Economía popular, espacio estratégico para un más equitativo orden económico

Lejos de ser un coto donde acorralar a pobres y marginados, la economía popular puede ser un espacio estratégico para generar un más equitativo orden económico. De lograrlo, ayudaría a cambiar el rumbo y la forma de funcionar concentradora que atenta contra el bienestar general y el cuidado ambiental.

Quienes dominan en el mundo procuran imponer la noción que ciertos críticos procesos sólo pueden desarrollarse de una única forma, aquella que les permite reproducir la concentración de la riqueza y las decisiones. Se cuidan de explicitar sus tremendas consecuencias: desigualdad y pobreza, degradación ambiental, inestabilidad sistémica, sometimiento cultural; a ello se suma una enorme evasión impositiva y fuga de capitales que esteriliza buena parte del ahorro nacional e impide financiar la inversión requerida para una plena movilización productiva. Esta dominación sólo puede mantenerse con engaños y represión.

El neoliberalismo no defiende a la economía popular, a lo sumo la concibe como un programa asistencialista desligado de las políticas macroeconómicas que son las que determinan el rumbo y la forma de funcionar del país. Mientras mantienen intactos los motores de la concentración toleran a la economía popular como una forma de amenguar los desastrosos efectos del orden económico establecido. No les interesa resolver las duras condiciones en que se desenvuelven los emprendimientos de la economía popular que operan con esforzadas aunque rudimentarias estructuras productivas, descapitalizadas, sin acceder al crédito, con tecnologías residuales y una vulnerable inserción en cadenas de valor.

La economía popular necesita ser respaldada con firmeza, no recibir migajas. De otro modo no podrá desenvolverse con estándares semejantes al resto del aparato productivo nacional. Para ello será necesario abordar varias críticas dimensiones, algunas relacionadas con el contexto económico e institucional que las oprime y otras con la imperiosa necesidad de contar con un comprehensivo sistema de apoyo asentado en sus propias organizaciones.

El contexto económico e institucional de la economía popular

Quienes participan de la economía popular saben de las dificultades a resolver, incluyendo la complejidad de relacionarse con otros actores económicos y con el Estado (a veces abierto a ellos y otras veces procurando manipularlos). Han resistido momentos aciagos y, en tiempos de búsqueda de nuevos rumbos, podrán aprovechar mejores opciones y oportunidades.

Dado que nadie produce aislado del sistema económico, un inevitable desafío que encara la economía popular es encontrar mejores formas de insertarse en tramas productivas. Su presente debilidad los hace vulnerables al sometimiento de otros actores. De ahí la necesidad de contar con medidas de apoyo y la intervención mediadora del Estado. Sin ello será bien difícil integrarse en promisorias cadenas de valor en lugar de las residuales que no les permite acceder a ciclos de reproducción ampliada.    

Las cadenas de valor comprenden diversos participantes que se distribuyen los resultados que la entera cadena genera. Esa distribución depende del poder relativo de cada participante. El mayor poder es ejercido por las empresas que lideran las cadenas productivas; maximizan sus ganancias a través de imponer precios y condiciones a proveedores y consumidores. Un menor poder, aunque no despreciable, es detentado por empresas medianas que proveen insumos a las empresas líderes. Ellas se relacionan con otras de menor tamaño las que, a su vez, suelen vincularse con micro emprendimientos informales.

Ese diferencial de poder relativo hace posible diversos tipos de abusos de poder.  El abuso de poder, que genera inequidad y compromete el pleno desarrollo de las cadenas de valor, no es algo inevitable. Por el contrario, corresponde a una cierta correlación de fuerzas que puede ser transformada. En contextos de baja regulación económica el abuso de poder prevalece en todos los mercados y cadenas de valor. En otros contextos el Estado interviene con regulaciones para evitar abusos de poder y aminorar las cascadas de apropiación de valor. Una forma de hacerlo es a través de establecer espacios de negociación de márgenes de distribución de resultados al interior de las cadenas de valor, actuando el Estado como regulador y nivelador de fuerzas tan dispares. Otras medidas incluyen integrarse a cadenas de valor asistidos por desarrolladoras con experiencia en mercados y modalidades de inserción en tramas productivas, simplificación normativa ajustada a las particulares circunstancias de la economía popular, programas para asociar y capitalizar proveedores, nuevos canales de comercialización, asistencia del sistema de ciencia y tecnología. 

Puede afirmarse que las posibilidades de desarrollo de la economía popular depende del propio esfuerzo, del contexto económico e institucional en el que se desenvuelve y si dispone (o no) de un comprehensivo sistema de apoyo, tema que se encara a continuación.  

Conformación de un comprehensivo sistema de apoyo a la economía popular

Para desarrollarse a pleno, la economía popular se beneficiaría sumando al propio esfuerzo un complemento de experiencia, gestión y financiamiento. Es que no es sencillo proveerse de una efectiva estructura productiva, disponer de apropiada tecnología, buenos cuadros de conducción, insertarse en promisorias cadenas de valor y acceder al requerido financiamiento. Este conjunto de factores no suele estar disponible para la economía popular.

Un primer elemento de apoyo podría ser, entre otras opciones, establecer desarrolladoras de emprendimientos de la economía popular. En ellas, especialistas harían equipo con cuadros locales.

El objetivo central es superar la pequeña escala estableciendo emprendimientos asociativos de tamaño mediano con capacidad de capitalizarse reteniendo el pleno valor de lo que generan. Y hacerlo custodiando valores de solidaridad, respeto por sus comunidades y su medio ambiente, sin aislarse de la marcha local y nacional.

Las organizaciones de la economía popular asistidas por las desarrolladoras podrían evaluar distintas formas asociativas escogiendo las que mejor les sirvan. Entre tantas otras, cooperativas de primer y segundo grado, comercializadoras comunitarias, consorcios para comprar insumos y proveerse de servicios, asociaciones de acopio, procesamiento y transporte, consorcios de exportación, agroindustrias locomotoras, franquicias populares, supermercados comunitarios.

Claro que la asistencia ofrecida por las desarrolladoras necesita complementarse con el acceso a recursos para financiar la conformación y operación de esos emprendimientos. Una modalidad para servir este propósito podría ser conformar fideicomisos especializados en financiar la economía popular. Sus funciones incluirían (i) una línea de inversión en el capital de los nuevos emprendimientos (permanente o transitoria hasta ser adquirida por los propios productores o sus organizaciones) y (ii) asignar recursos a entidades que provean crédito a la economía popular.

Estos fideicomisos pueden capitalizarse acudiendo a diversas fuentes de financiamiento según aconsejen las circunstancias de cada país. Sería preferible hacer converger fuentes públicas, privadas y de organizaciones de desarrollo de modo de preservar en el tiempo el foco y respeto a la economía popular. Representantes de los aportantes junto con los de organizaciones de la economía popular integrarían el nivel de dirección de estos fideicomisos. Los fideicomisos son instrumentos bien conocidos solo que este tipo de fideicomiso especializado en emprendimientos de la economía popular debiera utilizar criterios promocionales para asignar los recursos. Esto no significa aportar a fondo perdido ya que es fundamental asegurar la sustentabilidad en el tiempo de los fideicomisos.

Al cerrar estas líneas vale señalar que la trascendencia de la economía popular no se limita al estratégico plano productivo. También incluye los múltiples esfuerzos de esclarecimiento que ya realizan sus organizaciones para comprender aquello que tiende a esterilizar y deslegitimar la iniciativa popular, así como la determinación de encontrar soluciones para superar las agobiantes restricciones en las que viven y trabajan. No hay sólo cuestiones puntuales a resolver sino también muchas otras de naturaleza sistémica; de ahí que una instancia decisiva sea ayudar a establecer coaliciones políticas capaces de concebir nuevas, diversas e innovadoras formas de producir, de ser, de vivir en sociedad. Sin duda que la práctica de la economía popular aporta a esa búsqueda.

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