Profundizar la inclusión social: formación de capital en sectores populares

Redistribuir ingresos que se producen de manera concentrada así como desconcentrar la generación de riqueza facilitando la formación de capital en sectores populares, constituyen dos estrategias complementarias para profundizar la inclusión social.Concentración económica y redistribución de ingresos

En un contexto de crecimiento concentrador, una opción para lograr inclusión social es redistribuir una parte de los ingresos que genera el sistema económico concentrado hacia los sectores populares; por ejemplo, adoptando un sistema tributario más progresivo y una mejor orientación social del gasto público. De este modo, el sistema económico sigue generando riqueza de manera concentrada mientras el Estado procura aplicar medidas compensatorias: capta ingresos a través de endeudamiento y de los tributos que impone y los asigna para financiar servicios e infraestructura productiva y social que mejoren el nivel de vida de los sectores populares. Mientras la economía funcione bien y quien gobierne tenga fuerza política para mantener esta transferencia de ingresos, las políticas redistributivas promoverán inclusión social.

Sin embargo, diversas circunstancias atentan contra el propósito de compensar y no transformar la concentración. Por de pronto, el poder económico logra evadir buena parte de sus obligaciones tributarias con lo que reduce significativamente el nivel de ingresos disponibles para redistribuir; además, ejerce gran influencia sobre la definición de las políticas fiscal (impone regresividad) y de gasto público (orienta asignaciones en función de sus intereses).

Por otra parte, el monto de captación de recursos que pesa sobre quienes no evaden tiene claros límites: la carga tributaria no debiera tornar inviable a la producción nacional, ni los niveles de endeudamiento sobrepasar la capacidad de pagar las deudas contraídas. Es que en un contexto altamente competitivo quien se retrasa en crecimiento e innovación arriesga ser desplazado por actores más dinámicos de otros países. Esto es, si la carga impositiva afectase la capacidad nacional de competir y no pudiese el Estado apuntalar la viabilidad de empresas y emprendedores a través de mejorar el entorno socioeconómico, entonces el modelo basado en generar concentradamente ingresos para luego redistribuir una parte de ellos se deterioraría (véase el caso europeo) y podría terminar colapsando.

En ese entorno, el capital financiero y las grandes corporaciones multinacionales logran extraer los mejores resultados ya que pueden escoger en qué países operar y disponen de un sinnúmero de mecanismos para minimizar el pago de impuestos, como subfacturar lo que producen a favor de filiales radicadas en guaridas fiscales [[En el día de cierre de este artículo la autoridad tributaria de Argentina suspendió a la subsidiaria local de una de las mayores comercializadoras internacionales de granos acusándola de evadir impuestos a través de “operaciones de triangulación nociva” por 1.200 millones de pesos (256 millones de dólares). Los granos se enviaban a China e India pero la filial local subfacturaba la mercadería a un trader uruguayo ubicado en Zona Franca que luego facturaba al cliente por el total real. El beneficio quedaba para la comercializadora en una jurisdicción donde no se paga impuesto a las ganancias consumando el delito de evasión fiscal que castiga en última instancia a la población argentina. ¡Cuántas otras operaciones delictivas similares habrán sido realizadas sin ser detectadas!]]. Logran sortear las regulaciones nacionales y compiten con ventajas al evadir buena parte del peso de la redistribución de ingresos.

De este modo, la lógica de un proceso que genera riqueza de forma concentrada y luego redistribuye un segmento de los ingresos así producidos, enfrenta severos condicionantes que pueden afectar la misma base de sustentación del proceso: esto es, la capacidad de generar ingresos suficientes para sostener en el tiempo la redistribución. He aquí una tensión inherente a todo proceso concentrador: busca preservar la tasa de ganancia de los sectores privilegiados, necesita asegurar la viabilidad económica del sistema que sustenta los privilegios y debe financiar necesidades sociales que pudieran llegar a desestabilizar la trayectoria escogida.

Un objetivo adicional para las políticas redistributivas: financiar la formación de capital en sectores populares

Vale puntualizar que las políticas redistributivas pueden utilizarse tanto para amenguar efectos no deseados de un crecimiento concentrador sin modificar su naturaleza como, por el contrario, para acompañar y reforzar esfuerzos que procuren transformar esa forma de crecer. Tan distinta funcionalidad dependerá de la orientación que se le estuviese imprimiendo al desarrollo nacional ya que es en ese contexto que se definen los objetivos que habrán de perseguir las políticas redistributivas.

Por tanto, así como existen distintos tipos de crecimiento económico también pueden adoptarse diferentes tipos de políticas redistributivas, una doble obviedad que, sorprendentemente, es con frecuencia ignorada.

Nos preguntamos entonces cómo desde el ámbito de las políticas redistributivas se podría incidir para avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo que sirva de basamento a un desarrollo sustentable.

Una opción transformadora de la mayor importancia es canalizar una parte significativa de lo que se quiere redistribuir hacia la formación de capital en los sectores mayoritarios que reciben poco o muy poco de los resultados del crecimiento económico. El propósito es movilizar el talento y la potencialidad productiva que anida en los sectores populares absurdamente desaprovechados y, con ello, lograr varios efectos simultáneos: contribuir al desarrollo económico local, mejorar la distribución del ingreso y paulatinamente reducir la dependencia de las propias políticas redistributivas.

Esta acción transformadora se caracteriza entonces por (i) orientar recursos de inversión hacia sectores populares de modo de promover su movilización productiva; (ii) dada la envergadura de los desafíos a enfrentar, la acción necesita ser de amplia cobertura y no limitarse a encarar unos pocos proyectos demostrativos; (iii) para asegurar efectividad, es imprescindible establecer los nuevos emprendimientos en sectores promisorios y con adecuadas productividades; y (iv) esta movilización productiva de sectores populares debe promover actores económicos responsables que en su accionar cuiden el medio ambiente y fortalezcan la cohesión social. El propósito último es lograr una masiva, efectiva y responsable movilización productiva de sectores populares hoy postergados, movilización que se constituye en uno de los sustentos de un crecimiento inclusivo no concentrador.

El despliegue de las políticas redistributivas

Las políticas redistributivas son gestionadas por el Estado pero, para ser efectivas, necesitan involucrar a una diversidad de actores y, por tanto, desplegarse en varios niveles: (i) a nivel de las políticas macroeconómicas (como el gasto público, tributarias, monetarias, de inversión, científicas y tecnológicas) de modo de ajustar su orientación para atender intereses y necesidades de los sectores populares; (ii) a nivel de promover cambios en la conducta mesoeconómica de quienes lideran cadenas productivas ya que esos actores inciden decisivamente sobre compensaciones salariales y demás condiciones laborales, tienen la capacidad de promover el desarrollo orgánico de todos los integrantes de su cadena de valor y, a través de sus decisiones corporativas, pueden generar efectos positivos o negativos sobre el contexto social en el que se desenvuelven; (iii) a nivel de de acciones de apoyo directo a sectores populares para financiar y estructurar adecuadamente su acceso a la formación de capital de la cual derivar mejores ingresos; y (iv) a nivel de quienes son formadores de opinión pública (medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales) con el propósito de asegurar respaldo ciudadano a la adopción de un rumbo de desarrollo justo y sustentable.

Las medidas que implementan las políticas redistributivas tienen diferentes alcances. Algunas medidas impactan a casi todos los sectores de bajos ingresos, como un mayor y mejor gasto en educación primaria, colegios técnicos, centros de salud y hospitales, saneamiento ambiental y seguridad de sus vecindarios. Otras medidas tienen en cambio impactos diferenciados como, por ejemplo, mejoras salariales y de condiciones de trabajo que benefician preferentemente a trabajadores registrados, sólo indirectamente a los trabajadores informales y no benefician a desocupados e indigentes que realizan trabajos ocasionales de subsistencia.

En lo que hace a promover formación de capital en sectores populares hay mucho por considerar. La política económica generalmente plantea la necesidad de incrementar la inversión y la formación de capital en diversos sectores, a veces priorizando aquellos considerados más promisorios y estratégicos para el desarrollo del país. Lo que no siempre se explicita es qué actores sociales son los que participarán de ese incremento de la inversión y, en particular, cómo los sectores populares podrían canalizar una parte del ahorro nacional para financiar su propia formación de capital contribuyendo así a abatir desigualdad y a reforzar la sustentabilidad socioeconómica del crecimiento.

De ahí que no sea suficiente tan sólo determinar qué nivel de formación de capital es necesario para sostener un cierto nivel de crecimiento, sino también considerar la composición del nuevo capital que se agrega a la economía. El tipo de formación de capital que prevalezca tendrá implicaciones sobre varios aspectos de la estructura social y económica de un país: entre otros, el grado de crecimiento orgánico que se logra, en qué magnitud los diferentes actores sociales aprovechan los efectos de las nuevas inversiones, la diferente propensión a importar de cada tipo de inversión y, no menos importante, la muy diferente propensión a evadir y fugar capitales que presentan los distintos actores.

Cuando se asiste a sectores populares para que participen con mejores posibilidades del proceso productivo, generación y distribución de ingresos conforman un solo acto socioeconómico, con un importante efecto sistémico adicional: a medida que aumenta la generación desconcentrada del ingreso popular, el peso de las medidas de redistribución tenderá a disminuir o, cuando menos, a contener su expansión.

Cómo canalizar con efectividad recursos de inversión a sectores populares

Para lograrlo habrá que desarrollar sistemas de apoyo al pequeño y micro productor que les permitan acceder al mejor conocimiento disponible en materia tecnológica y de gestión, a moderna ingeniería organizativa, a recursos financieros y apropiados contactos comerciales. Es que las grandes mayorías poblacionales se desenvuelven en actividades productivas de baja productividad; muchas de ellas meramente de subsistencia. Dadas las circunstancias de escasez de todo tipo de recursos, el pasaje de su situación presente a otra más promisoria no se logra fácilmente y mucho menos si se avanza aisladamente.

Es ciertamente crítico subir la escala de las soluciones productivas, lo cual está lejos de significar “amontonar” pequeños productores en estructuras pesadas, poco eficientes, desprovistas de la agilidad y la efectividad requeridas para navegar en mercados competitivos. El desafío es articular pequeña producción dispersa en organizaciones de porte medio con apropiada capacidad de gestión que logren insertarse en promisorias cadenas de valor.

De este modo, la acción redistributiva no se agota en tan sólo canalizar financiamiento hacia los sectores mayoritarios: requiere hacerlo efectiva y responsablemente, asegurando sustentabilidad a las soluciones productivas que se adopten y promoviendo actores económicos que no afecten el medio ambiente y la cohesión social.

¿Qué tipo de ingeniería organizativa podría ser utilizada? Hay disponible una gran diversidad de opciones.

Por un lado están los bien conocidos sistemas de franquicias, en los que un franquiciador convoca un número de pequeños productores que aceptan homogeneizar su producción, hacer sus compras en conjunto, comercializar su actividad bajo una marca única, adoptar criterios comunes de gestión, de atención a clientes, de niveles de calidad, etc. Los franquiciados se someten a un régimen de capacitación, supervisión y control de calidad con sanciones para quienes lo transgredan. A cambio de ello, cada uno de los pequeños productores aspira obtener resultados más altos de los que lograría si actuase por su cuenta, al tiempo que conserva la propiedad de sus activos. En una franquicia orientada a movilizar productivamente a sectores populares debe adicionarse un crítico tercer actor que está ausente en las franquicias comerciales ordinarias [[Conformado por diversas combinaciones de representantes del sector público (local, provincial o nacional), agencias de desarrollo, fundaciones, empresas responsables, universidades, entre otros.]] y cuyo rol principal es tanto aportar contactos, acceso a mercados y a financiamiento, como asegurar equidad en la distribución de resultados.

Otras ingenierías organizativas orientadas a estructurar con efectividad la movilización productiva de sectores populares incluyen a consorcios de exportación, comercializadoras especializadas y otras centrales de servicios que atienden redes de pequeños productores, agroindustrias locomotoras, cooperativas de segundo y tercer nivel que encaran aspectos de comercialización, transformación o financiación de la producción de cooperativas de base, entre otras modalidades.

Pero, ¿quién podría ayudar a (i) estructurar estos distintos tipos de emprendimientos inclusivos, (ii) identificar buenas oportunidades económicas y (iii) asistirlos para que puedan aprovecharlas? Varios tipos de organizaciones, incluyendo las que Opinión Sur denomina desarrolladoras de emprendimientos inclusivos, que son pequeños equipos bien calificados con capacidad para aportar lo suyo y además movilizar apoyos técnicos y financiamientos de otras fuentes. Por ahí se abre una muy promisoria línea de trabajo del sector público y de organizaciones de desarrollo orientada a promover con efectividad la formación de capital en sectores populares.

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