En la encrucijada contemporánea no más ajuste sino transformación

Los ajustes impuestos en tantos países no resuelven sino magnifican los gravísimos problemas generados por el desaforado proceso de concentración de la riqueza y el poder decisional que predomina en el mundo. Por el contrario, los esfuerzos debieran orientarse a desmontar ese proceso. ¿Qué opciones existen?  

 

La mayoría de los países están sumidos en trayectorias signadas por un desenfrenado proceso de concentración de la riqueza y el poder decisional cuyas consecuencias sociales y ambientales son calamitosas. En esa marcha se suceden crisis tras crisis que robustecen las tendencias prevalecientes; parecieran deliberadamente creadas.

Uno de los sostenes del proceso concentrador es imponer la noción que existe un solo rumbo, una única forma de funcionar y de salida de las recurrentes crisis, un engaño de los muchos utilizados para moldear subjetividades y evitar o aminorar resistencias. Sin embargo, la realidad muestra que son varias y diversas las opciones.

La divisoria de aguas entre las opciones existentes marca dos vertientes claramente antagónicas diferenciadas justamente en cuanto al rumbo y la forma de funcionar y, muy especialmente, por quienes cargan con el costo de la opción escogida (es decir, quienes se favorecen y quienes se perjudican en cada elección). Un tipo de opción se centra en lo que suele denominarse “ajuste” que no es otra cosa que la reproducción reorganizada del orden concentrador; la otra vertiente implica grados diversos de transformación de ese orden.

  1. Ajuste para preservar el proceso de concentración de la riqueza y el poder decisional

El ajuste no transforma lo esencial de las dinámicas prevalecientes sino, por el contrario, procura liberarse de restricciones que limitan sus devastadoras consecuencias. Con ello logran reforzar y acelerar las tendencias concentradoras favoreciendo que funcionen a pleno los motores que generan concentración.

De ahí que las políticas que implementa el ajuste no promueven desarrollo ni aseguran equidad, sustentabilidad y justicia. Por el contrario, se centran en ordenar desbalances macroeconómicos que ese mismo proceso genera o aumenta. Uno de ellos es el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos públicos) pero, como se verá más adelante, no remueven los factores que lo producen ni tampoco los estrangulamientos del sector externo (mayores salidas que entradas de divisas), una de las principales limitaciones que atentan contra un desarrollo nacional sustentable y soberano.

¿Cómo surge un déficit fiscal?  Diferentes actores que tienen acceso a decisiones que toma el Estado pugnan a dos diferentes niveles: influir sobre los gastos públicos y sobre cómo se financiarán esos gastos. Los actores con mayor poder imponen sus intereses para obtener gastos que les favorezcan mientras los sectores mayoritarios procuran sostener derechos adquiridos y la cobertura de sus necesidades básicas. Esa pugna tiende a sumar gastos, ilegítimos unos legítimos otros, sin asegurar su financiamiento.

  • El gasto público

El ajuste encara el déficit fiscal podando el gasto público. Como los mayores rubros son jubilaciones, pensiones, gastos en salud, educación y salarios de empleados del Estado hacia allí se orientan los cortes. Esto afecta el nivel de vida de las mayorías populares y poco o nada el bienestar de sectores de ingresos medios altos y altos. No se tocan las partidas destinadas a amortización e intereses de deuda soberana que constituyen un rubro que pesa cada vez más en el déficit fiscal. Se escamotea esta situación centrando la discusión política en el déficit “primario” (todos los rubros de ingresos y gastos excepto justamente las amortizaciones e intereses de la deuda) pero no en el déficit fiscal total que explicitaría la verdadera composición del déficit que el Estado debe encarar.

Los gastos públicos que debieran atender necesidades fundamentales de la sociedad también suelen incluir prebendas en favor de sectores afluentes que capitalizan para sí esos recursos. De este modo, coexisten partidas para educación, salud, seguridad social, energía, ciencia y tecnología, saneamiento ambiental, comunicación y tantos otros rubros que sostienen necesidades sociales, con partidas para construir caminos, puertos, sistemas de riego y contención de inundaciones, entre otras infraestructuras productivas, algunas de las cuales favorecen a grupos concentrados que las reciben sin que impacten en sus costos. En verdad, todos los gastos públicos debieran evaluarse considerando a quienes favorecen ya que, si los beneficiados fuesen sectores de ingresos altos, correspondería que asumiesen ellos el pago de las contribuciones de mejoras contempladas en casi todas las legislaciones: Sin embargo, por el poder que detentan con frecuencia reciben obras y servicios públicos gratuitamente o haciéndose cargo sólo parcialmente de su costo. Esto es inadmisible en democracias plenas.

También corresponde analizar cualquier uso ineficiente del gasto público, incluyendo las partidas para cubrir necesidades sociales. Es que además de eliminar las prebendas a favor de los poderosos, existen importantes márgenes para mejorar la aplicación de los programas sociales que, por su naturaleza, requieren de permanente actualización a medida que avanza el conocimiento, la tecnología y las metodologías de aplicación.

De todos modos, el análisis del déficit fiscal no se agota con la revisión del gasto público identificando a quienes favorece, su magnitud, estructura y efectividad de aplicación. Es imprescindible considerar otras variables que hacen al déficit fiscal: los ingresos del Estado y cómo se financia el déficit fiscal existente.

  • Los ingresos públicos

En relación a los ingresos públicos se repite la pugna entre actores con muy diferente poder de decisión. Los grupos poderosos siempre procuran minimizar su contribución a los ingresos públicos; lo hacen en forma directa forzando a que la legislación tributaria sea lo menos progresiva posible: menos impuestos a ganancias y patrimonios y mayor incidencia de impuestos al consumo y altas tarifas de servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte) que son más fáciles de recaudar y gravan por igual a cualquier consumidor sea rico o pobre. Así, el peso de los aportes termina siendo gravosamente desigual para los de menores ingresos que dedican la mayor parte de su patrimonio para cubrir su consumo y acceder a los servicios básicos.

Sin embargo, el grueso de lo que los grupos poderosos no aportan lo realizan evadiendo impuestos y fugando sus capitales. Para ello cuentan con equipos de especialistas en evasión o elusión tributaria, enfrentando muy endebles sistemas recaudatorios que generalmente se centran en perseguir a pequeños y medianos contribuyentes dejando impunes a los grandes contribuyentes que son quienes más desfinancian al Estado.

Una clara expresión de la fuga y ocultamiento de capitales que realizan los más ricos queda evidente al constatar que dos tercios de los recursos depositados en tenebrosos paraísos fiscales, mejor llamados guaridas fiscales, pertenece a capitales concentrados, incluyendo conjuntos de muy ricas personas de América Latina y África. Por su parte, recursos provenientes del crimen organizado suman otro 30% de lo que se lava en guaridas fiscales, mientras que los recursos originados en la corrupción representan el 3% del flujo encubierto en esas jurisdicciones.

Cuando quienes tienen mayor responsabilidad tributaria no tributan, el resto de actores debe soportar toda la carga impositiva causada por los evasores; otra injusticia que se descarga sobre sectores mayoritarios. Para peor, esos inmensos recursos fugados no son otra cosa que una crítica parte del ahorro nacional generado por la entera sociedad que el poder económico extrae de los demás e impide que pueda dedicarse a financiar un desarrollo genuinamente sustentable. Es un hecho gravísimo que se escamotea al conocimiento popular para comprender por qué nos toca enfrentar tamaños problemas sociales y económicos mientras se desangran enteras comunidades y países. ¡Cuántas soluciones podrían encararse si se eliminase la evasión impositiva de los más afluentes y la consecuente fuga de sus capitales!

Además de los ingresos por impuestos, tasas y contribución de mejoras, el Estado puede acudir al endeudamiento para cubrir ciertos gastos cuyos resultados tienen más larga maduración que un ejercicio fiscal. Aquí importa escoger inversiones en obras o servicios que le permitan al Estado, directa o indirectamente, encarar en tiempo y forma el repago de ese endeudamiento. Si así no fuese y el endeudamiento se destinase a financiar gastos que no promueven desarrollo social y económico, se estaría generando una peligrosa bomba de tiempo.

  • El financiamiento del déficit público

La tercera variable estratégica en relación al déficit fiscal es la forma como se lo financia. Una vez que se hubiese comprimido el gasto público y no se quiera o se pueda imponer impuestos adicionales a los grandes grupos evasores (en ambos casos la consecuencia es castigar como siempre a los sectores mayoritarios), si persistiese un déficit fiscal toca decidir cómo financiarlo.

Otra vez vale explicitar que no hay una sola forma de financiar el déficit fiscal como se pretende hacernos creer. Una opción es aumentar la emisión monetaria para pagar con esos recursos los gastos que exceden a los ingresos disponibles. Otra opción podría ser postergar el pago de ciertos gastos ya efectuados. Un tercer mecanismo sería aumentar el endeudamiento público en moneda nacional o extranjera, cada modalidad con muy diferentes consecuencias.

Una mayor emisión monetaria tiene distintos efectos según sea su envergadura y el estado de la economía. En cuanto a la envergadura de la emisión, las políticas ortodoxas aplicadas en las opciones de ajuste reniegan de cualquier emisión que supere el real crecimiento de la economía ya que podría alimentar presiones inflacionarias. En cambio, economistas heterodoxos aceptan prudentes márgenes de emisión que se adelanten al crecimiento productivo como estímulo a la demanda interna de modo de contribuir a ese deseado crecimiento. En verdad, el impacto de una emisión monetaria dependerá de cuál fuere la estructura productiva prevaleciente en el país.

Si predominasen condiciones oligopólicas, aumentos de demanda no necesariamente inducirían una mayor producción pues las empresas oligopólicas podría maximizar su utilidad vía precios sin aumentar su producción. En este caso la emisión monetaria sumaría presiones inflacionarias a causas estructurales más profundas. En cambio si el sistema económico presentase reducidos niveles oligopólicos, una moderada emisión monetaria que reforzase la demanda interna podría promover aumentos de la oferta productiva (y por tanto crecimiento) sin mayor impacto en precios.

Por su parte, si el déficit fiscal se financiase postergando los pagos a proveedores del Estado, prestadores de servicios como educación y salud y contratistas de obra pública, se estaría afectando tanto la dinámica económica por retrasos y trabas en las cadenas de pagos (efectos multiplicadores), como el bienestar general que atienden escuelas, universidades, hospitales, centros de salud entre tantos otros prestadores de servicios básicos.

Por último, si se acudiese a contraer mayor endeudamiento soberano para cubrir el déficit fiscal, muy particularmente si se lo contratase en moneda extranjera, se estaría generando un gravísimo factor de sometimiento nacional ante impiadosos acreedores internacionales. Es un riesgo a evitar a toda costa porque a medida que el país incurre en sobre endeudamiento se hacen más duras y usureras las condiciones financieras que imponen sus acreedores.

En síntesis, el déficit fiscal no es un hecho tecnocrático sino que deriva de pugnas entre actores de muy diferente poder e intereses. Su génisis está ligada a las correlaciones de fuerzas sociales que se van sucediendo a través del tiempo y la forma de encarar su existencia y eventual resolución varía fuertemente según fueren las coaliciones políticas predominantes y quienes acceden a controlar al Estado.

  1. Transformaciones

Ante negativas características estructurales de nuestros países que los ajustes agravan, toca explorar otras perspectivas para abordar la encrucijada contemporánea que nos han impuesto. El primer paso es liberarse del engaño que sólo existe una única opción, la que reproduce el orden predominante, y reconocer que es posible y deseable escoger soluciones que apunten a transformar el proceso concentrador. Con una advertencia: tampoco aquí puede afirmarse que existe una sola solución transformadora sino varias y diversas según sean las circunstancias y posibilidades de cada situación. Sin embargo y con la prudencia del caso, pueden señalarse ciertos criterios generales que diferencian soluciones transformadoras de las recetas de ajuste.

Opciones transformadoras apuntarían a aumentar con firmeza la progresividad de la estructura tributaria, cerrarían las vías de evasión o elusión de grandes contribuyentes, reducirían el endeudamiento soberano limitando eventuales nuevas contrataciones para financiar sectores estratégicos cuidadosamente seleccionados, eliminarían partidas de gastos que favorecen a sectores medios-altos y altos o, cuando menos, se aseguraría que esos gastos fueren financiados con contribución de mejoras, También las opciones transformadoras evaluarían permanentemente la efectividad de los gastos dedicados a los grupos mayoritarios de la población, eliminando además núcleos de corrupción y clientelismos improcedentes. Estas y otras medidas transformadoras se tomarían en un contexto de promoción del mercado interno, fortalecimiento del salario real, defensa de la industria nacional, eliminación de todo tipo de cartelización de empresas, apoyo a pequeñas y medianas empresas, administrando el buen uso de las divisas disponibles y los principales rubros de exportación e importación. A cada país, según fuere su particular situación, le cabe la responsabilidad de escoger el mejor conjunto posible de medidas específicas para materializar avances en el rumbo transformador.

Las opciones transformadoras procuran producir cambios significativos en el rumbo y la forma de funcionar, privilegiando por justicia a los sectores mayoritarios y asegurando que cada quien asuma su cuota de responsabilidad para con la sociedad de acuerdo con su patrimonio e ingresos.

Un crítico aspecto de estas opciones es transformar la estructura y el funcionamiento de la matriz productiva, desarrollando nuevos actores y espacios de acumulación de capital que al mismo tiempo aumenten la equidad y posibiliten levantar la recurrente restricción externa que afecta duramente a nuestros países. Para ello habrá que promover sectores y cadenas de valor que desde la producción misma contribuyan a mejorar la distribución de la riqueza e ingresos, sean al mismo tiempo menos intensivos en la utilización de insumos y servicios importados, y respalden actividades exportadoras intensivas en la utilización de trabajo, conocimientos e insumos locales.

Así, el esfuerzo transformador exige adoptar políticas de promoción industrial y servicios que no solo fortalezcan empresas existentes sino también apoyen el establecimiento de una diversidad de emprendimientos de naturaleza asociativa; entre otras, cooperativas de primer y segundo grado, franquicias populares, comercializadoras, centros de acopio y transporte comunitarios, agroindustrias locomotoras procesadoras de productos de la agricultura familiar, consorcios de pequeños y medianos exportadores, supermercados comunitarios.

Habrá también que innovar en cuanto a instrumentos de promoción de estas iniciativas, por ejemplo conformando desarrolladoras de emprendimientos nacidos en el seno de la economía popular, así como fideicomisos que se especializasen en aportar capital a esas unidades productivas y también fondos a entidades financieras que les provean créditos de capital de trabajo .

Las principales cadenas de valor suelen estructurarse de forma tal que las empresas que las lideran abusan de su poder de mercado para concentrar la mayor parte de los resultados generados por el conjunto de los participantes de cada cadena. Esto necesita cambiarse de modo de asegurar una mejor distribución de resultados y así reforzar la viabilidad y sustentabilidad de la entera trama productiva. El Estado puede jugar un rol mediador semejante al que cumple (o debiera cumplir) en las negociaciones salariales al supervisar el funcionamiento de las paritarias.

Puede ensayarse diferentes modalidades para asegurar equidad y crecimiento orgánico en las cadenas de valor. Una de ellas es establecer espacios de negociación de precios y condiciones comerciales entre los diferentes participantes de cada cadena. Otra modalidad podría ser crear fideicomisos orientados a apoyar pequeños y medianos participantes de una cadena fondeados con parte de las tasas de ganancia que obtienen las empresas líderes. Esa contribución podría ser en efectivo o, si esto pudiera afectar la mejor operación corporativa, en acciones que canalizasen ulteriores dividendos.

En cuanto al endeudamiento soberano ya se advirtió de los riesgos que entraña porque puede terminar siendo extremadamente gravoso para las finanzas públicas y convertirse en uno de los más duros mecanismos de sometimiento nacional y pérdida de soberanía decisional. Sin embargo, un prudente endeudamiento para financiar inversiones que contribuyesen al desarrollo nacional y que al madurar permitiesen cancelar el principal y los intereses de esa deuda, complementarían apropiadamente al ahorro nacional.

La inversión extranjera orientada a la economía real es bienvenida siempre y cuando se encuadre en el esfuerzo de transformar la matriz productiva y el funcionamiento de las principales cadenas de valor. La desnacionalización de empresas no debiera alentarse pero sí, en cambio, acuerdos de participación que agreguen tecnologías no disponibles en el país, acceso a nuevos mercados y robustezcan la integración con países vecinos o de la misma región.

En cambio, no sirve atraer capitales golondrinas orientados a la especulación financiera ya que así como llegan se van cargando en sus mochilas valores extraídos de la entera sociedad nacional. La desregulación del movimiento de capitales y la renuncia a incidir sobre la utilización de la siempre escasa disponibilidad de divisas genera inestabilidad sistémica que afecta severamente la marcha de cualquier país que no sea emisor de esas divisas. Mucho mejor sería regular con propiedad aquellos factores que inciden sobre el comportamiento del sector externo, promoviendo al mismo tiempo un mercado de capitales fondeado con recursos provenientes de los sistemas de seguridad social y de seguros que requieren aplicaciones de mediano y largo plazo.

De modo semejante, es imprescindible que el sistema financiero sea orientado hacia el cumplimiento de canalizar el ahorro nacional que administran hacia el financiamiento de la economía real, bien alejados de las aplicaciones financieras especulativas. Además, sus carteras crediticias debieran reflejar la diversidad de actores económicos existentes y no centrarse en servir tan sólo a las más acaudaladas empresas y corporaciones.

 Palabras finales

Hemos señalado tremendas pugnas entre actores que pelean por controlar el Estado y manipular las políticas económicas para disponer de la riqueza que la entera sociedad genera. Las pugnas se encubren porque sus resultados en términos de desigualdad, pobreza y pérdida de soberanía decisional son indefendibles a cielo abierto.

Una pregunta que todos debiéramos poder contestar refiere a quiénes deberían decidir si la economía está al servicio del capital o de las personas y el cuidado ambiental, sobre la cultura y los valores, el tipo de información que se trasmite, las interpretaciones que se privilegian. ¿Serán los ciudadanos o mercados conducidos por minorías dominantes? ¿Podremos aspirar a vivir en democracias plenas o tocará luchar permanentemente en democracias capturadas? Buena parte de las respuestas pasa por promover un mayor esclarecimiento y organización social orientados a transformar la correlación de fuerzas predominante. Es que no son hechos tecnocráticos sino políticos (múltiples relaciones entre personas, grupos y países) los que condicionan nuestro existir y también el devenir de nuestro preciado y castigado planeta.

 

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