¿Promover «la» inversión o priorizar aquella que sustente un desarrollo inclusivo?

La promoción de inversiones es un campo abierto a muy diversos enfoques y propósitos. Como en casi todas las demás áreas de política económica, algunos intereses procuran hacer creer que existe un solo propósito para promover “la” inversión (como si no hubiera diferencias entre muy distintos propósitos) y una sola forma de hacerlo, básicamente generando condiciones de apropiada rentabilidad y minimizando regulaciones para “liberar” las fuerzas inversoras. Esto no es cierto; y no lo es en los dos niveles planteados: el de los propósitos y el de las formas de intervención. Mucho se habla acerca de promover “la” inversión, como si fuese una unívoca y homogénea variable del desarrollo nacional. Ocurre sin embargo que, al igual que con otras categorías económicas, al interior de la proposición “la inversión” se están ocultando cuestiones de enorme importancia estratégica.

Comencemos por explicitar que no existe un único tipo de desarrollo nacional, por más que algunos quieran convencernos de lo contrario. Hay una visión hegemónica del desarrollo que se presenta en diversas sociedades contemporáneas defendida por los que lucran con el actual estado de cosas, aquellos que detentan privilegios en relación a, y muchas veces a expensas de, los demás actores sociales. Aunque silenciadas, visiones alternativas plantean que existen otras más sustentables opciones de desarrollo nacional.

Para diferenciar entre distintos tipos de desarrollo, una importante divisoria de aguas es si el desarrollo será concentrador de la riqueza y de los ingresos favoreciendo a ciertas minorías o si, en cambio, será un desarrollo que favorezca al conjunto de la población. De aquí deriva un crucial criterio que es explicitar “desarrollo de quién”.

Casi todas las demás variables, incluyendo la inversión, tomarán mayor o menor relevancia en torno a ese propósito fundacional y estructurante del desarrollo nacional. Un desarrollo de tipo concentrador promoverá inversiones que lo reproducen mientras que un desarrollo inclusivo buscará promover inversiones que ayuden a transformar las dinámicas concentradoras que llevan a la enorme desigualdad de ingresos, condiciones de producción y niveles de vida.

El propósito de la inversión

En materia de inversión (al igual que en otros aspectos de la actividad económica) coexiste el propósito que anima a los inversores y el que persigue la sociedad en su conjunto. El propósito que anima a las personas y a las corporaciones a invertir es legítimo y debe ser alentado en la medida que se subordine –y por tanto no contradiga- el interés y el bienestar general. Los inversores tienen el derecho de obtener una apropiada rentabilidad siempre que sus esfuerzos y creatividad se orienten a producir bienes o servicios que hagan al bienestar general y a la sustentabilidad del desarrollo; más aun si aspirasen a recibir el apoyo financiero y regulatorio de la sociedad en la que operan. Queda así delimitado el tipo de inversión a promover con políticas públicas y las que no se promoverán: lo que degrada el medio ambiente, lo que extrae valor sin generarlo, delitos como la producción de drogas ilícitas, armas, tráfico de personas, contrabando, evasión tributaria, fuga de capitales hacia guaridas fiscales, entre otras.

Los propósitos que animan a una sociedad a asignar recursos para promover inversión pueden ser distintos según el país y el particular momento histórico que se atraviesa. En los países del Hemisferio Sur también existen diversidad de situaciones pero en todos ellos se hace presente la necesidad de promover inversiones que generen desarrollo sustentable con inclusión social: que las inversiones a promover aporten al crecimiento del país y, al mismo tiempo, favorezcan inclusión social abatiendo las enormes desigualdades socioeconómicas predominantes.

Medidas para promover inversiones

El campo de la inversión productiva es amplio y diverso y es bueno que así sea. Hay infinidad de oportunidades en un país para que todo aquel con inclinación emprendedora pueda, con el apropiado apoyo y respaldo, concebir formas de desplegar su iniciativa. En ese sentido puede hablarse de políticas de promoción de amplio espectro para alentar toda legítima inversión sin renunciar por ello a establecer prioridades y trayectorias estratégicas de alcance nacional.

La promoción de inversiones puede incluir medidas en áreas tan diversas como regulaciones que ordenan el funcionamiento productivo, ayudar a ensanchar y fortalecer la base del aparato productivo, asignación de recursos en condiciones favorables, utilización de la política fiscal, formación laboral, manejo de expectativas, administración de precios relativos, robustecer el mercado interno, apertura de oportunidades económicas derivadas de la innovación científica y tecnológica, del desarrollo de cadenas productivas, de la realización de obras públicas, del establecimiento de acuerdos comerciales y apertura de nuevos mercados, entre otras. Es una batería amplia de medidas que si están coordinadas tiene una efectividad que ninguna medida aisladamente puede llegar a asegurar.

El conjunto de medidas de promoción se estructura y debiera tomar su forma específica en función de (sin contradecir) los propósitos centrales que animan a la sociedad. Toca al poder político definir el tipo y contenidos de la promoción a aplicar considerando criterios de viabilidad económica, social y política. En cada caso habrá que analizar e incidir sobre (i) la rentabilidad relativa de cada tipo de inversión (en qué se invierte); (ii) cómo se financia la inversión; (iii) quiénes invierten (ensanchar hacia la economía popular la capacidad de inversión); (iv) cuánto y dónde se invierte; (v) cómo se distribuyen y aplican los resultados derivados de la inversión.

Por de pronto, si la rentabilidad de la inversión financiera superase grandemente la rentabilidad de las inversiones en la economía real, se hará muy cuesta arriba, sino imposible, financiar la actividad productiva. Es que la acción de extraer el valor que otros generan (vía especulación financiera pero también por prevalencia oligopólica) quita sustento y resta posibilidad de operar a quienes se dedican a producir bienes y servicios orientados a satisfacer necesidades de la población y mejorar su nivel de vida. Se instala una perversa dinámica de acumulación y un desarrollo angosto y excluyente ya que más y más los ahorros disponibles tienden a volcarse a la actividad financiera y a corporaciones oligopólicas que aseguran mayores retornos de corto plazo, mientras que la base amplia de la economía real no crece o crece lentamente afectando empleos y los ingresos populares que son la columna vertebral del mercado interno.

Vale insistir que no es suficiente adoptar medidas aisladas de promoción de inversiones sino que es fundamental cubrir el mayor campo posible de aspectos que inciden sobre la sustentabilidad macroeconómica, mesoeconómica y microeconómica del proceso de inversión. Entre las áreas de intervención destacamos dos de la mayor importancia: el establecimiento o consolidación de instituciones públicas dedicadas a financiar inversión y la regulación de entidades financieras privadas que canalizan o podrían canalizar recursos de inversión.

Conformar instituciones públicas financiadoras de inversión

Se trata de establecer o consolidar instituciones públicas que financien aquellas inversiones identificadas como estratégicas para lograr un desarrollo sustentable e inclusivo. Los recursos que esas instituciones puedan canalizar para financiar las inversiones priorizadas resultan determinantes para materializar el tipo específico de desarrollo nacional que se persigue, tanto por la inversión directa que financian como también por los efectos multiplicadores que generan las cadenas de inversiones complementarias que siguen a las principales. Es el caso de los bancos públicos de desarrollo, como el gigantesco Banco Nacional de Desarrollo Social del Brasil, pero también de sistemas públicos de jubilaciones y pensiones que representan una muy importante fuente de recursos en los mercados de capital.

Si el financiamiento de la inversión se canalizase mayormente hacia quienes ya son principales inversores, se estaría reforzando la forma presente de funcionamiento, manteniendo privilegios y el propio proceso de concentración económica. Esto es lo que generalmente sucede porque la tendencia “natural” de las instituciones privadas que financian inversiones (cuando existen, ya que en economías emergentes escasean) es atender requerimientos de actores económicos tradicionales con los que comparten intereses y a quienes conocen económica y socialmente.

De ahí que resulte crítico orientar buena parte del financiamiento público de la inversión hacia un mayor número de actores económicos, particularmente emprendimientos de porte medio y, dentro de ellos, aquellos que denominamos emprendimientos inclusivos. En estos casos será necesario acompañar el financiamiento con la acción innovadora de entidades capaces de asistir en su estructuración y desarrollo [[Ver una caracterización de estos esfuerzos en [Desarrolladoras de emprendimientos inclusivos->http://opinionsur.org.ar/wp/desarrolladoras-de-emprendimientos-inclusivos/?var_recherche=Ver%20una%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20estos%20esfuerzos%20en%20Desarrolladoras%20de%20emprendimientos%20inclusivos.

Se supone que instituciones públicas de financiamiento de la inversión actuarán acordes con los propósitos estructurantes de un vigoroso desarrollo inclusivo pero esto no siempre es así. Dependerá de quiénes controlan el Estado y la política económica nacional. Cuando el control del Estado quedó en manos de minorías privilegiadas, tanto ahora vinculadas con el capital financiero como en el pasado con otros poderosos intereses económicos, las instituciones públicas dedicadas a financiar la inversión terminaron siendo funcionales a la concentración económica y dieron la espalda a la transformación y democratización de la estructura productiva nacional. Sólo en el contexto de grandes movimientos políticos transformadores estos instrumentos públicos pueden cumplir un muy diferente rol.

También vale reconocer y respetar que ciertas inversiones sólo pueden ser gestionadas por emprendimientos de envergadura ya que exigen una escala que sólo grandes actores pueden encarar. En estos casos, vale facilitar que fluya el financiamiento hacia esas inversiones pero estableciendo muy claros condicionamientos, incluyendo en qué y donde invertir y cómo se repartirán los resultados que se obtengan a lo largo de toda la cadena de valor que las grandes empresas lideran. Compartir con justicia el esfuerzo que realizan todos los miembros de una cadena de valor es algo que pocas veces se da espontáneamente ya que el poder de negociación de cada quien es muy desigual; sólo el Estado está en condiciones de incidir y dar paso a una más justa distribución de resultados. Se abre así un importante campo de intereses complementarios y condicionada colaboración entre un Estado que promueve una trayectoria de desarrollo inclusivo y necesita potenciar cadenas de valor que existen o puedan generarse en el país, con corporaciones que lideran o podrían liderar esas cadenas productivas y que requieren de recursos y facilidades para operar en una economía mundial crecientemente globalizada.

Regular con efectividad las entidades privadas que canalizan recursos de inversión

La inversión productiva se financia mayormente con el ahorro nacional y sólo en determinados sectores y circunstancias con ahorro externo. En gran medida estos dos tipos de recursos fluyen a través de canales y entidades financieras privadas que en las últimas décadas han logrado desprenderse de regulaciones que solían normar y controlar su accionar. El resultado de ese irresponsable proceso de desregulación financiera, con epicentro en países afluentes, ha sido uno de los principales factores que explican la prevalencia de inversiones que extraen valor en lugar de generarlo (principalmente especulación financiera). Esto dio paso a una enorme concentración de la riqueza, su contra cara la galopante desigualdad y una recurrente inestabilidad sistémica que culminó con la gran crisis global contemporánea. [[Una somera descripción de este proceso puede consultarse en el artículo [¿Arde el mundo?->http://opinionsur.org.ar/wp/arde-el-mundo-2/ ]]

Dada la magnitud de los recursos que se canalizan a través de las entidades privadas que financian inversiones queda claro que el financiamiento público es insuficiente para sustentar un desarrollo nacional inclusivo. De ahí que sea imprescindible disponer de regulaciones que posibiliten orientar la aplicación de recursos privados de forma consistente con el bienestar general y no para reproducir, como muchas veces sucede, el desaforado lucro de quienes capitalizan y administran esas entidades financieras.

Los actores más poderosos en los mercados internacionales son hoy los fondos de inversión que administran activos por 18 billones de euros, los fondos de pensiones (jubilaciones) que manejan cerca de 14 billones de euros, los fondos soberanos creados por países con superávit fiscal como Abu Dhabi, Noruega, Arabia Saudita, China, Kuwait, Singapur y Rusia, que administran 2,5 billones de euros. Luego vienen los influyentes hedge funds o fondos de alto riesgo que practican estrategias fuertemente especulativas: manejan activos por un billón y medio de euros pero utilizan apalancamiento de deuda y derivados que les permite multiplicar varias veces su impacto en los mercados.

Ya de por sí es sumamente grave que un puñado de administradores someta a sus criterios de inversión tal magnitud de recursos; lo es aun más, por la forma como se gestionan esos fondos que llevan a recurrentes episodios de inestabilidad sistémica. Es que cada administrador recibe un mandato de maximizar beneficios ponderados por los riesgos que asumen. Esto condiciona la asignación de sus cuantiosos recursos a una esperada rentabilidad sin contemplar y menos hacerse responsable del impacto que sus decisiones de inversión tiene sobre la economía nacional y global. Queda así el mundo a merced de gestores orientados por el afán de lograr resultados financieros pero sin obligación alguna de considerar las consecuencias de su accionar sobre el conjunto social ni el sistema que los privilegia. Son burocracias entrenadas y alentadas a especular; compensadas en función de logros financieros de corto plazo que ni miden ni consideran los efectos colaterales de sus decisiones.

El poderío del capital financiero es enorme y se expresa en casi todos los frentes del sistema económico internacional: inciden de forma determinante sobre los organismos multilaterales y regionales; sobre la política económica de países y regiones; sobre la dirigencia política; sobre los principales medios de comunicación y aun sobre los reguladores que supuestamente los controlan. Para operar utilizan según conveniencia legislaciones nacionales y extraterritoriales como son las guaridas fiscales y todo tipo de triangulaciones financieras. Sus intereses van más allá de lo legal y se proyectan sobre sistemas delictivos agravados facilitando la extracción de recursos que obtienen ilegalmente y su ulterior lavado [Ver artículo Nos han robado hasta la primavera->http://opinionsur.org.ar/wp/nos-han-robado-hasta-la-primavera/.

Frente a este poderío no es sencillo regular con efectividad a las entidades financieras que canalizan o podrían canalizar recursos de inversión. Las autoridades financieras de cada país, y en particular su Banco Central, son los llamados a establecer políticas financieras acordes con los propósitos de un desarrollo inclusivo y a ejercer en consecuencia el correspondiente control y supervisión de las entidades financieras. De ahí que no sorprenda que el capital financiero haya siempre procurado apropiarse de esas instituciones proclamando para ello como una verdad incuestionable la necesidad que sean “independientes”, por supuesto no de ellos sino del poder político de turno. El Banco Central se conformaba así como un crítico custodio de sus intereses y privilegios. Hoy, al menos en varios países de América Latina, esta posición comienza a cambiar. Las nuevas Cartas Orgánicas de los Bancos Centrales los hacen parte del esfuerzo nacional de desarrollo y, así integrados, además de su responsabilidad financiera y monetaria tienen también mucho que aportar a quienes conducen las políticas de promoción de inversiones.

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