Desarrollo sin concentración económica

La concentración económica no es un producto natural inevitable sino el resultado de una cierta forma de funcionar de nuestras sociedades y puede ser transformada. Esto exige actuar en varios frentes y niveles.En otros textos hemos analizado el acelerado proceso de concentración de la riqueza y de las decisiones que predomina en el mundo explicitando sus múltiples dimensiones, los factores que lo sustentan, los tremendos efectos que genera, entre otros, destrucción ambiental, ninguneo de las mayorías, extendida pobreza, gravosa desigualdad, violencia social, consumismo conspicuo, manipulación de la democracia, alienación existencial, inestabilidad sistémica. [[Artículo [Arde el mundo->https://opinionsur.org.ar/wp/arde-el-mundo-2/ ; libros de la Colección Opinión Sur [Crisis global: ajuste o transformación->https://opinionsur.org.ar/wp/ajuste-o-transformacion/, [Los hilos del desorden: primeras trayectorias geopolíticas del Siglo XXI->https://opinionsur.org.ar/wp/los-hilos-del-desorden-primeras-trayectorias-geopoli%C2%ADticas-del-siglo-xxi/ y [Ajustar el rumbo: salir de la crisis hacia un desarrollo sustentable->https://opinionsur.org.ar/wp/ajustar-el-rumbo-salir-de-la-crisis-hacia-un-desarrollo-sustentable-2/

La concentración económica no es un producto natural inevitable sino el resultado de una cierta forma de funcionar de nuestras sociedades. Vale decir, es una dinámica que algunos sectores logran imponer al resto en función de su poder económico que, a su vez, se proyecta sobre otras áreas que le sirven de apoyo como la mediática, la judicial, la militar, la cultural, los valores que se nos transmite mezclando prescripciones éticas e intereses. En conjunto, ese accionar conforma trampas democráticas [[Artículo [Las trampas democráticas: resolverlas profundizando la democracia->https://opinionsur.org.ar/wp/las-trampas-democraticas-resolverlas-profundizando-la-democracia/ que es necesario superar ya que desvían energías de la acción transformadora hacia el mantenimiento del status quo.

Esta forma de funcionar que prevalece en muchos de nuestros países puede y necesita ser transformada. Avanzar hacia un desarrollo sin concentración económica exige actuar en varios frentes y niveles.

La acción política y las políticas públicas

Por un lado, es crítico actuar en el frente político porque la capacidad de transformar la forma de funcionar mucho depende de las decisiones de política económica que se adopten, de cómo las fuerzas políticas y los movimientos sociales operan para incidir o gestionar el aparato del Estado y los múltiples instrumentos de que dispone: entre otros, la orientación del gasto público para proveer a diferentes grupos sociales, a unos más y a otros menos, de servicios sociales (educación, salud, seguridad social, saneamiento ambiental, vivienda), de seguridad, de justicia así como infraestructura socio-productiva (energía, ciencia y tecnología, comunicaciones, transporte, riego); el sistema tributario que puede ser más o menos progresivo o regresivo; la política monetaria que incluye preservar la estabilidad monetaria, el tipo de cambio, la orientación del crédito y la regulación mejor o peor del sistema financiero; las políticas de comercio exterior e interior; la promoción de inversiones.

El foco de la acción de este vasto conjunto de políticas debiera ponerse en transformar la forma como se genera, redistribuye y extrae valor que es en definitiva el meollo de la dinámica concentradora [[Un análisis más detallado en Diferenciar generación, redistribución y extracción de valor]] . Se trata de impedir que la concentración se reproduzca para lo que será necesario desmontar los mecanismos prevalecientes de extracción de valor, movilizar a pleno la capacidad productiva de todos los estamentos poblacionales de modo que quienes estén dispuestos a generar valor puedan hacerlo en apropiadas condiciones y, al mismo tiempo, aplicar mecanismos de redistribución de ingresos en función de las necesidades sociales y las prioridades económicas.

Existen varias formas de extracción de valor, entre otras las siguientes:

(i) La descontrolada especulación que practican entidades financieras y fondos de cobertura (hedge funds) la cual se sostiene manipulando a los reguladores y condicionando en su provecho las políticas públicas, además de practicar un manejo irresponsable del riesgo y de la información privilegiada.

(ii) Las condiciones expoliadoras que corporaciones trasnacionales imponen a naciones débiles y/o gobiernos corruptos sobre la explotación de recursos naturales (minería, bosques, pesca, acuíferos).

(iii) Extracción de valor imponiendo precios abusivos por posición dominante en mercados imperfectos (monopolios, oligopolios).

(iv) Extracción de valor evadiendo el pago de impuestos que alimenta la fuga de capitales y restringe la capacidad del Estado de proveer infraestructura social y productiva [[Ver artículos sobre [guaridas fiscales->https://opinionsur.org.ar/wp/parai%C2%ADsos-fiscales-delitos-y-sus-vi%C2%ADctimas/ (mal llamados paraísos fiscales) publicados en números anteriores de Opinión Sur]] .

(v) Extracción de valor a través del tráfico de drogas, armas y personas.

(vi) Extracción de valor que realizan especuladores locales a través de apropiarse de activos en situación de stress o por medios ilegales.

(vii) Extracción de valor capitalizando en provecho propio los beneficios de una inversión pública sin pagar contribución de mejoras.

(viii) Extracción de valor aprovechando favoritismo regulatorio discriminatorio.

Cada forma de extraer valor presenta características singulares según sea la realidad institucional, económica y política en la que se realiza. De ahí que las acciones para eliminar los diferentes mecanismos de extracción de valor tendrán que considerar como opera cada uno específicamente de modo de desmontar los factores que lo sustentan. En un próximo artículo se analizarán posibles cursos de acción.

La acción sobre los valores, la cultura y las ideologías

Transformar la forma de funcionar de un país es un hecho esencialmente político donde el accionar del gobierno nacional y complementariamente de los gobiernos provinciales y municipales constituye un factor determinante. Sin embargo, no existe Estado capaz de transformar el funcionamiento socioeconómico sin involucrar y movilizar a quienes conforman el colectivo social. Si bien las políticas públicas crean condiciones y señalan un rumbo, la marcha se torna insostenible si no son aceptadas por las grandes mayorías. De ahí la importancia de trabajar a nivel de la consciencia individual, de la voluntad y determinación de cada quien para incluirse en un sostenido esfuerzo transformador que comprende y contribuye a materializar.

Este proceso de comprender lo que sucede, no sólo lo aparencial sino toda la trama de intereses que no son transparentados, exige desenmascarar las intenciones de quienes tienen la capacidad de formar opinión pública a contrapelo de nuestros reales intereses.
Como el comprender viene teñido por los valores que practicamos y las ideologías que adoptamos, se impone revisar los valores que guían nuestra conducta distinguiendo lo que son orientaciones éticas (que pueden ser confirmadas o ajustadas) de los intereses que sustentan privilegios y nos llegan encriptados en algunos de esos valores.

Así por ejemplo, hay valores como la codicia y el egoísmo que si no se combaten con la mayor firmeza terminan orientando la conducta de muchos actores con graves efectos sociales, del mismo modo que si primase la indiferencia con los demás y sólo interesase el interés individual. La pasiva aceptación de privilegios mal habidos, desvalorizar el bien común, la justicia y la equidad, conforman ideologías que sirven de sustento a la concentración económica.

La acción de apoyo directo a la base de la estructura social

En la actualidad, sólo un segmento minoritario de la población dispone de los medios apropiados para generar valor (conocimientos, gestión, tecnología, recursos financieros, contactos, acceso a quienes demandan); el resto queda subutilizado o no participa del proceso productivo. Esta situación no hace sino reproducir ampliadamente el proceso de concentración ya que quienes hoy más acumulan poseen los mejores medios y obtienen con ellos mayores resultados. La contra cara resultante es la enorme desigualdad social que se presenta en casi todos los países y afecta a la mayor parte de la población y cuya expresión más aguda es la pobreza y la indigencia.

Esta situación puede ser transformada con un accionar coordinado del sector público, el sector privado y la sociedad civil orientado a democratizar el acceso a los medios y a una apropiada gestión que posibiliten generar valor. El desafío pasa por asignar medios y redistribuir ingresos con énfasis en crear o fortalecer capacidad de generar valor en los sectores medios y bajos; no sólo redistribuir para sostener pobres niveles de subsistencia que no representan una solución sustentable.

Es inadmisible el lucro de unos pocos a expensas de los demás utilizando prerrogativas, influencias, evasión de impuestos, fijación unilateral de precios y condiciones de venta, destrucción deliberada de la competencia, corrupción de políticos y reguladores. Al mismo tiempo, es necesario considerar que la competencia global exige la presencia de actores de envergadura con la capacidad de gestión y financiera para acceder a los umbrales de mercados donde anidan buenas oportunidades comerciales. En la realidad contemporánea son sistemas económicos y no empresas individuales quienes compiten y para hacerlo con efectividad todos los actores intervinientes, no sólo quienes lideran cadenas de valor, deben participar con equidad de los resultados del esfuerzo colectivo: esto incluye a pequeños y medianos proveedores, distribuidores, el sector público que provee infraestructura social y productiva, el sistema educativo, la comunidad científica y tecnológica, los gobiernos locales, entre muchos otros.

Para lograrlo se requieren mecanismos redistributivos y precios justos y compensatorios en toda la cadena de valor, lo cual no es sencillo de asegurar dada la enorme diferencia de envergadura, y por tanto de capacidad de negociación, entre las empresas que lideran y el resto. Una visión de corto plazo lleva a intentar maximizar beneficios inmediatos sin considerar debidamente que la sustentabilidad de una cadena de valor se asienta en la fortaleza y mejoramiento de cada uno de sus miembros. Hay un enorme espacio de trabajo para cambiar esa perspectiva, sea en base a una acción esclarecida de quienes lideran esas tramas productivas, sea con la firme intervención reguladora y promocional del sector público.

En ese contexto los desafíos de escala que acorralan a la pequeña producción deben ser encarados apropiadamente. Un aspecto por demás promisorio es utilizar la ingeniería organizativa disponible para integrar en organizaciones económicas de tamaño medio a pequeños productores hoy dispersos, como son los sistemas de franquicias, consorcios de exportación, comercializadoras populares, cooperativas de segundo y tercer grado y las agroindustrias locomotoras. Para materializar este tipo de iniciativas pueden actuar en conjunto el sector público (nacional, provincial o local) y sectores empresariales con el acompañamiento de organizaciones de desarrollo y de la comunidad científica y tecnológica. Un vehículo efectivo para instrumentar este crítico aspecto del desarrollo inclusivo son las desarrolladoras de emprendimientos inclusivos que Opinión Sur viene promoviendo.

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