Finanzas perdidas: La lucha contra las jurisdicciones con secreto fiscal

Se estima que los países en desarrollo pierden en los paraísos fiscales casi el triple de lo que reciben en concepto de ayuda de los países desarrollados. ¿Cómo se pudo llegar a estos efectos devastadores? Con la ayuda de “jurisdicciones con secreto fiscal”, tanto las personas físicas como las empresas pueden trasladar su capital y ganancias a lugares a los que las autoridades fiscales de sus países no pueden acceder. Las jurisdicciones con secreto fiscal se utilizan no sólo para evadir impuestos, sino también para ocultar activos peligrosos, o incluso ilegales, de los balances de bancos u otras compañías. Esto pone de relieve el hecho de que la lucha contra las jurisdicciones con secreto fiscal es necesaria no sólo para la recuperación de las finanzas públicas sino también para lograr la estabilidad financiera global. ¿Qué se debe hacer para impedir el uso de jurisdicciones con secreto fiscal?Finanzas perdidas: La lucha contra las jurisdicciones con secreto fiscal [[Post en [www.triplecrisis.com->www.triplecrisis.com ] ]]

Se estima que existen depósitos libres de impuestos por un total de entre US$ 7,4 billones (según el 2010 Global Wealth Report, publicación del Boston Consulting Group) y US$ 11,5 billones, según Tax Justice Network (TJN), en instituciones offshore. Por definición, resulta imposible determinar la cifra exacta, pero estas estimaciones resultan sumamente esclarecedoras. Si tomamos como base las cifras de TJN, se evaden ilegalmente unos US$ 250 mil millones en impuestos al año. De haberse recaudado entre 2000 y 2015, esos fondos habrían bastado para financiar el logro de casi la totalidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La evasión impositiva impacta de un modo aún más directo en los países en desarrollo, porque a ellos les corresponde la mayoría de los impuestos no pagados. James Henry, ex economista en jefe de McKinsey & Co, calcula que unos US$ 6,2 billones del total de los fondos depositados offshore representan la riqueza de los países en desarrollo. Estima que la no tributación de esta riqueza priva a los países en desarrollo de entre US$ 64 mil millones a US$ 124 mil millones de recaudación impositiva.

Las estimaciones antes mencionadas se basan en el patrimonio offshore de personas físicas. Si se incluye el dinero que las empresas privadas trasladan offshore, esa cifra superaría fácilmente los US$103.000 millones que los países en desarrollo reciben en concepto de ayuda extranjera.

La fuga de capitales también es un problema creciente: se transfieren otros US$200 mil millones a US$300 millones al exterior cada año. El Secretario General de la OCDE, Angel Gurría incluso afirma: «Se estima que los países en desarrollo pierden en los paraísos fiscales casi el triple de lo que reciben en concepto de ayuda de los países desarrollados.” Y el 2010 African Economic Outlook señala que “los países africanos y sus socios se enfrentan al desafío de detener el círculo vicioso de dependencia de la ayuda, que hace que los gobiernos deban rendir cuenta a los donantes y no a sus ciudadanos. En lugar de ello, deben iniciar un círculo virtuoso de modo que la ayuda se vuelva innecesaria apoyando la movilización de sus propios recursos.”

¿Cómo se pudo llegar a estos efectos devastadores? En 2009, TJN publicó un Financial Secrecy Index, un ranking de las 60 principales jurisdicciones que resguardan el secreto fiscal (“secrecy jurisdictions”). El índice identifica las jurisdicciones que garantizan con mayor recelo el secreto en actividades financieras internacionales y que más activamente se rehúsan a cooperar con otras jurisdicciones. Con la ayuda de estas jurisdicciones, tanto las personas físicas como las empresas pueden trasladar su capital y ganancias a lugares a los que las autoridades fiscales de sus países no pueden acceder. Resulta curioso observar que algunos de los principales puestos de este ranking están relacionados directamente con poderosos países desarrollados, como es el caso de Delaware (que ocupa el primer puesto) o la ciudad de Londres (que ocupa el quinto puesto). Esto revela que el problema de los paraísos fiscales va más allá del hecho de que existan pequeños países que se niegan a brindar colaboración en la esfera internacional. Las jurisdicciones promocionadas por los Estados Unidos o el Reino Unido se encuentran entre las que más resguardan el secreto fiscal. Por lo tanto, cuando estos países propugnan el cierre de los paraísos fiscales, como lo hicieron en la cumbre del G-20 de Londres en 2009, no resultan demasiado creíbles. La declaración final de los líderes del G-20 afirma que “la era del secreto bancario llegó a su fin”. Pero, hasta ahora, poco se ha hecho para que acabe esta era.

Las jurisdicciones con secreto fiscal se utilizan no sólo para evadir impuestos sino también para ocultar activos peligrosos, o incluso ilegales, de los balances de bancos u otras compañías. Esto pone de relieve el hecho de que la lucha contra las jurisdicciones con secreto fiscal es necesaria no sólo para la recuperación de las finanzas públicas sino también para lograr la estabilidad financiera global. Desde ya, esta lucha se debe llevar a cabo conjuntamente con otros esfuerzos tendientes a estabilizar el sistema, pero esta es una lección fundamental que nos deja la crisis financiera. Por ejemplo, el Deutsche Bank tiene unas 500 subsidiarias en jurisdicciones con secreto fiscal. Sólo en Mauricio, una pequeña isla con un sistema bancario muy poco transparente, el banco tiene 180 empleados. Incluso el banco alemán Commerzbank, que cuenta con apoyo financiero del gobierno, tiene 76 subsidiarias en paraísos fiscales. Es dable suponer que estas subsidiarias se usan principalmente para evadir impuestos, pero durante la crisis financiera también observamos la tercerización de activos y pasivos peligrosos a subsidiarias que no podían ser supervisadas por los entes regulatorios alemanes.

¿Qué se debe hacer para impedir el uso de jurisdicciones con secreto fiscal? Como es cada vez más común en muchas áreas normativas, la mejor solución sería una de carácter global. Las jurisdicciones con sistemas no transparentes presentan un problema de coordinación, ya que cada una de ellas ofrece un incentivo para mantener la ventaja competitiva que brinda la no transparencia. Pero si se cerraran todos los paraísos fiscales, se beneficiarían todos.

Sin embargo, en realidad no hay perspectivas de ninguna solución global. Pero necesitamos tener instituciones que brinden conocimientos, capacidades de coordinación y la posibilidad de identificar y denunciar a quienes recurren a estas prácticas evasoras. Entre otros, la OCDE ha tenido una activa participación en esta materia en los últimos años. No obstante, este criterio es muy laxo. En primer lugar, la norma de la OCDE recomienda el denominado «intercambio de información cuando se la solicite”. Las jurisdicciones que son partes de un tratado que incluye esta disposición deben suministrar información a las autoridades impositivas de otro miembro del tratado sólo cuando el pedido se fundamente en una sospecha específica. Sin embargo, esto es prácticamente imposible porque casi toda la información está oculta: esta es la definición de una jurisdicción con secreto fiscal. Segundo, si un país suscribió doce tratados de esa naturaleza, queda excluido de la «lista gris» de paraísos fiscales de la OCDE. Pero, ¿qué ocurre con las relaciones entre este país y los otros 180 países del mundo? La pregunta es especialmente pertinente si el país suscribió tratados con otros doce paraísos fiscales. Este escenario no es irreal.

Para encarar el problema de las jurisdicciones con secreto fiscal se debería, en primer lugar, exigir el intercambio automático de información tributaria entre los países que figuran en la “lista blanca” de la OCDE. Este requisito ya se adoptó en la Unión Europea si bien algunas disposiciones deben mejorarse. Sólo cuando rija el intercambio automático de información será realmente difícil evadir impuestos y reglamentaciones.

Como segundo paso para asegurar la transparencia, las naciones desarrolladas deben exigir que sus empresas emitan informes financieros en cada país en el que operen. Hoy en día, las multinacionales presentan sus estados financieros de manera consolidada, lo que hace imposible determinar dónde y cómo operan. Los sistemas de información país por país, que podrían ser definidos por el Comité Internacional de Normas Contables (IASB, por su sigla en inglés), no impedirían el uso de las jurisdicciones con secreto fiscal per se, pero garantizarían una mayor transparencia, y así ejercerían presión sobre las empresas que recurren constantemente al uso de las jurisdicciones con secreto fiscal. A fines de 2010 la Unión Europea inició una primera consulta en esta materia.

Como tercer paso para asegurar la transparencia, los países pueden actuar unilateralmente como lo demostró en efecto Francia. El gobierno francés creó su propia «lista negra”, que se rige por criterios mucho más rigurosos que los de la OCDE. Se aplica un impuesto casi prohibitivo a cada operación que se realice con alguna de las jurisdicciones que figuran en esta lista. Entre otras medidas, también se ha fortalecido la potestad de las autoridades fiscales. Por desgracia, Alemania eligió otra vía: en lugar de exigir una mayor transparencia, el ministro de economía alemán Schäuble ha acordado abiertamente firmar un tratado bilateral con Suiza que permite que los evasores de impuestos conserven el anonimato y abonen una alícuota fija en concepto de retención.

Este es solo un ejemplo que demuestra que los avances en este campo han sido lentos y desparejos, y que se da prioridad a las metas fiscales por sobre un abordaje coordinado para reducir el secreto. Uno de los máximos desafíos políticos para el año 2011 será cambiar estas prioridades y demostrar que la transparencia en las jurisdicciones con secreto fiscal es la respuesta para las crisis de desarrollo y financiera.

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