Opinion Sur
Las opacas negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) en relación a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP en inglés) han levantado las alarmas. Aunque el proyecto de acuerdo también trata sobre el desmantelamiento de algunos aranceles, su contenido preferente reza al fondo sobre intangibles de gran importancia: la seguridad alimentaria; la desregulación de la competencia; la soberanía popular, legislativa y de los sistemas nacionales de justicia frente a tribunales internacionales de arbitraje; los derechos de los internautas; o los derechos nacionales para velar por el interés general mediante políticas públicas.
La naturaleza del acuerdo -una entente desreguladora facilitada por las instituciones públicas negociadoras en beneficio de multinacionales de uno y otro lado del Atlántico de modo que extiendan sus dominios más allá de sus mercados tradicionales (Taibo 2016)- augura beneficios para pocos y perjuicios para las inmensas mayorías. “Desigualdad disfrazada de libre comercio”, nos dice Ekaitz Cancela (2015).
Aunque la posición negociadora de la UE parece ser más consistente que la de los países del Pacífico que suscribieron con EEUU el 4-2-2016 el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP en inglés), éste marca un precedente y un camino de pretensiones notoriamente favorables a los intereses de las multinacionales de EEUU.
El borrador filtrado por Greenpeace nos aclara las materias en discusión: Comercio de mercancías; Aranceles y acceso al mercado; Contratación pública; Comercio de servicios e inversión; Normas de origen; Coherencia reglamentaria; Obstáculos técnicos al comercio; Cuestiones sanitarias y fitosanitarias; Sectores (productos farmacéuticos, cosméticos, textiles, automoción, dispositivos médicos, tecnologías de la información y la comunicación, Ingeniería, productos químicos, pesticidas). Y por último sobre normas: Desarrollo sostenible; Comercio de energía y materias primas; Pequeñas y medianas empresas; Aduanas y facilitación del comercio; Derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas; Competencia; Protección de la inversión; Solución de diferencias entre Estados (TTIP Leaks, 2016).
El desarrollo de las negociaciones en cada uno de estos campos es muy desigual y, en este momento, la opinión pública europea -que mayoritariamente ve con extrema prevención los contenidos que han aflorado tras la filtración de Greenpeace de Holanda- no favorece su expansión temática.
Los temas culturales, por el momento, no se abordan sino colateralmente. Señala la compatibilidad de normas de propiedad intelectual a uno y otro lado del Atlántico pero a desarrollar; por el momento apuesta por una interpretación restrictiva de la circulación de contenidos digitales que podrían extenderse a futuro a los servicios audiovisuales, musicales y editoriales on line; y, eso sí, contiene detalladas regulaciones de comercio electrónico y de telecomunicaciones y que afectan a los derechos de acceso de los internautas y a la protección de datos, en general, favoreciendo a los monopolios en la red en la que hay hegemonía norteamericana (y sin más impedimento que unas obligaciones de acceso del “proveedor principal” preponderante para no impedir la competencia).
El impacto de esas tres cuestiones en la cultura y comunicaciones no es poca cosa. Y. además, salvo reacción ciudadana, nada impide que en el futuro se incluya directamente la temática cultural revisando cuestiones que son doctrina en Europa como la “excepción cultural”, la legitimidad de las políticas públicas culturales y comunicativas nacionales y los servicios públicos culturales y de RTV.
