¿Calificadoras de riesgo?

¿Qué riesgos califican las calificadoras de riesgo? ¿Para quién califican? ¿En base a qué criterios califican? ¿Quiénes son sus propietarios? Hay mucha controversia sobre el papel que cumplen y a quiénes en definitiva sirven. Crecen las opiniones de establecer calificadoras de otra muy distinta naturaleza.

Las calificadoras de riesgo son empresas privadas que se conformaron para proveer a eventuales inversores estimaciones del riesgo inherente a los diferentes activos en los que podrían invertir. Luego extendieron el alcance de las evaluaciones a los riesgos soberanos (riesgos relacionados con la solidez o debilidad de un país para hacer frente a pagos de su deuda externa). Tres empresas de origen estadounidense – Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch- dominan como un típico oligopolio el mercado de la estimación de riesgos.

En un comienzo eran los eventuales inversores quienes pagaban para obtener la estimación del riesgo pero con el tiempo quienes pagan a las agencias de calificación de riesgo por esa estimación son los emisores de acciones, bonos o títulos interesados o necesitados de recibir inversiones. Esto generó gravísimos conflictos de intereses porque se fue dando una suerte de encubierta colusión entre evaluados y evaluadores ya que el negocio de las agencias calificadoras de riesgo es el lucro que obtienen al evaluar; en ese sentido, sus beneficios como empresas privadas dependen de ser contratados por quienes requieren ser evaluados por ellas. Además, sus “calificaciones” inciden sobre los mercados y la misma marcha de las economías nacionales con lo que se abren grandes espacios para la codiciosa especulación financiera que realizan, por cierto sin escrúpulo alguno, quienes se favorecen con sus determinaciones [1]. Todo esto incide sobre lo que supuestamente son principales activos de las calificadoras, su credibilidad y profesionalismo, que son subordinados al afán de obtener el mayor lucro posible. Muy distinto sería el escenario si en lugar de detentar una posición tan dominante, las calificadoras debieran competir en credibilidad y profesionalismo con otras entidades de mejor reputación como podrían ser calificadoras establecidas por asociaciones de países; calificadoras europeas, asiáticas, africanas, latinoamericanas mucho más conocedoras de esos espacios regionales y sometidas a regulaciones y supervisión hoy inexistentes.

Lo que está en juego es definir el tipo de riesgo que se evalúa, con qué propósito, en base a qué criterios y para quien se lo realiza. Si se califica el riesgo puramente financiero de una inversión sin considerar su impacto sistémico, la valoración para la humanidad de lo que se produce, los efectos colaterales negativos que pudieran provocar sobre el medio ambiente, sobre la concentración de la riqueza y la agudización de la desigualdad, si no se considerasen los efectos multiplicadores que las inversiones generan y qué actores podrían apropiarlos, su impacto sobre la balanza de pagos y la integración regional, para sólo mencionar algunas de las dimensiones que hoy son ignoradas o marginalmente evaluadas, los resultados que se obtengan serán muy diferentes a si todos o varios de esos críticos aspectos fuesen incorporados al proceso evaluador.

Esto se agrava cuando existen normativas en la mayoría de países exigiendo a los grandes fondos de inversión que administran recursos de fondos de pensiones, de aseguradoras y de patrimonios de familias afluentes, limitarse a invertir en activos con “buena” calificación de riesgo realizadas por calificadoras de renombre, esto es las tres grandes calificadoras estadounidenses. De este modo, se establece una suerte de filtro legitimador de inversiones que califica cuales son buenas, regulares o malas en función de criterios desprendidos de intereses y sus ideologías de sustento que son presentadas como verdades universales cuando que, en verdad, sólo constituyen una dura imposición en perjuicio de intereses y perspectivas del resto del mundo.

La magnitud de los recursos así direccionados es fenomenal y el tipo de gestión que se utiliza constituye uno de los principales factores generadores de las recurrentes crisis sistémicas. Es que cada fondo es conducido por administradores que reciben el mandato de maximizar beneficios ponderados por los riesgos asumidos que son sesgada y parcialmente evaluados por las grandes calificadoras. Esto condiciona la asignación de sus cuantiosos recursos a una esperada rentabilidad que podría o no compadecerse de los intereses y necesidades de grandes mayorías poblacionales. De no obtener la rentabilidad esperada, los administradores pierden los generosos bonos por “éxito” o son despedidos. Así el mundo queda a merced de gestores orientados por el afán de lucro que no están obligados a tomar en cuenta las consecuencias de su accionar sobre el conjunto social ni el sistema que los privilegia. Estamos en presencia de burocracias entrenadas y alentadas a especular que no miden ni consideran los efectos colaterales de sus decisiones – [2] .

Queda claro que las actuales calificadoras de riesgo constituyen una parte esencial de la dinámica concentradora que predomina en el mundo. Si, en cambio, las evaluaciones se orientasen a identificar inversiones que contribuyesen a mejorar el bienestar general, el cuidado ambiental y la estabilidad sistémica, sería imprescindible y posible reemplazar las calificadoras existentes por otro tipo de entes calificadores, uno que amplíe los criterios de evaluación de modo de agregar a los riesgos financieros otros riesgos económicos, sociales y ambientales. Sería pasar de un sistema evaluador sólo dedicado a proteger la rentabilidad de los inversores a otro más comprehensivo que, sin desconocer legítimos intereses, sepa subordinarlos al bienestar general, a un saludable crecimiento orgánico de las economías y a un firme cuidado ambiental.

Notas

[1] Wall Street Journal Américas del 4 de febrero 2015 informa que Standard & Poor’s acordó pagar US$1500 millones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y 19 Estados de ese país para cerrar una investigación que alegaba que la agencia engañó a inversionistas al presentar calificaciones incorrectas de bonos hipotecarios en el preludio de la crisis financiera de 2008.

[2] ¿Arde el mundo?.

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