La situación en las cárceles es realmente dramática. Lo que fue pensado como un ámbito de reinserción es hoy un lugar de reclusión, donde lo que impera es la violación de los derechos humanos. En esta nota, te ofrecemos un panorama de la situación en las cárceles argentinas, algunas causas sobre la delincuencia y un debate siempre irresuelto. ¿Cómo lograr una adecuada reinserción en la sociedad de aquéllos que cometieron delitos? Esa respuesta la tendrás en la segunda parte de esta nota.

Las cárceles son un ámbito hostil y violento. Desde su creación tuvieron una función de aislamiento y encierro de todos aquéllos que, a criterio de las clases dominantes, perturbaban el orden social. Aunque no muchos quieren mirar al interior de sus paredes, las prisiones funcionan como una comunidad que debe regirse por normas de convivencia y comportamiento impuestas por sus autoridades. Dentro de sus muros, la vida es un suplicio; la muerte, una estadística muy alta; y los derechos humanos, una excepción. ¿Son las cárceles posibles espacios de inserciónsocialización?

El complejo problema de la inseguridad es generalmente analizado por los medios masivos de comunicación y gran parte de la sociedad, tomando en cuenta sólo sus consecuencias. Sin embargo, como queremos evidenciar en este trabajo, el punto central de la cuestión radica en las condiciones económicas y sociales que dividen a la sociedad y la fragmentan. De movida, vale aclarar que este artículo no dará una respuesta ni a éstas ni a otras preguntas que puedan surgir en el camino. La idea es simplemente motivar el debate.

Seres…

¿Cómo se llega a ser delincuente? ¿Cómo se debe considerar a un sujeto que infringe la ley? Nuri Albala y Evelyne Sire-Marin, abogado y magistrado respectivamente, definen desobediencia cívica como una expresión de la ciudadanía que apunta a “cuestionar un orden jurídico injusto y obtener el reconocimiento de nuevos derechos”. Luego, agregan que el derecho internacional y las leyes nacionales autorizan a resistir a la autoridad en nombre de los derechos humanos . [1]

El derecho -aclaran- “puede convertirse efectivamente en un instrumento de cambio en manos de los ciudadanos. Pero para ello debe existir la posibilidad de presentar el caso ante un tribunal, lo que no siempre es factible”. [2]

En una nota publicada en la página www.argenpress.info por Prensa de Frente, se cuestiona el discurso de los medios de comunicación sobre la inseguridad: “La sumatoria de distintos hechos delictivos se presenta como una ‘ola’ que no puede más que generar miedo e impotencia al ‘ciudadano de a pie’. Ante esto, la conclusión que se difunde es que es necesario aumentar la rigidez de las penas y reducir la edad de imputabilidad. (…) los hechos que más comúnmente trascienden las fronteras mediáticas son aquéllos que tienen como víctimas a los sectores más pudientes de la sociedad”.

La postura de la mano dura como solución para terminar con la inseguridad es compartida y alentada por un sector que está tomando un nuevo impulso. La nota antes mencionada expresa una visión del problema, al afirmar que el crecimiento de la violencia delictiva en las últimas décadas, la heterogeneidad de los delitos y su modus operandi “dan señales de que se trata de prácticas crecidas al calor de la marginalidad (…) producto de una política económica desarrollada sobre la base de la expulsión del sistema productivo de las grandes mayorías populares”. [3]

Según un estudio académico realizado por Info-Habitat, el equipo de investigadores geográficos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en los últimos cinco años casi se triplicaron las villas en los 24 distritos que integran el gran cordón del conurbano bonaerense. El Gran Buenos Aires pasó de tener 385 asentamientos de emergencia (registrados durante el censo de 2001) a albergar más de 1000. Las estadísticas indican que durante 2001 se registraron 638.667 personas que por entonces vivían en esos núcleos, mientras que actualmente la cifra es de 1.144.500 personas. Por último, el estudio agrega que en el conurbano bonaerense se concentra el 85% de los asentamientos de emergencia que tiene la provincia. “En el interior, son muy pocos los pueblos y las ciudades que tienen villas”, dice Raúl Fernández Wagner, director de la investigación geográfica de Info-Habitat.

Cifras dadas a conocer por la Coordinadora de Villas del gobierno porteño indican que en la Ciudad de Buenos Aires, la población en asentamientos aumentó el 30% durante los últimos cuatro años, al pasar de 110 mil a 150 mil habitantes; mientras que hay más de 400 mil personas que viven en emergencia habitacional.

Paradójicamente, en la Ciudad se construyen 100 edificios por mes, en el marco de lo que se ha denominado boom inmobiliario. Claro que como se escribe en una nota del diario La Nación,“gran parte de los nuevos desarrollos son los conocidos como -torres Premium- que brindan laundry, pileta, solarium y planta baja libre” [4]. Estos emprendimientos millonarios contrastan con las estadísticas propias del Gobierno de la Ciudad, que alarman sobre el aumento de la pobreza y las villas.

En definitiva, si una gran parte de la sociedad permanece afuera del sistema productivo, si muchas leyes se imponen desde el sector social que posee los recursos materiales e intelectuales para dirigir las instituciones y diseñar una forma de vida acorde a su ideología (racionalidad que le impide entender la percepción del mundo y la forma de pensar y actuar de los amplios sectores sociales desfavorecidos), si la pobreza y la indigencia aumentan y generan exclusión, entonces es imprescindible tener todos estos datos en cuenta para analizar el problema de la delincuencia y pensar en la importancia de la inserción social y económica de los sectores marginados.

Derecho a la cárcel

Al hablar de reinserción se infiere que debe “insertarse” algo que estuvo dentro y por algún motivo salió. Entonces, ¿estamos utilizando la palabra correcta al hablar de los presos como sujetos que deben reingresar en la sociedad? ¿Por qué hablamos de reinserción cuando la mayor parte de los habitantes de las cárceles llegan de sectores que se encuentran fuera de la consideración del Estado? ¿Se puede hablar de “retorno” cuando sus derechos y sus necesidades no son atendidos, ya sea en cuanto a educación, salud, alimentación o en cuanto a una vivienda digna y un trabajo?

Pensemos en los menores que caen en esos pozos de incertidumbre y destrucción que son los institutos… ¿Alguna vez estuvieron insertos en el sistema?

Laura Melillo es la fundadora y ex-coordinadora general del Programa “A sol y sombra”, creado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad a comienzos de 2003 para brindar educación media en los institutos de menores. En una charla extensa con Opinión Sur Joven, Laura contó su experiencia en los institutos.

“Viven en condiciones horribles: suciedad, humedad, frío. Los pibes están presos en Capital porque cometieron el delito acá, aunque vivan en otro lado. Eso es espantoso. Si sos menor y cometiste un delito, no te pueden aislar y llevarte a la otra punta, donde tu familia no te puede visitar. Te separan, te sacan, te aíslan…”, cuenta.

-¿Cómo laburan los profesores con esa realidad?

Se las tienen que ingeniar, motivarlos. Nosotros vemos a la persona que está ahí, que en algún momento va a salir y que tiene el derecho inalienable a estudiar. Lo que queremos es que ejerza esa posibilidad porque estudiar le va enseñar a pensar, y pensar le va servir para toda su vida.

“Horroriza ver cómo mezclan en los institutos -prosigue-. Ponen a un pibe que afanó por primera vez con uno que tiene tres secuestros…y los ponen juntos en el mismo pabellón. Eso es altamente injusto, dañino. Para mí es muy difícil que los chicos salgan mejor de lo que entraron. Por eso es muy importante que esté la educación”, concluye.

Una vez en prisión, las personas marginadas pasan a tener un lugar en la consideración del gobierno, por el temor a que éstos -una vez que salgan a la calle- vuelvan a delinquir y sean un peligro para la “paz” social. ¿Qué se debe hacer con los presos? ¿Hay que mantenerlos en un ámbito que los perpetúa en la marginación, sin posibilidades de cambio? Desde luego que pocas veces se plantea el daño físico y mental que los seres humanos privados de libertad sufren durante su estadía entre rejas.

En las cárceles argentinas, según el Censo Penitenciario Nacional realizado en 2004, viven 54.472 personas. El 95% son hombres. Durante 2002, el índice de pobreza en la Argentina superó el 50% y la tasa de delitos subió al nivel más alto. Otros números llamativos indican que la reincidencia de los detenidos con condena es de casi el 30%, mientras que en toda la población carcelaria el promedio es del 12%. En La Pampa, más de la mitad de los presos vuelven a delinquir y en Córdoba el nivel de reincidencia llega al 40%.

Según el artículo 18 de la Constitución Nacional, las cárceles deben ser “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. En nuestro país, sin embargo, no cumplen con las mínimas condiciones de higiene y -lo que es peor- se vive en situación de hacinamiento por la sobrepoblación.

Un artículo publicado por integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Rubén Alderete Lobo [5] expone minuciosamente sobre las condiciones de vida de procesados y condenados en Argentina. “La cantidad de personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires se incrementó drásticamente en los últimos años”. Entre las causas de este aumento citan las reformas de los mecanismos de excarcelación y el aumento de las penas. “Entre 1999 y 2006 la población penal aumentó casi el 80%”. Junto con el aumento de la población en las cárceles, creció el porcentaje de presos sin condena: en diciembre de 2004, el 60% de los detenidos en cárceles argentinas no tenía sentencia.

En estas condiciones se viola el derecho de los reclusos a recibir un trato digno y condiciones de detención adecuadas. Para Alderete Lobo, Ales y Borda “es evidente la inobservancia por parte del Estado”, y creen que el exceso de población en las cárceles “imposibilita la asignación de tareas laborales a todos los internos y la participación en actividades educativas y recreativas, obstaculizando su reinserción social”. Sin embargo, en su artículo esbozan la expectativa de un cambio, iniciado por la sanción de la Ley 13.449, que modifica el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a esa sanción se ha logrado bajar los requisitos para que los jueces otorguen la excarcelación a quienes se encuentran bajo proceso penal en la provincia; la ley permite que muchas personas permanezcan en libertad mientras esperan el juicio oral y público. “No está de más recordar que este proceso, que en una de cada cuatro oportunidades termina en el sobreseimiento o la absolución del imputado, difícilmente concluye en menos de cuatro años”, explican.

Las denuncias por tratos inhumanos y degradantes, y la aplicación de torturas a detenidos y sospechosos de haber delinquido en comisarías y prisiones se hacen públicas por parte de organismos de defensa de los derechos humanos y organizaciones que combaten la violencia estatal, como el mencionado CELS y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

A pesar de que la tortura constituye la más grave violación a los derechos humanos y su prohibición está estipulada en un sinnúmero de convenciones internacionales, todavía se sigue aplicando en los centros de detención, no sólo de la Argentina, sino del mundo entero.

El Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se inspira en la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en visitas a lugares de detención durante los conflictos armados. El protocolo se apoya en la propuesta de un sistema de visitas regulares a lugares de detención en todo el mundo, desarrollada por Jean Jacques Gautier, fundador de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

Este enfoque, según el Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo, es innovador porque el sistema que se instituye “está concebido para prevenir las torturas en vez de reaccionar cuando ya se han aplicado”. Argentina ratificó el protocolo en noviembre de 2004 y se convirtió así en el primer Estado parte de América Latina. Esta convención internacioanl permite realizar visitas periódicas a los lugares de detención (no sólo comisarías o cárceles sino también otros centros como institutos de menores, de las Fuerzas Armadas, dependencias de los establecimientos médicos y psiquiátricos, etc) sin tener que solicitar permiso previo y otorga facultades de ingreso irrestricto a cualquier centro, entrevistas de manera privada y sin testigos con cualquier persona, acceso a documentación de detenidos y derecho a revisar reglamentos, entre otras amplias facultades.

Salir para Ingresar

Fabián Henry pasó 15 años recluido en distintas cárceles argentinas, experiencia que le permitió conocer la crudeza de la vida en el encierro. En la actualidad, se ocupa de ayudar a presos y ex presos para que puedan cambiar de vida y tengan oportunidades de insertarse. Trabaja como asesor del diputado nacional Rafael Bielsa en asuntos penitenciaros y preside Artistas entre Rejas, una asociación civil que busca fomentar el arte entre los detenidos y ex detenidos. Opinión Sur Jovenhabló con él sobre el problema de las cárceles:

-¿Creés que la cárcel cumple una función de resocialización y de inserción en la sociedad?

No, al contrario, creo que la cárcel es un depósito de carne humana, una escuela del delito, una fábrica de monstruos; creo que es un gran negocio, donde el ser humano empeora. Si bien llega mal, con conductas nocivas, en la cárcel las va a empeorar. Va a empeorar su condición, por las cosas que le toca vivir adentro. No hay criterio, no hay un trabajo ordenado, responsable. Como a todo el mundo le importa un bledo quién está preso, creo que hay cosas que no se han mirado nunca. No darle un buen tratamiento al que llega significa entregarle a la sociedad un monstruo. (Hace clic acá para leer le entrevista completa)

Lamentablemente, lo que sucede en cada centro de detención del mundo es muchas veces materia de discusiones triviales o intereses ocultos. Lo esencial del problema se pierde en la bruma de las palabras, que enturbian la visión completa de una sociedad cada vez menos igualitaria y más individualista… una sociedad integrada por sujetos que sólo miden los progresos del conjunto en términos de beneficio personal. Dentro de este marco general -que delimita la pintura de la violencia institucional y la perpetuidad de un orden injusto- la cuestión de la inserción social merece un espacio aparte, en donde sea posible exponerla en su justa medida. A ello, justamente, se abocará la próxima nota.

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[1] Como ejemplo pertinente para esta nota: un miembro del Servicio Penitenciario no está obligado a obedecer una orden proveniente de la autoridad legítima que le indique torturar a un detenido, ya que esta orden viola los derechos humanos del recluso.

[2] “Hasta dónde obedecer a la ley”, Nuri Albala y Evelyne Sire-Marin., Le Monde Diplomatique, abril 2006.

[3] “La visión mediática de la ‘ola de delincuencia’ ”, Prensa de Frente, www.argenpress.info.

[4] “Buenos Aires. Opulencia y fragmentación.”, La Nación, 30/ 07/ 2006

[5] “Buenos Aires. Opulencia y fragmentación.”, La Nación, 30/ 07/ 2006