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Nuevas políticas al servicio del bienestar de los pueblos y el cuidado ambiental

No han sido pocos los intentos de establecer economías al servicio del bienestar de los pueblos y el cuidado ambiental. Sin embargo, de una u otra forma, esas economías fueron socavadas por reacciones neoliberales que limaron sus frágiles sustentos. ¿Por qué no lograron preservarse y fortalecerse? ¿Cómo superar esos ensayos embrionarios y dar paso a dinámicas sustentables de base popular y cuidado ambiental?

Arranquemos analizando la reacción neoliberal que predomina en muchos países; sus efectos, implicaciones, cómo se sustenta y los castigos y debilidades que presenta. De ahí iremos extrayendo algunas reformas encaradas en el pasado al salir de fases neoliberales, confiando que esa experiencia pueda servir para encarar transformaciones más profundas y sustentables.

La reacción neoliberal

Una vez consagrado su control del Estado, la reacción neoliberal se apresura a desmontar aquellas instituciones que se hubiesen establecido para defender o extender derechos populares. Apuntan a mejorar la tasa de ganancia del poder económico aduciendo que es el principal motor del crecimiento y que al dinamizarse derramará luego sobre el resto del conjunto social. Se minimizan las regulaciones a los movimientos de capital; no se alteran los mecanismos existentes de apropiación de valor; se achica el Estado reduciendo impuestos al poder económico y en simultáneo los gastos sociales; se flexibiliza el empleo y baja el salario real de trabajadores; pierde prioridad el cuidado del medio ambiente; avanza la liberación de los mercados que somete a las economías locales a una desigual competencia internacional; sube el endeudamiento soberano a niveles alarmantes y con ello la carga de intereses y la consecuente pérdida de soberanía decisional en manos de sus acreedores financieros. Con las variantes que cada situación impone, el retroceso del bienestar de los pueblos y el cuidado ambiental ocurre hoy en casi todas las latitudes.

Sus resultados están a la vista: tremenda regresión distributiva, extendido desempleo y subempleo con duro crecimiento de la pobreza y la indigencia; máxima financiarización de la economía (se mercantilizan casi todas las dimensiones de la vida social); multiplicación de negocios y negociados de poderosos grupos económicos que, con la evasión impositiva que practican y la fuga de sus capitales hacia guaridas fiscales, esterilizan una cuantiosa parte del potencial nacional de desarrollo y refuerzan la explosiva concentración de la riqueza; se consagra una matriz productiva disfuncional y cadenas inequitativas de valor; la desigualdad se expande sin control deslizando países hacia una recurrente inestabilidad sistémica; minorías concentran el poder decisional, operan manipulando voluntades y moldeando subjetividades en base a desinformación, engaños, amenazas y persecuciones; se silencian voces opositoras y se entroniza un pensamiento hegemónico presentado como única y permanente verdad; queda gravemente afectada la representatividad política y la confianza en la justicia y en las fuerzas de seguridad; se multiplican las democracias capturadas.

De desbaratar lo microeconómico al sometimiento de la producción nacional

Las pequeñas y medianas empresas, y también varias de las grandes, se enfrentan con un gravísimo cambio de situación y, peor aún, de perspectivas. Encaran una demanda interna deprimida resultado de la redistribución regresiva de ingresos y el impulso concentrador; las importaciones aumentan más y más por el desmonte de la protección a la industria local (protección que todas las economías centrales impusieron para defender en su momento sus nacientes industrias); las autoridades monetarias imponen altas tasas de interés aduciendo que son necesarias para bajar la inflación (poco logran a corto plazo, a mediano plazo avanzan maliciosamente destruyendo demanda sin alentar la producción local, con un agregado no siempre explicitado: la tremenda angurria de especuladores y entidades financieras que obtienen ganancias a tasas extraordinarias). Las empresas locales ya no disponen de líneas de crédito subsidiadas (estigmatizan los “subsidios” cuando, aplicados con efectividad y prudencia, pueden ayudar a reorientar la marcha económica hacia el bienestar de los pueblos y el cuidado ambiental); enfrentan además aumento de costos por la suba de las tarifas de servicios públicos (premian a los dueños de esos monopolios extrayendo valor de productores y consumidores); sufren una fuerte presión impositiva (hacen parte de los llamados “perejiles” porque mientras se los carga de tributos los grandes, como fuera señalado, evaden alevosamente su responsabilidad impositiva y fugan capitales a guaridas fiscales). Para colmo, enfrentan las amenazas de nuevos acuerdos de libre comercio con potencias internacionales que llevan décadas de ventajas tecnológicas, comerciales y financieras ya consagradas, muy difíciles de enfrentar más aún cuando ellas conservan barreras proteccionistas abiertas o encubiertas.

Ante ese cambio de situación las empresas locales ajustan sus estructuras para subsistir, y lo hacen aún aquellos que son forzados a reconvertirse y no desearían hacerlo. Es que quienes no se aviniesen a “adaptarse” a la orientación impuesta correrían serios riesgos de desaparecer. Pero quede claro; subsistirán los dueños de las empresas aunque no los trabajadores despedidos ni tampoco los sometidos a lo que se da en llamar flexibilización laboral que lleva consigo pérdida de poder adquisitivo de los salarios y empeoramiento de condiciones de trabajo, con sindicatos en retroceso y algunos dirigentes traicionando sus bases cooptados o comprados por el poder concentrado.

Opciones dirigidas al bienestar de los pueblos y el cuidado ambiental

Importa señalar que antes que se impusiese la reacción neoliberal, las economías de base popular no pudieron eliminar los sustentos del proceso de concentración económica y decisional. Lo intentaron en alguna medida, tibia dicen algunos, fue lo posible dicen otros. Quedaron a medio camino sufriendo el desgaste desestabilizador que siempre ejercen los poderes fácticos. Fueron esfuerzos reformistas con aspiraciones transformacionales que aportaron valiosos avances en cuanto a esclarecimiento popular y pugna cultural, aunque no lograron cambiar la correlación imperante de fuerzas.

No debiera restarse mérito a estos esfuerzos porque sembraron la apetencia por nuevos rumbos. Sin embargo, para asegurar sustentabilidad a las transformaciones habrá que desmontar los sustentos del desaforado proceso de concentración y revertir la impiadosa desigualdad resultante.

No son pocos ni insignificantes los desafíos a encarar. Lo esencial se juega en la esfera política donde toca enfrentar el desmedido poder que ejercen los grupos concentrados con las complicidades que logran establecer con sectores de la política, los medios, la justicia y de ciertas usinas de pensamiento estratégico y del sistema educativo que les proveen de cobertura ideológica. Los recursos y la información que manejan les permiten cooptar a corruptos y oportunistas, sean políticos, jueces, periodistas o presentadores de populares programas televisivos. Logran incluso desunir al campo popular alentando a los más inofensivos y persiguiendo a los liderazgos que ellos temen.

La llave maestra de cualquier transformación orientada a servir al bienestar de los pueblos y el cuidado ambiental es entonces de naturaleza política (en sus múltiples dimensiones) e incluye el estratégico esfuerzo de unir al campo popular a través del esclarecimiento de los sectores mayoritarios y de conformar organizaciones que sepan y puedan alinear la diversidad de intereses que coexisten en cualquier sociedad. Esto exige comprender cabalmente lo que sucede en el territorio y reconocer la legitimidad inherente a los distintos intereses. Habrá que trabajar con un enfoque dinámico (no estático) porque los intereses evolucionan y se transforman con el tiempo. Además, el poder concentrado no descansa y ajusta permanentemente sus estrategias de sometimiento y dominación.

Políticas transformadoras de nuevo cuño

El principio ordenador de las transformaciones que se proponen ya no es maximizar el lucro de los dueños del capital, financiarizar la entera economía y mercantilizar todas las posesiones, sino mejorar el bienestar del pueblo y cuidar el medio ambiente. Se considera que todo el potencial productivo de un país es quien genera riqueza e ingresos y ese potencial debe materializarse promoviendo que la totalidad de los recursos productivos puedan movilizarse con justas compensaciones por el esfuerzo que realizan. Se habla de un crecimiento orgánico alejado de los tremendos desbalances económicos, sociales y ambientales que llevan a recurrentes crisis de sector externo, a la asfixia del mercado interno, a concentrar los ingresos en quienes más evaden su responsabilidad tributaria y fugan al exterior gran parte de los resultados que obtienen en el país. Esas mismas minorías fuerzan el desarrollo científico y tecnológico para servir sus intereses, y condicionan los sistemas educativos para evitar la emergencia de pensamiento crítico que alimente el temido proceso de esclarecimiento popular.

Un puñado de grandes multinacionales controlan el comercio internacional; enormes grupos financieras están en condiciones de movilizar en segundos miles de millones de dólares, euros o yenes para apropiarse de oportunidades que emerjan en casi cualquier latitud del mundo; más aún, tienen la capacidad de “generar” oportunidades que sirvan a sus intereses, a través de manipular mercados, sortear regulaciones, desestabilizar gobiernos e imponer las complicidades antes mencionadas. Aquellas medidas comerciales que fueran, y en alguna medida aún son, utilizadas por países centrales, les son vedadas a las economías emergentes o rezagadas.

En ese contexto, un aspecto crítico es desmontar los mecanismos de apropiación de valor que existen en nuestros países. Si no se lo hiciese, caeríamos nuevamente en sólo políticas redistributivas de ingresos sin transformar la estructura productiva y el funcionamiento económico prevaleciente que fueran definidos según decisiones adoptadas por poderosos grupos económicos en su propio beneficio. La estructura así impuesta a la matriz productiva nacional y la forma como operan las principales cadenas de valor y las relaciones económicas internacionales deslizan los países no centrales a desigualdades y recurrentes fases de inestabilidad sistémica. Para cortar esa perversa dinámica habrá que resolver los estrangulamientos sectoriales y de sector externo que genera una lábil matriz productiva, así como las inequidades que se dan al interior de las cadenas de valor, cuestiones que el mercado es incapaz de lograr por su cuenta.

No funciona aquello de generar condiciones para que los inversores inviertan. Lo que importa es quienes invierten y dónde invierten: medir impactos y consecuencias; además, donde van las ganancias que se acumulan y cómo quienes han internalizado una codicia sin fin inciden sobre el poder decisional cada vez más concentrado. ¿Es que no hay otros inversores con otras racionalidades y propósitos? ¿No cambiaría esto fortaleciendo a medianos emprendimientos productivos de base popular? Sabemos que existe ingeniería organizativa para integrar productivamente a trabajadores y pequeños emprendedores hoy dispersos. Cooperativas de primer y segundo (holdings) grado, franquicias populares, comercializadoras y supermercados comunitarios, agroindustrias locomotoras, diversos tipos de agricultura familiar, empresas recuperadas por sus trabajadores, consorcios de exportación, entre otras modalidades organizativas, están disponibles para dar paso a nuevas generaciones de productores orientados a cuidar del medio ambiente al tiempo que sirven al bienestar de sus comunidades. El desafío pasa por establecer un efectivo y comprehensivo sistema de apoyo a esos emergentes actores que podría establecerse en torno a la conformación de desarrolladoras y fideicomisos especializados en actividades económicas de base popular.

De lo que se trata es de desmontar los mecanismos que utiliza el poder concentrado para apropiar valor que sus miembros no producen incidiendo sobre el proceso de generación, retención y reinversión del valor que los pueblos producen. Esto hace a quiénes manejan y asignan el ahorro nacional, cuestiones no sencillas que incluyen las estructuras tributarias y de gasto público, las políticas promocionales, la estricta regulación del endeudamiento soberano, el manejo de la política monetaria y todas las demás políticas públicas (salud, educación, ciencia y tecnología, saneamiento y cuidado ambiental, seguridad ciudadana, vivienda y organización territorial, entre tantas otras) que inciden sobre el funcionamiento social.

Ninguna de estas políticas, medidas y proyectos pueden definir por sí mismas los valores y orientaciones que guían su rumbo. Pueden detentar un buen margen de independencia en la gestión pero lo que pesa y define su accionar es aquel principio ordenador arriba señalado: nos organizamos para que poderosos y cómplices puedan maximizar su lucro apostando a que luego ese lucro concentrado derramará sobre el bienestar de la sociedad toda o, en cambio, avanzamos transformando estructuras y formas de funcionar para que el potencial de desarrollo que anida en nuestros pueblos y no en minoría alguna sirva para cuidar el planeta y mejorar permanentemente el bienestar de todos.

 

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