Cada vez más, los países occidentales atacan los modelos económicos que se practican en Asia, alegando que las compañías pertenecientes al Estado o las firmas comerciales subvencionadas por el Estado poseen una injusta ventaja frente a las empresas extranjeras que compiten con ellas. Se han publicado muchos artículos y libros acerca del contraste y la competencia entre el actual modelo occidental y los modelos económicos que se practican en Asia. Se afirma que los países occidentales siguen el modelo de libre mercado basado en la competencia entre empresas privadas con el gobierno tomando una postura de no intervención. Los países del Este de Asia son catalogados como practicantes del ‘capitalismo de Estado’ donde el gobierno juega un rol muy importante en ayudar al sector privado local y en el cual el Estado es, además, dueño total o parcial de varias empresas.
Los países occidentales están atacando cada vez más al modelo asiático alegando que las empresas estatales o las firmas comerciales respaldadas por el Estado poseen una injusta ventaja frente a las empresas extranjeras que compiten con ellas. En el Este de Asia, países con un rol sustancial del Estado incluyen a China, Malasia, Vietnam y Singapur. Por supuesto, en Japón y Corea sus empresas locales llegaron a convertirse en líderes mundiales con el apoyo sistemático de sus gobiernos. Para estos países, el llamado capitalismo de Estado (o en el caso de los países socialistas, socialismo orientado al mercado) ha funcionado bien a través del desarrollo industrial y del relativamente alto y sostenido crecimiento económico.
Algunos países occidentales han estado tratando de frenar o incluso eventualmente eliminar el modelo asiático de capitalismo de Estado o asistido por el Estado. Por supuesto que esto es en gran medida hipócrita dado que los sectores agrícolas americanos, europeos y japoneses están ampliamente subsidiados y protegidos; muchos de sus cultivos no podrían sobrevivir sin un apoyo masivo del Estado y de altos impuestos a la importación. Muchos de sus bancos y compañías industriales también son subsidiados de diversas maneras, incluyendo a través de los recientes rescates de varios miles de millones de dólares al comienzo de la reciente crisis financiera.
Esto no ha impedido a estos países atacar al modelo asiático. El último intento de frenar este modelo es a través de las negociaciones dentro del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (Trans-Pacific Partnership Agreement o TPPA), un tratado de comercio e inversión que incluye a Estados Unidos, Canadá, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda.
El TPPA contiene una sección importante sobre las empresas públicas apoyada por EE.UU. y Australia. Los borradores del TPPA son confidenciales, por lo que el texto de la sección sobre empresas públicas aún se desconoce. Sin embargo, se puede anticipar que la sección contiene regulaciones para frenar y moldear el comportamiento de tres clases de empresas públicas.
Los recientemente concluidos Tratados bilaterales de Libre Comercio (TLC) de Estados Unidos contienen un capítulo sobre competencia que lidia con dos tipos de empresas públicas. Por ejemplo, el TLC entre Perú y Estados Unidos contiene regulaciones sobre ciertos monopolios y empresas del Estado, y es probable que los EE.UU. propongan algo similar en el TPPA.
El TLC dice que los monopolios del gobierno deberán actuar solo en concordancia con las consideraciones comerciales, inclusive respecto a precio, calidad, disponibilidad, transporte, al comprar o vender el bien o servicio del monopolio. Deberán otorgar un tratamiento no discriminatorio a las inversiones, bienes y servicios de los demás miembros del TPPA. Y no deberán utilizar su posición monopólica para embarcarse en prácticas anticompetitivas con sus casas matrices, subsidiarias u otras empresas de propiedad pública que perjudiquen las inversiones de otros países. Las empresas del Estado deberán asimismo conceder un tratamiento no discriminatorio en la venta de bienes o servicios a inversiones de otros países.
Más importante, EE.UU. y Australia están proponiendo un tercer tipo de empresa pública que sería sometida a ciertas disciplinas. Según informes de prensa, Australia ha introducido el principio de ¨neutralidad competitiva¨ para disciplinar a las empresas públicas. Cómo será aplicado este principio puede ser anticipado a partir de los lineamientos de neutralidad competitiva del gobierno australiano basados en la noción de ¨negocio de propiedad gubernamental¨. La empresa de propiedad estatal que compite con compañías privadas puede obtener ventajas que impidan al sector privado competir en iguales términos.
Según los lineamientos australianos, estas ventajas incluyen eximir a la empresa pública del pago de impuestos, financiamiento de deuda más barato (debido a la clasificación de bajo riesgo o garantías del gobierno); ausencia de necesidad de obtener una tasa de retorno comercial; y eximirlas de restricciones o costos regulatorios. Para compensar estas ventajas señalan que los negocios gubernamentales debieran pagar la totalidad de los impuestos; reembolsar al gobierno central la diferencia entre los costos de sus préstamos y los préstamos del sector privado; pagar el equivalente de derechos por licencias al gobierno central; y asegurar que obtengan una tasa de retorno comercial.
De ahí que sea probable que el borrador del TPPA contenga regulaciones similares a lo expuesto anteriormente en cuanto a la tercera categoría de empresas públicas, entidades gubernamentales de negocios involucradas en actividades comerciales que compiten con el sector privado. Las regulaciones propuestas apuntarían a que las ¨ventajas¨ que gozan los negocios vinculados al gobierno sean anuladas.
Las implicancias para Malasia, Vietnam y Singapur serían graves dado que sus economías nacionales se caracterizan por un rol importante de las empresas públicas o de las compañías vinculadas al gobierno. Los países tendrían que apartarse de su exitoso modelo de desarrollo y estructura económica.
Además, las empresas públicas cumplen muchas funciones incluyendo proveer servicios sociales a la población con especial consideración para los grupos pobres o vulnerables. Esto frecuentemente significa que las empresas públicas no puedan sólo operar en términos comerciales y que varias de ellas dependan de subsidios y asistencia del gobierno; también existen subvenciones cruzadas en las que el aspecto rentable de una empresa pública puede financiar actividades no rentables aunque socialmente importantes. De este modo existe el riesgo que la sección del TPPA sobre empresas públicas prevenga u obstaculice las funciones socialmente útiles de ese tipo de empresas.
Quienes proponen adoptar una sección de empresas públicas argumentan que las compañías extranjeras no pueden competir de manera justa con ellas; quieren que el TPPA elimine o reduzca las ¨ventajas¨ de las empresas públicas. Pero eso podría amenazar la supervivencia del sistema que ha ayudado a impulsar el modelo del Este asiático, una mezcla creativa y dinámicamente cambiante de Estado y mercado.
Las negociaciones sobre el TPPA aún continúan y un texto en la sección de las empresas públicas todavía no es definitivo, así que hay margen para que las diferentes perspectivas se expresen. Hay mucho en juego y es importante que más información sobre las negociaciones, incluyendo lo referente a las empresas públicas, se haga disponible.
Este artículo fue inicialmente publicado en [ThirdWorld Network->http://twnside.org.sg/] y en [Triple Crisis->http://triplecrisis.com/]
Opinion Sur



