Nunca estas palabras cobraron tanta importancia, a pesar de que son la conclusión habitual de la ceremonia civil en la que un juez consagra en nombre del Estado laico el casamiento entre un hombre y una mujer. Hasta ahora.

A partir de julio, la Argentina es el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. No es un reconocimiento de derechos asimétricos, como ocurrió ya en Uruguay u otros países, donde la unión civil entre el mismo género ya es legal. Lo que hizo el Parlamento argentino es una equiparación de derechos, asimiló el status legal para heterosexuales y homosexuales, como sólo lo tiene un selecto club de nueve países (en su mayoría europeos).

La reforma social más trascendente desde la aprobación de la ley de divorcio hace 25 años llegó luego de un arduo debate político que se trasladó a la opinión pública y puso sobre la mesa un tema que era sólo elaborado en sectores urbanos progresista de elite.

La amplificación de un asunto tabú acarreó una de cal y una de arena. Por un lado, quienes militaron por la aprobación de la medida se brindaron en su mayoría a un operativo pedagógico para ilustrar lo mejor posible la importancia del tema. Por otro, la cúpula de la Iglesia Católica y agrupaciones conservadoras mostraron su versión más rancia en una ofensiva mediática y política en la cual apelaron a los más reaccionarios prejuicios contra la comunidad gay.

Pero la Iglesia y la comunidad gay son sectores, y como tales expresaron sus posturas parciales e interesadas. El Congreso pudo traspasar esa puja y se puso por encima de ambos, funcionando con normalidad y tratando el tema con una calidad republicana poco habitual para la crispada política argentina.

Días después del histórico 15 de julio, los primeros contrayentes del mismo sexo que esperaron por años la igualdad jurídica, pudieron escuchar por primera vez en la historia latinoamericana las palabras de la boca de un juez que, amparado en la ley, los declaró, más que nunca, unidos legítimamente en matrimonio. De hecho y de ley.