Inversión y proyecto de país, lo encubierto

Hay inversiones que contribuyen al proyecto de país que se procura construir y otras que lo perjudican o no inciden sobre la marcha escogida. Es de sumo riesgo ignorar esa heterogeneidad porque se necesita promover aquellas inversiones que mejor sirvan al proyecto de país y disuadir las que, a corto o mediano plazo, traben el potencial de desarrollo nacional.

Quienes hablan de “la inversión” como si fuese algo homogéneo y no heterogéneo lo hacen por ignorancia, simplificación o porque encubren indefendibles intereses. No diferenciar inversores y en qué, cuánto, dónde y cuándo invierten o desinvierten, condiciona el proyecto de país deseado.

Hoy prima un tremendo proceso concentrador de la riqueza y del poder decisional que habrá que desmontar para poder avanzar hacia otros proyectos de país; para eso, el tipo de inversión que predomine es una variable determinante. ¿Cómo entonces escoger inversiones que sirvan al proyecto de país deseado?  Depende de quiénes sean los que escogen, en particular a las inversiones de mayor envergadura que arrastran o inducen otras menores.

Las grandes inversiones son decididas por quienes controlan los excedentes generados, un puñado de empresas nacionales y corporaciones internacionales más el Estado, si asumiese su condición de orientador de la economía.

Estos grandes actores pueden optar por reinvertir localmente sus excedentes, desviar recursos hacia la especulación financiera o fugarlos al exterior. Sólo los excedentes asignados a inversión social y productiva sirven al país. Los otros destinos esterilizan la capacidad de generar inversión, con varios tremendos agravantes, (i) la fuga de capitales no declarados desfinancia al Estado al impedirle recaudar los impuestos fijados por ley; (ii) la especulación financiera extrae valor, no lo genera, y priva al país de los efectos multiplicadores de la inversión productiva; (iii) la fuga de capitales y la especulación financiera provocan una perversa dinámica de funcionamiento económico al ofrecer lucros imposibles de obtener legalmente en los mercados de la economía real.   

Las decisiones de inversión que adoptan los privados están mayormente guiadas por el afán de maximizar el lucro. Apartarse de ese criterio ordenador del accionar corporativo podría resultar en terminar desplazados por competidores más agresivos. Los pequeños inversores, inmensa mayoría, toman sus decisiones en función del contexto impuesto por los sectores dominantes.

Por su parte, el Estado toma decisiones de inversión que varían en sentido y magnitud según las fuerzas sociales que lo controlan. Esas inversiones no se guían por el criterio de maximizar el lucro (aunque pueden ser económicamente muy rentables) sino por criterios vinculados al proyecto de país predominante. Así, no se mide la rentabilidad de la inversión pública según el saldo financiero que obtiene en cada ejercicio sino por el impacto de desarrollo que genera en las diferentes regiones del país.  

Existen enormes mayorías que sin disponer de recursos financieros para invertir aportan otros factores críticos al proceso social y productivo como trabajo y creatividad, pocas veces compensados apropiadamente.

Impactos sistémicos de los diferentes tipos de inversión

Son diversos los impactos sistémicos que generan los diferentes tipos de inversión, entre los importantes, sobre la matriz productiva, las desigualdades y la soberanía decisional de cada país. En todos estos impactos pesa fuerte el accionar de la inversión extranjera.

  • Efectos sobre la matriz productiva

La matriz productiva refiere a cómo está estructurado el sistema económico en varios planos, concentración de los mercados, composición sectorial, presencia de actores locales y extranjeros, control de sectores estratégicos, qué y cuánto se produce para el mercado interno y para exportar, dependencia de insumos importados, ocurrencia de recurrentes estrangulamientos (los más serios de sector externo) y consecuentes crisis.

La estructuración de la matriz productiva no suele ser el resultado de una planificación que hace el Estado para asegurar sustentabilidad social, ambiental y económica. Surge de una diversidad de decisiones privadas de inversión orientadas a lograr ganancias y de regulaciones públicas que pueden ser débiles o firmes. Esa desordenada génesis de la matriz productiva le resta capacidad para anticipar o resolver apropiadamente las tensiones y contradicciones que jalonan la marcha de todo sistema socioeconómico.

Históricamente, la matriz productiva de países no centrales nacen para complementar como proveedores de materias primas a las economías centrales. Esta distribución internacional del trabajo pierde funcionalidad al crecer una urbanización impulsada por migraciones internas y externas. Las ciudades atraen migrantes y la concentración de la tierra expulsa población rural. El antiguo sistema productivo necesita diversificarse para proveer empleos e ingresos a la población en crecimiento. Nuevas oportunidades atraen a inversores locales y a corporaciones internacionales a las actividades más promisorias. La matriz productiva crece en desbalances que llevan a estrangulamientos y recurrentes situaciones de inestabilidad con tendales de víctimas y mayor concentración económica.

¿Es esto inevitable? De ninguna manera. Existen políticas públicas activas de sentido contrario para desmontar el proceso concentrador y liberar democracias capturadas.

  • Efectos sobre la desigualdad social y productiva

El tipo de inversión (quienes invierten y con qué propósito) reproduce el desaforado proceso de concentración que predomina en el mundo. Si no se transforma esta forma de invertir sería imposible desmontar desigualdades, la otra cara de la concentración.

Así, no hay forma de resolver ambos hechos sin encararlos en un mismo desafío. Pueden ensayarse soluciones sustitutas (redistribuir sin desmontar la concentración) pero sólo sirven para ganar tiempo mientras los motores de la concentración siguen funcionando a pleno. Esas soluciones generan gran endeudamientos de familias, empresas y países, con serios problemas fiscales y extendida pobreza e indigencia.

Soluciones genuinas incluyen salarios que permitan un buen vivir de los trabajadores, cambiar la estructura impositiva regresiva, eliminar la evasión y elusión impositiva, la fuga de capitales, regular oligopólicos, impedir la especulación financiera reorientando recursos hacia el financiamiento de empresas y emprendimientos, desmontar prácticas oligopólicas que perjudican el comercio exterior, priorizar inversiones de cuidado (salud, educación, saneamiento ambiental) y en emprendimientos de la economía popular.  

Un ejemplo de resolver al mismo tiempo concentración y desigualdades puede darse en la cadena alimentaria. Si predominan grandes empresas, se concentran las ganancias a expensas de proveedores y consumidores. Por su parte, la agricultura familiar produce alimentos frescos a menores precios. Los productores operan con recursos escasos pero pueden mejorar si son financiados para invertir en comprar tierra, en cooperativas de acopio, transporte, procesamiento y comercialización (incluyendo supermercados comunitarios). Estas son inversiones que resuelven concentración y desigualdades.

El tratamiento de la inversión extranjera

Los actores extranjeros invierten en actividades de mayor rentabilidad; “descreman” la economía. Sin embargo, no todas las inversiones extranjeras son iguales, algunas pueden aportar al desarrollo nacional y otras no.

Habría que evaluar si la particular inversión contribuyese al proyecto de país deseado, y esto considerando una doble perspectiva. Por un lado, qué requiere el país en la fase de desarrollo en que se encuentra y, por otro, cuál ha sido la conducta histórica del inversor extranjero en otros países.

El tipo de evaluación a practicar dependerá si el Estado defiende intereses del conjunto nacional o tan sólo de grupos minoritarios. Además, si tiene la capacidad para controlar y hacer efectivo el cumplimiento de leyes y regulaciones. En cuanto al estado del país, es distinta la situación si cuenta con un sistema económico consolidado con empresas que puedan complementarse y no subordinarse a la nueva inversión extranjera. Por el contrario, si la economía es frágil pero con valiosas actividades “nacientes”, se requerirá del Estado para asegurar relaciones justas con los inversores externos. No conviene una inversión que sólo extrae valor sino aquella que irradie efectos multiplicadores.

Siendo que las economías emergentes sufren de escasez de divisas, habrá que evaluar el impacto de las inversiones extranjeras sobre la balanza de pagos. O sea considerar el grado de dependencia de lo que producirá respecto a la importación de insumos, las remesas de dividendos y el pago de royalties, y estas salidas de divisas compararlas con eventuales ingresos de divisas por exportaciones u otros rubros. De igual manera, vale apreciar si contribuirán a abrir mercados externos y promisorias cadenas productivas globales, si aportarán al desarrollo científico y tecnológico, a aumentar la recaudación tributaria atendiendo eventuales antecedentes de evasión o elusión.

Algo que no suele evaluarse es la trayectoria histórica del inversor externo en cuanto a cumplimiento de normas laborales, tributarias y ambientales su relacionamiento con proveedores, si se involucraron en procesos electorales o practicaron fuertes cabildeos para imponer políticas públicas. Esto es importante porque al aprobar una inversión no sólo se establecen obligaciones contractuales sino también se aseguran derechos.

Soberanía decisional 

Se señaló que las inversiones inciden de forma determinante sobre el proyecto de país y que quienes las controlan son poderosos actores. Estos actores, grandes empresas locales e internacionales, se posicionan en sectores de alta rentabilidad. Sus ganancias son propias del esfuerzo productivo pero están agigantadas por factores que parecieran inamovibles aunque no lo son. De un lado operan como oligopolios, lo que significa que abusan de su poder de mercado, aumentan todo lo que pueden los precios de venta de sus productos y  bajan también todo lo que pueden los salarios de sus trabajadores y los precios de compra de insumos y materias primas. Si se desmontase el poder oligopólico, los recursos apropiados serían retenidos por trabajadores, proveedores y consumidores con un efecto de redistribución de ingresos y capitalización de pequeñas empresas que no involucran al sector público (nulo impacto fiscal).

Además de empresas productivas oligopólicas también existen comercializadoras y en particular corporaciones exportadoras que operan como oligopolios. Las exportadoras suelen ser subsidiarias de conglomerados globales lo que les facilita evadir impuestos: facturan a precios bajos a otras empresas del mismo grupo localizadas en zonas francas, guaridas fiscales o países con muy bajos impuestos y controles. De esta forma reducen las ganancias declaradas y pagan una ínfima parte de los impuestos que correspondería aportar. Mientras tanto, la empresa asociada revende la exportación al comprador final ahora sí al precio real de mercado. ¿Qué sucedió en ese pasaje fraudulento de manos? Los impuestos evadidos que se restaron al Estado engrosaron las ganancias del grupo dueño de la exportadora local y de la asociada intermediaria.

Existen otros mecanismos de apropiación, como la estructura impositiva regresiva que beneficia a los que más tienen a expensa de sectores medios y populares, y la asignación del gasto público con subsidios e infraestructuras a favor de los dominadores.

¿Por qué volvemos a describir esta perversa dinámica? Para resignificarla en términos de soberanía decisional. La soberanía decisional no se agota en declarar propósitos o perspectivas, comienza a ese nivel pero se materializa con medidas concretas tomadas por gobiernos que verdaderamente representen los intereses y necesidades populares. ¿Con qué sustento? El de fuertes coaliciones políticas surgidas de una movilización social esclarecida, organizada e inmune a los divisionismos inducidos por opresores.

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