Opinion Sur
El tema de la seguridad/inseguridad ciudadana es complejo, controversial, poco comprendido, cuya resolución exige intervenir en muy diversas áreas y dimensiones. Su magnitud y gravedad son objeto de constante manipulación; cuesta erguirse por sobre los intereses en pugna para hacer de la seguridad una política de Estado. En verdad, la política de seguridad hace parte de una cierta trayectoria socioeconómica, y es en ese contexto y desde la perspectiva política que predominase que es encarada.
Son muchos y diversos los intereses que coexisten alrededor del tema de la seguridad. Desde quienes lucran con la inseguridad hasta quienes la sufren, pasando por la manipulación para fines políticos o mediáticos. Esos intereses de transfondo buscan incidir sobre las políticas de seguridad para llevar agua para su propio molino. Por tanto este área de problemas, como otras, no puede reducirse a un trabajo sólo técnico-profesional para enfrentar hechos delictivos sino que exige sea identificado y comprendido todo un tejido de intereses económicos, políticos y mediáticos que hacen al sustento de la seguridad y de la inseguridad.
Cada enfoque sobre la seguridad caracteriza “a su modo” las causas, la dinámica, la cuantía y los efectos de la inseguridad y, en consecuencia, ofrece medidas muy diferentes para encarar la inseguridad y fortalecer la seguridad. De ahí que lo primero a dilucidar debería ser qué tipo de seguridad se tiene en mente como utopía referencial. Esto es, definir lo mejor que se pueda a qué estado o situación de seguridad aspiramos. Lo más probable es que se presenten muy distintas utopías referenciales según sean los intereses y necesidades que tienen los distintos sectores sociales. Aquí entonces un primer nivel de discusión y, al mismo tiempo, de búsqueda de eventuales puntos de contacto entre las diferentes visiones de futuro. En principio, podría ser que resulte algo más factible encontrar coincidencias entre un mayor número de actores en torno a un distante futuro deseado, que respecto al presente cuadro de divergentes intereses.
De todos modos habrá que abordar el diagnóstico de la situación presente y aquí pesarán tanto las diferentes concepciones ideológicas y políticas, como los intereses que cada sector procura proteger. Esto complica el intento de enriquecer el propio diagnóstico con las aportaciones de otras perspectivas pero es imprescindible no cerrarse en la propia visión. En la medida que se logre articular varias o algunas de esas distintas perspectivas, la base de sustentación de las propuestas de acción que emerjan del diagnóstico será más sólida y, consecuentemente, se podrá contar con un mayor y mejor respaldo político y social.
En función de cómo se defina la in-seguridad, un punto álgido será determinar si existe más inseguridad hoy que en el pasado (y de ser así, cuánto más), o si se trata de una sensación alimentada por una combinación de intereses y de un desarrollo comunicacional que jerarquiza informar sobre ciertos crímenes acudiendo al morbo y lo instantáneo.
Al elaborar propuestas concretas de acción, ellas se estructuran en horizontes de mediano y largo plazo y, por cierto, en un crítico corto plazo que es la primera fase de construcción de una trayectoria hacia la utopía referencial. Este corto plazo debiera entenderse como el comienzo de una transición hacia mejorar la situación presente; algunos denominan como el “mientras tanto” a esa batería inicial de medidas.
Así como al definir la utopía referencial y precisar la estrategia para dirigirse hacia ella se hace necesario reconocer el universo poblacional atendido con las políticas de seguridad, también será imperioso preguntarse ¿el mientras tanto para quiénes? Esto es, a quién se dedica la urgencia y la prioridad del corto plazo.
Puede tratarse de sectores medios muy sensibilizados con el tema de la inseguridad pero también de sectores empobrecidos o postergados agredidos por la simple “portación de rostro” (sospechosos por su apariencia y por la existencia de extendidos prejuicios). En general, lo que suele suceder es que no se les asigna urgencia ni prioridad de corto plazo a estos sectores de bajos o medios bajos ingresos, dejando para más adelante resolver su situación (si acaso llegase a resolverse). Así planteado, el tema se asemeja a un campo minado porque cualquier movimiento para un lado o para el otro podría generar una inesperada explosión.
Una forma de salir de este atolladero es procurar situar contextualmente ese “mientras tanto”. Una cosa es que el «mientras tanto» haga parte de un proceso de transformación económica y social y, otra distinta, que sea apenas un momento más de un proceso que reproduce el status quo, como sería el caso de reforzar el crecimiento concentrador que predomina en casi todo el mundo.
Si estuviese en curso un proceso de transformación del status quo, entonces el «mientras tanto» de las políticas de seguridad debiera hacerse parte del esfuerzo de transformación. Así, por ejemplo, si los sectores medios estuviesen movilizados por el tema de su inseguridad (no la de los sectores detenidos por portación de rostro), entonces antes de definir qué hacer con la inseguridad en el «mientras tanto» habría que evaluar qué rol juegan esos sectores medios en la transformación.
Si su papel no fuese importante, si sus opiniones y sensaciones no actuasen como cajas de resonancia de esfuerzos destituyentes, si su peso electoral fuese despreciable, si su sensación de inseguridad no influyese sobre sus expectativas económicas (y por tanto sobre su consumo, su ahorro, su inversión), en ese caso la estrategia de corto plazo en materia de seguridad los incluiría como parte constitutiva de los derechos humanos que gozan todos los ciudadanos.
Pero si, por el contrario, esos sectores medios estuviesen en capacidad de reforzar intentos destituyentes, si tuviesen peso electoral, si por temor redujesen su consumo y su inversión, pues entonces habría que asignarles una prioridad mayor en el corto plazo ya que al derecho por seguridad que tiene todo ciudadano se le sumaría la necesidad de preservar el proceso de transformación. Eso sí, habría que discernir si su temor a la inseguridad es objetivo o inducido para, en función de ello, escoger las medidas más apropiadas. Si la inseguridad fuese inducida por campañas políticas y mediáticas que lucran con la generación de temor, las respuestas tendrán que considerar contra-campañas acudiendo al esclarecimiento, a la información y a la educación. Si, en cambio, el temor estuviese bien fundado habrá que adoptar más específicas y efectivas medidas de seguridad.
Obviamente que las medidas de corto plazo no pueden sólo referirse a los sectores medios, lo cual sería inadmisible. Aunque no tuviesen el mismo peso político o económico, es imperioso resolver con firmeza e igual urgencia el «mientras tanto» de las grandes mayorías postergadas, incluyendo muy particularmente aquellas personas detenidas “por portación de rostro». Es que en estos casos no se trata de «sensación» de inseguridad sino claramente de inseguridad sin eufemismos la que, por tanto, exige de rápidas y contundentes soluciones.
La inseguridad asociada con la criminalidad no se resuelve, y muchas veces ni siquiera puede contenerse, con la sola acción penal (represión policial, castigo judicial y cárcel); se requieren medidas de prevención y de resocialización de quienes han cometido delitos. Los sistemas penitenciarios con su falta de control y hacinamiento suelen agravar la peligrosidad de los internados en lugar de ayudarles a recuperar su condición de ser humano capaz de aportar a la construcción social. Las soluciones de fondo pasan más por impedir la aparición de focos de delincuencia y, cuando existen, desmontar aquello que lo sustenta y reproduce.
