Paraí­sos fiscales: delitos y sus ví­ctimas

Los denominados paraísos fiscales son paraísos tan sólo para organizaciones y personas que operan fuera de la ley, utilizados para lavar dinero cuyo origen no quieren declarar, evadir impuestos y evitar ser identificados y controlados. Pueden ser empresas o individuos que delinquen económicamente, así como traficantes de drogas, armas o personas, organizaciones ilegales de cualquier tipo y peligrosidad. Paraíso fiscal es una expresión engañosa y liviana que esconde delitos, delincuentes, cómplices y víctimas. Convendría dejar de llamarlos paraísos fiscales para desenmascararlos como paraísos para delincuentes y evasores, que es en verdad lo que son.Si la existencia de esos paraísos para delincuentes y evasores no causase víctimas sería algo distinta la valoración que haríamos de ellos porque uno podría auto-engañarse y pensar que son apenas un “mecanismo”, un “instrumento” (véase la neutralidad de estas palabras) que utilizan algunos habilidosos para maximizar sus ganancias y ponerlas fuera del alcance de la inseguridad jurídica y de toda autoridad fiscal. La noción de un paraíso fiscal evoca que hay algunos actores más listos que otros para dotarse de una estrategia que les permite minimizar su carga impositiva posibilitándoles una mayor acumulación de capital. Así percibidos no suscitan el horror por lo que provocan.

Lo que están haciendo quienes utilizan un paraíso para delincuentes y evasores es, en unos casos, viabilizar actividades clandestinas y, en otros, extraer más ganancias de las que tienen derecho a obtener evadiendo responsabilidades fiscales en lugar de asumirlas como el resto de contribuyentes. Con ello escamotean ilegítimamente recursos que podrían haberse destinado a proveer infraestructura social y productiva en los países de los cuales extraen ese margen de ganancias extraordinarias. Ambos tipos de actores producen infinidad de víctimas.

Tanto quienes establecen como quienes utilizan paraísos para delincuentes y evasores son responsables de infringir severo daño y padecimiento a millones de familias. Unas son agredidas en forma directa por organizaciones delictivas; otras son privadas de servicios sociales (educación, salud, seguridad social) o sufren, como productores, una competencia desleal por quienes descargan su responsabilidad fiscal y roban los recursos necesarios para establecer una mejor infraestructura de comunicación, riego, transporte, puertos.

Impacto de los “paraísos”[[ La información estadística de esta sección y las referencias a la posición del Parlamento Europeo de las siguientes secciones hacen parte del trabajo de Andreu Missé La Eurocámara exige una acción más enérgica contra los paraísos fiscales publicado en El País de España el 5 de abril de 2010.]]

El impacto de los paraísos para delincuentes y evasores sobre nuestros países del Hemisferio Sur ha sido y es demoledor. Un informe aprobado por el Parlamento Europeo señala que los flujos ilícitos procedentes de los países en desarrollo oscilan entre 641.000 y 941.000 millones de dólares anuales, ¡diez veces más que toda la ayuda oficial al desarrollo! Esto es, que al mismo tiempo que con mucho esfuerzo y no poca condicionalidad se gestionó la parca solidaridad de países donantes, nuestros países se desangraron diez veces más por un atraco masivo que contribuyó a generar pobreza y rezago socioeconómico.

La riqueza radicada en los paraísos para delincuentes y evasores ronda los 13,5 billones de dólares (10 billones de euros) mientras que el déficit financiero generado por la crisis en los países en desarrollo es de 315.000 millones de euros en 2010.

Un estudio elaborado por Global Financial Integrity, también citado por Andreu Missé, concluye que en África los flujos ilícitos entre 1970 y 2008 sumaron 854.000 millones de dólares (¡y siguen creciendo a un ritmo de 11% anual!). El estudio señala que esta cifra permitiría eliminar toda la deuda externa de África y dedicar los 600.000 millones restantes a aliviar la pobreza y promover el desarrollo.

El fraude fiscal vía paraísos para delincuentes y evasores afecta también a los países centrales en términos de inseguridad y de no poder regular los tremendos coletazos desestabilizadores de las ingentes masas de recursos financieros fuera del control de sus reguladores, si bien su impacto económico es relativamente menor por la envergadura de esas economías. Las pérdidas para Estados Unidos alcanzaron la nada despreciable cifra de 100.000 millones de dólares, para Alemania 25.000 millones y para Francia 20.000 millones.

Hipocresía y complicidad

La pregunta obvia es por qué se permiten y protegen esos paraísos para delincuentes y evasores. Si bien existen varias y diversas respuestas, en el basamento de todas ellas aparecen los intereses e hipocresía de ciertos grandes grupos económicos y países que se benefician con su existencia. De otro modo no podría explicarse su permanencia, funcionamiento y la protección que facilitan a organizaciones delictivas. Es imposible creer que con la sofisticación de los servicios de inteligencia contemporáneos no se pueda acceder a la información sobre quienes operan en esos paraísos, cómo lo hacen y a quienes victimizan. Sin esa complicidad, los paraísos para delincuentes y evasores no podrían existir ni reproducir su poder destructivo.

Toda gran empresa transnacional procura maximizar sus ganancias lo cual, en principio, es legítimo; sólo que algunas lo hacen respetando leyes y códigos de justicia y ética, mientras que otras aprovechan su presencia en diversas jurisdicciones territoriales (cada una con su propio régimen fiscal y regulaciones) para violar leyes y lucrar a costa de víctimas indefensas que sufren las consecuencias de su accionar delictivo. Una de las formas para materializar esa ilegítima extracción de ganancias extraordinarias es a través de ventas y compras entre subsidiarias de un mismo grupo económico. Para evadir el pago de impuestos en la jurisdicción en la que opera, una subsidiaria vende su producción exportable a menor precio que el de mercado a otra empresa del mismo grupo económico (o vinculada con ese grupo) localizada en otra jurisdicción más laxa en materia fiscal y regulatoria; por ejemplo, en un paraíso para delincuentes y evasores. El comprador basado en ese paraíso luego revende lo adquirido al precio, ahora sí, de mercado reteniendo para su grupo económico la ganancia extraordinaria originada en la evasión fiscal incurrida.

La complicidad de quienes gestionan los paraísos para delincuentes y evasores no termina ahí dado que ningún grupo acumula capitales en un paraíso para no utilizarlos. Los paraísos también facilitan el lavado del dinero mal obtenido para volver a volcarlo al flujo económico internacional. Esta complicidad se extiende a los países donde están basadas las casas matrices de los grupos económicos que utilizan y no eliminan, los paraísos para delincuentes y evasores ya que terminan beneficiándose de la apropiación que hacen esas grandes corporaciones de los impuestos que no pagan al resto del mundo.

La existencia de paraísos para delincuentes y evasores se ha facilitado con el enorme desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Hoy la triangulación entre jurisdicciones toma segundos y la sofisticación disponible para cubrir transacciones ilegales es tal que se dificulta en extremo seguir la ruta que utilizan delincuentes y evasores; más aún si los reguladores y quienes tienen responsabilidades de combatir el delito financiero actúan con venalidad o negligencia.

Existen también otros casos de personas o empresas que residen en jurisdicciones donde prima la inseguridad jurídica y temen expropiaciones súbitas y arbitrarias de sus activos. Esas personas eligen otros destinos fuera de su propio país para resguardar sus ahorros. En principio, esto no justifica la evasión fiscal ya que en muchos casos la seguridad jurídica se logra adquiriendo activos fuera del propio país sin esconder su patrimonio y, por tanto, sin evadir el pago de tributos al país y a la sociedad en la que logró generar su beneficio. Sin embargo, existen excepciones como cuando en ciertas jurisdicciones la inseguridad jurídica es extrema y viene asociada con la prohibición de exportar ahorros: en estos casos, pequeños y medianos contribuyentes que procuran desvincularse del riesgo jurisdiccional se ven obligados a evadir también su responsabilidad fiscal con el país de origen.

La referencia a cómplices de los paraísos para delincuentes y evasores incluye también a los contadores y abogados que estructuran la forma de implementar la evasión, a la banca transgresora que lucra ocultando y facilitando el lavado de las transacciones financieras y, muy especialmente, a gobiernos complacientes o tolerantes influenciados por los intereses que se sirven de los paraísos para abusar de víctimas desprotegidas cuyos rostros pueden o no conocer.

Por último, cierto grado de complicidad recae sobre la opinión pública y cada uno de nosotros cuando, por ignorancia o despreocupación, toleramos que personas y empresas que conocemos utilicen esos paraísos para delincuentes y evasores sin recibir siquiera una sanción moral o social.

Urge abatir los paraísos para delincuentes y evasores

Para erradicar los paraísos para delincuentes y evasores se requiere de una acción concertada a nivel internacional. En el G-20 y la OCDE se han logrado establecer acuerdos para intercambiar información fiscal; un buen primer paso pero que resulta a las claras insuficiente. Señala Andreu Missé que el Parlamento Europeo ha exigido a la OCDE, al G-20 y a la propia Unión Europea “que adopten criterios más rigurosos para identificar a los paraísos fiscales”.

Más aún, el Parlamento Europeo denunció la hipócrita conducta de países occidentales que permiten que grandes empresas lucren abusivamente a costa de los países del Sur evadiendo sus obligaciones tributarias. Sostiene que los paraísos fiscales “pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica”. El informe del Parlamento Europeo destaca que la mitad de los flujos financieros ilícitos fuera de los países en desarrollo está relacionada con la manipulación de los precios comerciales. Reitera por tanto su llamado a favor de un nuevo acuerdo financiero global vinculante que obligue a los grupos multinacionales, incluyendo sus filiales, a revelar automáticamente los beneficios obtenidos y los impuestos abonados en cada país. Además propone que se prohíba a cualquier sociedad, banco o institución registrados en un paraíso fiscal beneficiarse de fondos públicos.

Está claro que el lobby del delito organizado y de ciertos grandes grupos económicos hará todo lo posible para seguir contando con paraísos para delincuentes y evasores y que en esa lucha contarán con la complicidad de todos aquellos que, de una forma u otra, se benefician con su existencia. Para enfrentarlos con alguna probabilidad de éxito, los Estados, las personas y las empresas víctimas de esos paraísos necesitarán tomar plena conciencia del daño al que son sometidos y coaligarse con aquellos en los países del norte y del sur que luchan a brazo partido por un desarrollo sustentable. Cada voz cuenta: puede ayudar a movilizar la opinión pública para exigir una acción internacional mucho más firme y efectiva, restándoles con ese esfuerzo oxígeno político y valoración social a esos peligrosos delincuentes y sus bases “paradisíacas”.

Deja un comentario