Crecer y distribuir al mismo tiempo

Hay quienes sostienen que un sostenido crecimiento es la mejor estrategia para asegurar el bienestar general y abatir desigualdad y pobreza. Esta afirmación repetida con insistencia esconde verdades a medias y otras críticas cuestiones: ocurre que es a veces cierta y muchas otras veces no, dependiendo del tipo de crecimiento que se practique.Es un hecho en casi todo el mundo que el crecimiento global contemporáneo tiende hacia la concentración de activos e ingresos en relativamente pocas manos; es decir, predomina un cierto tipo de crecimiento –concentrador- que tiene determinados efectos e implicaciones que son bien conocidos, algunos de los cuales fueron abordados en libros y artículos anteriores de Opinión Sur. Las estadísticas de las Naciones Unidas y de otras agencias son contundentes: a nivel internacional unos pocos países concentran la riqueza global y, a su vez, al interior de los países los sectores afluentes constituyen una minoría que coexiste con mayorías poblacionales de ingresos medios, bajos y miserables.

De ahí que lo primero a consignar es que el tipo de crecimiento concentrador que prevalece no resuelve sino que reproduce la desigualdad y, en muchas casos, también la pobreza. Al mismo tiempo se está explicitando que pueden existir distintos tipos de crecimiento por lo que no es apropiado hablar ni ponderar el crecimiento a secas: toca distinguir el tipo de crecimiento en cuestión para poder realmente analizar si esa particular forma de crecer favorece el bienestar general y lleva a abatir desigualdad y pobreza.

También es cierto que en países o localidades que no crecen, o lo hacen lánguidamente, la situación puede ser igualmente problemática, con la pobreza acrecentándose y la desigualdad en aumento.

El crecimiento económico es así un concepto genérico que encierra distintos tipos y variedades de crecimiento, algunos de los cuales pueden considerase como una condición necesaria pero no suficiente para lograr un desarrollo justo y sustentable.

Las políticas redistributivas convencionales

Para encarar desigualdad y pobreza en un contexto de crecimiento concentrador, los países suelen acudir a políticas redistributivas que intentan morigerar los impactos más negativos de ese tipo de crecimiento. Esto es, que el Estado aplica ciertos mecanismos (impuestos, tasas, contribuciones, retención de ganancias extraordinarias, endeudamiento interno y externo) para obtener recursos que luego destina a financiar infraestructura social y económica que provea servicios básicos a sectores rezagados y vulnerables. El monto de captación de recursos tiene claros límites: es que la carga tributaria no debiera tornar inviable a la producción nacional, ni los niveles de endeudamiento sobrepasar la capacidad de pago de las deudas contraídas. Por el lado de la implementación, al igual que en el ámbito privado o de las organizaciones de la sociedad civil, pueden aparecer serios problemas de ineficiencia, corrupción o clientelismo.

Los países afluentes y algunas dinámicas economías emergentes canalizan cifras significativas para financiar las políticas redistributivas. Con ello logran reducir en mayor o menor medida los índices de pobreza e indigencia a través de mejoras o aumentos de cobertura en educación, salud, seguridad social, saneamiento ambiental, soluciones habitacionales. Lo que casi nunca logran reducir es la desigualdad por que los excedentes que siguen acumulando los sectores afluentes son consistentemente mayores que los recursos que se canalizan hacia las políticas redistributivas; los resultados de esa particular dinámica económica se mantienen porque su lógica no es alterada.

Desde las ciencias sociales se explica que, iniciado un proceso de acumulación de activos, las ventajas relativas que adquieren quienes se favorecen con ese tipo de crecimiento desatan fuerzas no sólo económicas sino también políticas, sociales, comunicacionales, que se entrelazan y llevan a reproducir las circunstancias que hacen posible la concentración. Convergen así una concentración de poder económico en ciertos actores que logran obtener crecientes ventajas competitivas respecto a los demás; mercados oligopólicos que posibilitan que algunos actores obtengan ganancias extraordinarias a expensas del resto; una correlación de fuerzas políticas que impide adoptar reformas impositivas profundas manteniendo la regresividad del sistema tributario; la vigencia de laxas regulaciones de la actividad económica que posibilitan conductas abusivas o delictivas; la reproducción de mecanismos que permiten a ciertas empresas y a las organizaciones delictivas evadir normas y responsabilidades legales de modo de maximizar beneficios y blanquear dineros mal habidos; la concentración de los medios de comunicación que facilita imponer agendas y condicionar la opinión pública y la acción gubernamental.

Vale puntualizar que las políticas redistributivas pueden utilizarse tanto para amenguar efectos no deseados de un crecimiento concentrador sin modificar su naturaleza como para, por el contrario, acompañar y reforzar esfuerzos que procuren transformar esa forma de crecer. Tan distinta funcionalidad dependerá de la orientación que se le estuviese imprimiendo al desarrollo nacional ya que es en ese contexto que se definen los objetivos que habrán de perseguir las políticas redistributivas.

Por tanto, así como hay distintos tipos de crecimiento económico también pueden adoptarse distintos tipos de políticas redistributivas, una doble obviedad que, sorprendentemente, es con frecuencia ignorada.

Un objetivo adicional para las políticas redistributivas: financiar la formación de capital en sectores rezagados

Nos preguntamos entonces cómo desde el ámbito de las políticas redistributivas se podría incidir para avanzar hacia un crecimiento económico justo y vigoroso que sirva de basamento a un desarrollo sustentable.

Una opción transformadora de la mayor importancia es canalizar una parte significativa de lo que se quiere redistribuir hacia la formación de capital en los sectores mayoritarios que reciben poco o muy poco de los resultados del crecimiento económico contemporáneo. El propósito es movilizar el talento y la potencialidad productiva que anida en esos sectores absurdamente desaprovechados y, con ello, lograr varios efectos al mismo tiempo: contribuir al desarrollo económico local, mejorar la distribución del ingreso y reducir paulatinamente la dependencia de las propias políticas redistributivas.

Esta acción redistributiva no se agota en tan sólo canalizar financiamiento hacia los sectores mayoritarios: requiere hacerlo efectiva y responsablemente, asegurando sustentabilidad a las soluciones productivas que se adopten y promoviendo actores económicos que no afecten el medio ambiente y la cohesión social. Existen para ello mecanismos e ingenierías de negocios disponibles que permiten articular pequeños productores hoy dispersos con socios estratégicos y aportantes de capital –todos comprometidos con un rumbo de crecimiento con inclusión- en empresas de porte medio que se desempeñen con efectividad logrando acceder a mejores oportunidades. Esto incluye a los emprendimientos inclusivos y las desarrolladoras que los promueven, temas que Opinión Sur ha venido trabajando desde hace algunos años.

Esta acción transformadora se caracteriza entonces por (i) orientar recursos hacia la base de la pirámide social de modo de promover su movilización productiva; (ii) dada la envergadura de los desafíos a enfrentar, la acción necesita ser de amplia cobertura y no limitarse a encarar unos pocos proyectos; (iii) para asegurar efectividad, se apunta a establecer emprendimientos en sectores promisorios y con adecuadas productividades; y (iv) promueve la emergencia de actores económicos responsables que en su accionar cuiden el medio ambiente y fortalezcan la cohesión social. El propósito último es lograr una masiva, efectiva y responsable movilización productiva de las mayorías hoy postergadas o marginadas, movilización que se constituye en uno de los sustentos de un crecimiento no concentrador.

El despliegue de las políticas redistributivas

Las políticas redistributivas son gestionadas por el Estado pero, para ser efectivas, necesitan involucrar a una diversidad de actores y, por tanto, desplegarse en varios niveles: (i) a nivel de las políticas macroeconómicas (gasto público, tributarias, monetarias, científicas y tecnológicas) de modo de ajustar su orientación para atender con efectividad los intereses y necesidades de la base de la pirámide social; (ii) a nivel de promover cambios en la conducta mesoeconómica de quienes lideran cadenas productivas que inciden decisivamente sobre las compensaciones salariales y demás condiciones laborales, tienen la capacidad de promover el desarrollo orgánico de todos los integrantes de su cadena de valor y, con sus decisiones operacionales y de inversión, pueden generar efectos positivos o negativos sobre el contexto social en el que se desenvuelven; (iii) a nivel de de las acciones de apoyo directo a los sectores postergados para financiar y estructurar adecuadamente su acceso a la formación de capital de la cual derivar mejores ingresos; y (iv) a nivel de quienes son formadores de opinión pública (medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales) con el propósito de asegurar respaldo ciudadano a la adopción de un rumbo de desarrollo justo y sustentable.

Las medidas que implementan las políticas redistributivas tienen diferentes alcances. Algunas medidas impactan a casi todos los sectores de bajos ingresos, como un mayor y mejor gasto en educación primaria, colegios técnicos, centros de salud y hospitales, saneamiento ambiental y seguridad de sus vecindarios. Otras medidas tienen en cambio impactos diferenciados como, por ejemplo, mejoras salariales y de condiciones de trabajo que benefician preferentemente a trabajadores registrados, sólo indirectamente a los trabajadores informales y no benefician a desocupados e indigentes que realizan trabajos ocasionales de subsistencia.

En lo que hace a promover la formación de capital en los sectores de la base de la pirámide social hay mucho por considerar. La política económica generalmente plantea la necesidad de incrementar la inversión y la formación de capital en todos los sectores, a veces priorizando aquellos considerados más promisorios y estratégicos para el desarrollo del país. Lo que no siempre se explicita es qué actores sociales son los que participarán de ese incremento de la inversión y, en particular, cómo los sectores mayoritarios podrán canalizar una parte del ahorro nacional para financiar su propia formación de capital contribuyendo así a abatir desigualdad y a reforzar la sustentabilidad socioeconómica del crecimiento.

De ahí que no sea suficiente tan sólo determinar qué nivel de formación de capital es necesaria para sostener un cierto nivel de crecimiento (por ejemplo, 5 % de variación anual del PBI), sino también considerar la composición del nuevo capital que se agrega a la economía. El tipo de formación de capital que prevalezca tendrá implicaciones en varios aspectos: desde el grado de crecimiento orgánico que se logra hasta cómo y en qué magnitud los diferentes actores aprovechan los efectos de las nuevas inversiones.

Al considerar esa doble vertiente de efectos (sobre el crecimiento y la distribución del ingreso) derivados del tipo de formación de capital adoptado, pasamos a trabajar ya no con una sino con un conjunto de condiciones necesarias para acercarnos a la utopía referencial de lograr un desarrollo justo y sustentable.

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