El costo social y económico de esconder las cárceles bajo la alfombra

Existen hechos que solemos “esconder bajo la alfombra”. Es el caso de todo tipo de abusos y sometimientos, de la precariedad de ciertos sistemas sanitarios, de personas que viven en la calle, de barrios pauperizados, de villas, “pueblos jóvenes” y favelas, también, de las cárceles.

En todas esas situaciones conviven miseria, abandonos, indignidad, con miles, millones de personas acorraladas en adversidades, alienaciones y desamparo, agresores diversos con familias buscando sobrevivir (¡qué presunción!), muchos anónimos heroísmos, talentos esterilizados. Esas complejas realidades atemorizan, son poco conocidas y en gran parte incomprendidas. Lo que no vemos no existe, hasta que ocurre algún hecho que lo hace visible y entonces opinamos con categorías binarias.

Las líneas que siguen se focalizan en las cárceles, donde se arrincona a personas privadas de su libertad. Indagamos sobre las consecuencias de desviar la mirada sobre lo que allí sucede. Las cárceles son espacios muy complejos cargados de brutalidades e iniquidades generadas, o cuando menos agigantadas, por el propio sistema judicial y penitenciario. Ocurre que las cárceles pocas veces logran rehabilitar y reinsertar en  sociedad a quienes son privados de su libertad; más bien, suelen acrecentar odios y crear complicidades con grupos delictivos.

Una consideración inicial es comprender por qué tantas personas son condenadas a la cárcel, muy especialmente aquellos culpables de delitos menores contra la propiedad, como hurtos, robos, arrebatos, venta  minorista de drogas, los cuales conforman buena parte del hacinamiento que prima en casi todos los sistemas carcelarios. Este tipo de delito debe sancionarse pero no necesariamente confinando a los responsables en la cárcel como única opción sino de forma que, como personas en proceso de revisión y reflexión de los actos cometidos, compensen el daño ocasionado. Por ejemplo, existen modalidades de trabajo fuera de la cárcel que permiten reparar económica pero también psicológicamente a las víctimas. Constituyen sanciones socialmente más efectivas que ayudan a recuperar a quienes cometieron delitos menores, a sus víctimas y, al mismo tiempo, reducen el hacinamiento carcelario. Estas penas debieran resultar de una evaluación singular de cada persona que comete un delito menor, contrario a la tendencia de masividad que prima en la mayoría de los sistemas judiciales contemporáneos.

Ocurre que los sistemas judiciales, con excepciones, no han logrado desmasificar el enfoque que utilizan en las investigaciones y condenas. Las ocasionales reformas con las que se los intenta modernizar promueven la celeridad del proceso judicial como una forma de demostrar su efectividad. Poco énfasis se pone en facilitar, al mismo tiempo, que fiscales y jueces puedan discernir cabalmente las singularidades de cada caso. La respuesta frente a la masificación de casos fue estereotipar y homogeneizar realidades que son esencialmente heterogéneas con diferenciaciones subjetivas y de contexto. De este modo, la valoración del proceso judicial se alejó de evaluar la calidad de juicios, sanciones y resultados para centrarse en el número de casos “resueltos”.

Las imperfectas respuestas judiciales a la masificación de casos (lo mencionado sobre singularidades) también dejaron fuera de las circunstancias en que se cometen los delitos, al contexto socioeconómico. El contexto socioeconómico se considera ajeno a la Justicia aduciendo que es responsabilidad de otros poderes del Estado. Es un enfoque que consagra inequidades y contribuye al desprestigio del sistema judicial. Cada vez más voces señalan que las circunstancias de contexto no sólo debieran ser consideradas por quienes formulan los códigos penales sino también por quienes los interpretan y aplican. Un dramático ejemplo vale más que mil palabras: hoy los sistemas judiciales condenan más a personas pobres que a las de mayores recursos, incluyendo delincuentes de cuello blanco que cometen delitos mucho más graves contra miles de personas y el patrimonio nacional.

Consecuencias de ocultar la realidad carcelaria

En pocos países perdura la pena de muerte de modo que cuando una persona privada de su libertad cumple la pena que le fuera impuesta, regresa a vivir y caminar en los mismos vecindarios que frecuentaba antes de su aislamiento. Si se tratase de personas que cometieron delitos menores, sus víctimas y la comunidad en general aspiran a que, al completar sus penas, se hubiesen rehabilitado y no salir de la cárcel igual o peor que antes. Para que así fuere, la sanción de privación de la libertad debiera preservar los demás derechos inherentes a todo ser humano para que puedan realizar el proceso de reflexionar y comprender su responsabilidad en el contexto en el que los hechos ocurrieron. Esto puede lograrse con una adecuada asistencia durante el tiempo de la sentencia más un período después de haberla completado. De este modo se cumplimentaría el propósito formalmente establecido para estos confinamientos pero que pocas veces se alcanza: la reinserción  de quienes cometieron delitos menores a sus comunidades.  

Las consecuencias que buena parte de la población desconozca esta problemática, no se interese por ella o simplemente estigmatice a las miles de personas que cometieron delitos menores, afectan destructivamente a la propia sociedad. Lo más grave es que dejan el espacio de las cárceles librado a grupos muy peligrosos, como organizaciones criminales que reclutan miembros en las cárceles asegurando ingresos y “pertenencia” al terminar su confinamiento. Organizaciones donde se mezclan sectores de la política, la justicia y de las propias fuerzas de seguridad.

El tema de la “pertenencia” es importante a tener en cuenta  en sociedades donde se quiebran los lazos sociales y las personas no sienten que pertenecen a una comunidad que proteja y los contenga. Cuanto más integrada está una persona a su comunidad, respeta más los límites sociales antes de volcarse a cometer delitos. Los presos no asistidos para lograr su rehabilitación encuentran esa pertenencia con grupos delictivos dentro la cárcel, lo cual es difícil de cortar al terminar el confinamiento.

A estas consecuencias se agrega otra de carácter económico: cada persona ingresada al sistema carcelario implica un costo financiado por el presupuesto nacional o magros presupuestos locales; no es gratuito encarcelar personas. El costo varía por países pero en general oscila entre 700 y 1500 dólares mensuales por cada persona privada de su libertad (personal penitenciario, alimentación, servicios médicos, servicios básicos de luz, agua, limpieza, amortización y mantenimiento de la infraestructura carcelaria, etc).  Estos costos se transformarían en una valiosa inversión social si los resultados fuesen positivos o, no existiesen mejores opciones disponibles. Otra razón para explorar nuevos tipos de penas y sanciones.

Las consecuencias analizadas, y otras que deberían agregarse, son de extrema gravedad. Como se señaló, van desde maltratos e indignidades para quienes cometieron delitos menores, hasta hacinamiento carcelario, reincidencia delictiva, inefectividad del sistema judicial penal, más abultados costos del sistema penitenciario que debe atender el erario público.

Podemos cerrar estas líneas destacando que, cuando falta interés y determinación social para abordar la problemática de las cárceles, solo se posterga la resolución de los problemas sociales que generan el cada vez mayor número de personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios.

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