobre de Jujuy para que pueda acceder a mayor educación.

Un poco de historia

En el país, en 1949, se estableció la gratuidad de los estudios universitarios. Esto posibilitó que los sectores medios en ascenso tuvieran una posibilidad desconocida hasta entonces. Con posterioridad y en forma progresiva se consolidó un sistema universitario que se caracterizó por el surgimiento de nuevos establecimientos, el crecimiento explosivo del número de alumnos y docentes, y la multiplicación de titulaciones. La evolución del sistema ya no se ajustó a las exigencias de la reproducción de élite y, por el contrario, sufrió una extensión de su base institucional hasta llegar a su dinámica de masificación. Al mismo tiempo, la educación superior pasó a tener un valor creciente en el mercado cultural y fue redefinida como un derecho de todos los ciudadanos en términos de accesibilidad libre y gratuita.

A fines de los ‘80 -e impulsado desde el gobierno nacional de turno- se inició una nueva etapa caracterizada por la fuerte expansión de las universidades privadas. Hoy esas instituciones superan en número a las del sector público, a pesar de que en este último tiempo también se han creado nuevas universidades nacionales. Desde 1989 se abrieron 11 instituciones nacionales, una provincial y 31 privadas. De este modo, el sistema quedó conformado por 94 establecimientos universitarios: 42 con financiamiento público y 52 de gestión privada. Esto llevó al Estado a atender una serie de nuevos problemas relacionados con el acceso, equidad, calidad, financiamiento, acreditación, coordinación, evaluación y control.

En las últimas décadas, las recomendaciones del Banco Mundial para América Latina hicieron hincapié en la revalorización de la educación superior en su vínculo con el mercado. El Departamento de Educación y Política Social del Banco Mundial viene sugiriendo proporcionar incentivos para que las instituciones públicas diversifiquen las fuentes de financiamiento. “De esta manera, se plantea desde los organismos internacionales de crédito que el programa de reforma debe estar orientado al mercado, del cual se reciben las señales que indican dónde está el valor y cuáles son las ventajas” [3]. Las recomendaciones de reforma se orientan hacia las soluciones inspiradas en los principios del mercado, en particular a la privatización y a la descentralización de las funciones públicas.

En cuanto a la evaluación y el control, durante la última década, en casi todos los países de la región surgieron agencias públicas o privadas de evaluación de instituciones, y de carreras de grado y de posgrado, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad educativa.

En la Argentina el organismo que cumple este rol es laCONEAU [4], ente público descentralizado que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Educación y que tiene la finalidad de garantizar la fe pública a través de procesos sistemáticos de evaluación y acreditación. Su existencia significa una profunda modificación en la gestión del sistema universitario, comparable con los entes reguladores estatales que se instauraron con los procesos de privatización en el país.

Así, el espacio universitario fue irrumpido por conceptos que pasaron a ser habituales, consecuencia de la extrapolación del campo de la gestión empresarial: evaluación, eficiencia, desarrollo de áreas de negocios, acreditación de postgrados, evaluación de productos, internacionalización de la oferta y la demanda, globalización educacional, restricción al ingreso (exámenes que implican cupos encubiertos), técnicas de gestión sesgadas hacia perfiles administrativistas y de costos, financiamiento “alternativo” (aranceles a través de contribuciones “voluntarias”, bonos, aportes a cooperadoras, etc.).

En este debate podrían establecerse entonces dos grandes grupos. Por un lado, sectores progresistas o de izquierda que se resisten a las propuestas arancelarias; sostienen que de ese modo se introduciría en el campo de la educación la lógica del lucro, afectando su forma de propiedad, provisión y/o financiamiento. Por otro lado, están los promotores del liberalismo económico que defienden esa idea porque argumentan que los beneficios de la educación superior son apropiados individualmente a través de la “renta educativa”; es decir que un título universitario trae aparejado mayores ingresos a quien lo obtiene debido a la mayor calificación.

Sin embargo, lo que esta teoría desestima son los beneficios sociales que pueden existir por el hecho de tener más profesionales en el país. En definitiva, se hace mayor eje en la ventaja para la persona que obtuvo el título. El estudiante es entendido como un agente económico que se relaciona con la universidad como cliente-consumidor.

De la universidad a la empresa

El primer antecedente en la línea de la promoción de la transferencia tecnológica de las universidades hacia las empresas se dio en marzo de 1984 cuando se creó el Área de Transferencia de Tecnología en el CONICET. Un año después se puso en marcha la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT). La OTT fue la primera experiencia de introducción de la gestión de la vinculación tecnológica en un organismo de ciencia y técnica. Así, se estableció por primera vez un régimen de asesorías rentadas para los investigadores, en el cual sus trabajos de consultoría para las empresas se registraban en esa oficina.

Todos estos instrumentos de política científica intentan orientar la investigación hacia la producción de conocimiento. La idea es que su financiamiento sea complementado por el aporte de empresas. Claro que esto está acompañado por un fuerte desfinanciamiento de las universidades, consecuencia de la comercialización en la academia.

Esto cambia el enfoque de los sondeos a realizar, ya que se terminará buscando que la investigación se acerque cada vez más a las necesidades de la empresa, y permita a las compañías conocer qué les puede aportar a sus sistemas productivos.

Ahora bien, no niego que la comunicación entre los distintos actores sociales (empresariales y educativos) pueda ser enriquecedora, pero no debería transformar uno al otro. Entonces, la universidad pública y gratuita puede convertirse en un espacio únicamente lucrativo.

Sin embargo, las instituciones académicas públicas y privadas se hallan ante la necesidad de revisar sus mecanismos de producción de conocimiento, considerando que la problemática no se reduce únicamente a cuestiones de índole financiera, sino también a decisiones institucionales que remitan a una discusión en torno al papel de la universidad en la sociedad. Es decir, que su rol no es simplemente su autoabastecimiento o supervivencia, sino que poseen una función educativa que debe cumplirse en beneficio de todos, razón por la cual, y para empezar, todos deben poder concurrir.

Al comienzo de esta nota compartí un relato de Eduardo Galeano, que habla de la desposesión. Esta imagen lleva a varias posibles reflexiones en tiempos de capitalismo en que la adquisición de bienes parece ser una necesidad fundamental. ¿Qué pasaría si destruyéramos todo lo material? ¿Qué sucedería con los bienes inmateriales que fuimos consiguiendo? ¿Dónde quedaría nuestra educación? Aún si se tiraran los libros al fuego, no nos despojaríamos del conocimiento.

La educación y el saber son mucho más fuertes que cualquier pertenencia material. Y aunque los conocimientos nos permitirán trabajar de lo que más nos guste, y nos ayudarán a conseguir nuestros medios de subsistencia, trascienden todo aspecto tangible.

Ilustración: Guadalupe Giani

¿Te gustó esta nota? Suscribite clickeando acá

[1] Galeano, Eduardo: “Los indios/4” en “El libro de los abrazos”, Buenos Aires, 1989.

[2] Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos

[3] Banco Mundial/UNESCO 2000 “El financiamiento y la gestión en educación superior” en Higher Education in eveloping Countries. Peril andPromise, The Task Force on Higher Education and Society (Washington: The World Bank).

[4] Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria