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Democratizar la economía

Es posible democratizar la economía siempre que se logre avanzar sobre lo que sustenta el proceso concentrador. Se requieren cambios de fondo aunque pueden adoptarse medidas específicas que vayan abriendo espacios para una más justa inclusión productiva; entre otras, establecer espacios de negociación para mejorar la distribución de resultados al interior de las cadenas de valor y reforzar entidades que  provean asistencia técnica y financiera de excelencia a emprendimientos de base popular (existentes y otros nuevos que utilicen modalidades de propiedad compartida).

Democratizar la economía implica introducir transformaciones al sistema económico de modo de revertir el actual proceso de concentración de la riqueza y de las decisiones de política económica. Hoy grandes corporaciones, internacionales y locales, hegemonizan el funcionamiento del sistema económico subordinando a los demás actores a sus intereses y conveniencia. Con ello se esteriliza o limita el potencial de desarrollo de la producción nacional con graves efectos sobre el mercado interno, el bienestar de la población y la soberanía decisional. Al concentrarse los ingresos en grandes corporaciones se condiciona severamente la capitalización de empresas pequeñas y medianas y, con ello, su capacidad de invertir para acceder a un sendero con mayor generación de valor y de empleos. Al mismo tiempo, menores o peor pagados empleos afectan el consumo (se reduce la demanda efectiva) y la satisfacción de necesidades populares.

En esas circunstancias crece el endeudamiento de empresas y personas como solución sustituta de corto plazo para compensar la limitación de ingresos genuinos, los cuales sólo aparecerían si se revirtiera el proceso de concentración. Mientras no suceda, el mayor endeudamiento constituye un pingüe negocio para grupos financieros pero no para quienes se deslizan hacia un peligrosísimo sobre endeudamiento. Vale explicitar que uno de los más tremendos mecanismos de apropiación de valor es justamente la sujeción financiera que sufren los actores sobre endeudados.

Varios autores, incluyendo Opinión Sur, han analizado la perversa dinámica de los procesos de concentración, sus efectos e implicaciones. En estas líneas centramos en cambio la atención en algunas medidas específicas que pueden utilizarse para avanzar en democratizar la economía transformando sustentos del proceso concentrador. Entre otras, (i) modificar la distribución de resultados al interior de las cadenas de valor y (ii) asegurar una amplia inclusión productiva de la población económicamente activa fortaleciendo emprendimientos populares existentes y estableciendo nuevos tipos de unidades productivas de base popular (diferentes modalidades de empresas de propiedad compartida). Señalamos que estas medidas significan avances hacia la democratización de la economía porque, para ser plenamente efectivas, necesitan desenvolverse en el contexto de una transformación macroeconómica orientada a asegurar el bienestar general (no favorecer privilegios de minorías), el firme cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de la matriz productiva.      

Modificar la distribución de resultados al interior de las cadenas de valor

En general, las cadenas de valor se estructuran y funcionan de modo de servir principalmente los intereses de las empresas que las lideran. Por cierto existen otras opciones más justas y potentes. Sin embargo, esas mejores formas de estructuración y funcionamiento de las cadenas de valor no emergen espontáneamente sino inducidas, favorecidas y reguladas por un Estado sustentado en nuevas correlaciones de fuerzas sociales y políticas capaces de resistir el poder de imponer que ejercen las empresas líderes. Esto no implica comprometer la viabilidad de las cadenas de valor sino, por el contrario, se robustecen al alinear con equidad los diversos intereses en juego.

Los cambios que se postulan debieran asegurar que todos quienes participan de una cadena de valor se favorezcan con su desarrollo (justa compensación de esfuerzos); que los bienes y servicios producidos no atenten contra un sostenible desarrollo del sistema económico y la salud de su población; que las actividades de toda cadena de valor cuiden del medio ambiente y los derechos laborales.

Habrá que establecer espacios de negociación de precios y condiciones comerciales al interior de cada cadena de valor de modo que no se concentren los resultados en las empresas poderosas sino que los mismos se distribuyan con justicia entre todos los actores que aportan valor a su proceso productivo, pequeños y medianos productores proveedores de insumos y servicios, y el Estado que facilita buena parte de la imprescindible infraestructura social y productiva. Las empresas líderes tendrán que ceder parte de su extraordinaria tasa de ganancia para posibilitar el crecimiento del resto y con ello acercarse a un desarrollo orgánico de la entera cadena productiva. Algunas empresas líderes pueden comprender y adoptar este nuevo paradigma y otras resistirlo. Las primeras perdurarán con la transformación y harán parte de las nuevas eras que la población del mundo reclama; las segundas se verán enfrentadas con perspectivas más y más antagónicas.

Inclusión productiva reforzando emprendimientos populares existentes y estableciendo nuevas unidades productivas de base popular con diversas estructuras de propiedad compartida

Aunque se lo ha instalado en buena parte del imaginario colectivo, es falso que no pueda ofrecerse excelencia productiva y de gestión a quienes han sido siempre postergados. Puede reconocerse que cada transición entraña dificultades pero no cabe ignorar que existen recursos y modalidades organizativas y financieras que permiten incorporar como productores a inmensos segmentos poblacionales sub ocupados o abiertamente desocupados. Es claro que para reorientar y canalizar con efectividad esos recursos es necesario contar con un doble respaldo: firme apoyo político y un comprehensivo sistema de promoción y acompañamiento a la economía de base popular que incluya desarrolladoras y fideicomisos específicos.

Es que los sectores populares que pugnan por incluirse productivamente en el sistema económico hoy deben hacerlo por su cuenta en un contexto de tremenda penuria financiera, tecnológica y de gestión. No disponen de apoyos formales o informales (como los que cuentan las empresas que surgen del riñón de sectores medios altos y altos), y cargan de arranque con la crítica restricción de su pequeña escala.

Salvo excepciones, ¿cómo puede un pequeño emprendedor con escasísimos recursos insertarse en promisorios nichos de mercado, comprar buenos insumos y proveerse de los servicios que requiere, trabajar con una tecnología sencilla pero no rudimentaria y gravosa, defender el precio de lo que produce si no tiene capacidad de negociar mejoras al interior de cadenas de valor en las que su propia actividad es marginal y subordinada a actores de mucha mayor envergadura? ¿Cómo hace un pequeño emprendimiento para encarar obligaciones laborales, permisos, tasas, impuestos y otras obligaciones establecidas para actividades de mayor tamaño y rentabilidad? ¿Cómo podría impedir que su vulnerabilidad lo sitúe como presa fácil de chantajes y coimas por parte de inspectores y oficiales de justicia?

Muy distinta sería su situación si pudiera subir su escala utilizando modernas modalidades organizativas que permiten integrar en emprendimientos de porte medio a quienes hoy sobreviven en meras actividades de subsistencia. Y, como estos emprendimientos no surgen espontáneamente en mercados que les son adversos, cuántas nuevas opciones se abrirían si existiesen desarrolladoras especializadas que acompañasen todo el arduo proceso de promoverlos con el complemento de fideicomisos aportando capitalización inicial y el financiamiento de capital de trabajo. Con esos apoyos se fortalecerían emprendimientos de base popular existentes y se crearían otros nuevos de muy diversa modalidad organizativa; emprendimientos inclusivos como cooperativas de primer y segundo grado; consorcios de pequeños productores para comprar insumos, proveerse de tecnología y comercializar; empresas recuperadas por sus trabajadores; comercializadoras comunitarias; agroindustrias locomotoras de propiedad asociativa que viabilizan la producción de pequeños productores de agricultura familiar; franquicias populares a veces coaligados con un socio estratégico; supermercados comunitarios; núcleos comunitarios de transporte y logística, entre muchos otros.

El sistema de apoyo a emprendimientos de base popular permitiría acceder a factores críticos para cualquier desarrollo corporativo como son excelencia organizativa, tecnológica y de gestión, inserción en promisorias cadenas de valor, contactos y oportunidades comerciales, crédito de corto y mediano plazo, establecer alianzas estratégicas, mantenerse informados de tendencias, oportunidades y riesgos en su sector y en el contexto macroeconómico. Con esto estarán en mejores condiciones para operar exitosamente el proceso de generar y retener valor de modo de poder capitalizarse y sustentarse en el tiempo.

No se completaría la significación y funcionalidad de estos actores económicos si no se señalase un crítico cambio de motivación: su desempeño no se guía por el sólo propósito de maximizar lucros a cualquier costo social y ambiental sino a proveerse de ingresos dignos en actividades que además contribuyan a la sustentabilidad de la economía y el bienestar general. Los actores de la economía popular necesitan promover otros bien diferentes valores que aquellos que suelen primar en los mercados contemporáneos. Saben que no es la codicia, el egoísmo, la voracidad, el destrato a los demás, el puro lucro lo que generará mejores sociedades y que vale sumarse a una lucha cultural que jerarquice valores de responsabilidad con la Madre Tierra y de solidaridad para con los demás. El esfuerzo de asistir a quienes sufren la situación de pobreza perdería su sentido si tan sólo sirviese para generar más actores salvajes que se agregasen al salvajismo que ya existe en los mercados contemporáneos.

 

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