El desmonte salvaje sigue ocurriendo en el monte chaqueño y peligra la mantención de su ecosistema. Ambientalistas reaccionan y se movilizan para frenar la deforestación. Grietas de la ley de Bosques y déficit de cumplimiento.

Corría noviembre de 2007. Tras una campaña que recolectó un millón y medio de firmas para respaldar el proyecto de ley de protección a los bosques nativos argentinos, el Senado convirtió en realidad el sueño de muchas organizaciones ambientalistas.

Aquella normativa establecía una moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realizase un ordenamiento territorial de sus bosques y los fondos para cuidarlos (a ser administrados por cada gobierno provincial). El peligro que buscaba repelerse era el temido desmonte, un accionar que parecía una verdadera patología desatada sin control, especialmente en el noreste argentino. Al momento de sancionar la ley, desaparecían 40 hectáreas por hora, lo que representaba 40 canchas de fútbol, es decir, 300.000 hectáreas por año. Según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año.

La tragedia ecológica tenía nombre y se llamaba región chaqueña, un área de monte que se extiende por las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe y Córdoba, Paraguay y sureste de Bolivia. Un mar de matorrales, algarrobo y, por supuesto, quebracho. Hoy, más de cuatro años después, la situación encuentra mejoras pero la región chaqueña vuelve a ser noticia. Especialmente por la deforestación en esa área famosa por su potente nombre: El Impenetrable. Conocido por la dificultad de atravesarlo por lo agreste y tupido de su vegetación, cobija cuatro millones de hectáreas de bosques nativos con varias especies seriamente amenazadas como el yaguareté y el oso hormiguero.

En El Impenetrable viven cerca de 60.000 personas, la mayoría indígenas qom y wichís, campesinos y pequeños productores rurales. Millares de familias que residen allí basan su sustento en la producción vacuna y caprina, con índices de pobreza alarmantes.

A pesar de la ley de Bosques, el gobierno de la provincia de Chaco dispuso un plan ganadero con el objetivo de duplicar el stock ganadero para el 2015 y pasar de las 2,6 millones de cabezas actuales a 5 millones. Para ello, autorizó deforestación en un área “amarilla” según el mapa de ordenamiento territorial dispuesto por la ley de Bosques, lo que significa que es El Impenetrable es un área que exige tratamiento especial y sustentable o incluso el resguardo de la actividad.

No pasarán

Como consecuencia de la política del gobierno chaqueño, en las últimas semanas hubo una sostenida campaña de la ONG Greenpeace, junto a otras organizaciones y militantes, para frenar el paso de las topadoras y los camiones y, así, los desmontes, exponiendo las grietas de la implementación en la ley de Bosques, o al menos, los desafíos pendientes.

“Estamos realizando acciones directas pacíficas para que la zona amarilla del Impenetrable no se desmonte más. Es una zona donde no se puede autorizar más desmontes de tipo intensivo, y están destruyendo lo último de los quebrachales que queda”, explicó en diálogo con Opinión Sur Joven la ambientalista Noemí Cruz, de Greenpeace Chaco. Según Cruz, la deforestación autorizada “afecta a quebrachos juveniles, a pesar de que el gobierno de esa provincia considera que son bosques de escaso valor. Se trata de una nueva generación de árboles en pleno crecimiento”.

Las acciones de este grupo de ambientalistas tuvo lugar cerca de la ruta interprovincial entre Chaco y Santiago del Estero y en las inmediaciones del Parque Nacional Copo. Los manifestantes frenaron camiones apostándose en el medio de la ruta y, según Cruz, “algunos camioneros cuando se les cuenta lo que pasa se sienten aliviados de no proceder”. “En Chaco desde 2011 se autorizaron varios desmontes en las zonas amarillas que no se debían autorizar, se quieren generar sistemas hidropastoriles para ganadería intensiva, y no extensiva (que cría ganado bajo monte). Acá se sacan los árboles y queda una zona como si fuera pastizal”, agrega.

Cruz, una joven salteña que se traslada permanentemente por el noreste argentino, reclama que “el Estado cumpla la ley que puso”, y cuenta que en otras provincias la situación también es deficitaria, como en Salta, donde se “hacen artilugios para recategorizar áreas protegidos que pasan a categorías que no merecen protección”.

En su reclamo, enfatizó que quienes incluso desde la buena fe consideren esta deforestación como “sustentable es porque no analizan el impacto de lo que están haciendo y cómo. Es ganancia a corto plazo por la ganadería”, y recordó que si se aniquila el particular ecosistema de la zona se puede poner en peligro a las comunidades indígenas cuya economía de subsistencia está basada en el monte chaqueño.

Por su parte, el ingeniero Miguel Brassiolo, miembro de la Red Agroforestal y profesor de la Universidad de Santiago del Estero, dijo que “se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío”, ya que por un lado “los desmontes se redujeron casi a la mitad, pero es necesario seguir exigiendo porque la situación es alarmante”.

“Si bien las provincias pasaron de no hacer nada a hacer algo, no podemos decir que estamos bien, hay situaciones que son un desastre. Hay falla desde todos los niveles, Nación y provincias”, señaló en entrevista con Opinión Sur Joven, e hizo un llamado a pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo.

Según explicó, “hay que ver qué es lo que evaluamos en el cumplimiento de la ley. Hasta ahora solo se controla lo que sale del campo, qué cantidad de madera. Pero nunca se evalúa cómo queda el bosque después de que la madera sale. Se evalúa con imágenes satelitales si desmontaron en exceso, pero también la ley exige que se dejen buenas condiciones”.

Producción vs. Calidad de vida

Brassiolo coincide con Cruz en que las zonas amarillas (3,1 millón de hectáreas en Chaco) no pueden ser desmontadas, y que la ley de Bosques en su espíritu planteaba pisos mínimos para deforestar, “y si son mínimos, puede ser siempre menos pero nunca más lo que disponga el gobierno provincial”.

También cuestionó que haya provincias como Córdoba y Santa Fe que no culminaron su proceso de zonificación, es decir, el mapeo del bosque chaqueño y su necesidad de preservación y estado.

“La ley establecía un año para la zonificación, pero algunas provincias no lo tienen hecho, por ejemplo. La ley es un instrumento nacional muy ambicioso, bastante de avanzada porque se pone al bosque como recurso estratégico, lo que hacen las provincias es que tienen a la tierra como el recurso estratégico y no al bosque, por el avance de la frontera agropecuaria. Hay una lucha permanente de intereses entre los que quieren agricultura y los que quieren cuidar el bosque”, subraya.

Brassiolo indica que en Paraguay el bosque chaqueño está en territorio donde la población es principalmente indígena o residen colonias menonitas, y éstas últimas tienen “un sistema agrícola intensivo pero que ya se está limitando porque vieron los errores del pasado”. En cuanto a Bolivia, el tercer país con bosque chaqueño, dijo que el peligro es menos inminente debido a que no hay tanta expansión de la frontera agropecuaria, como en Argentina.

Al consultarle lo que hace falta para poder cubrir el déficit entre el espíritu de la ley de Bosques y la realidad, llama a “profundizar los controles a fondo de lo cualitativo, de la forma de desmonte, y extremar los cuidados cuando se avance por encima de intereses de comunidades campesinas e indígenas”, además de que muchas superficies ya desmontadas quedan abandonadas llenándose de arbustos, o incluso ni siquiera se usan eficientemente las deforestadas.

“Murieron cuatro personas por este tema en los últimos 2 años, hay una conflictividad social enorme en la región porque el desmonte pasa por encima de los intereses sociales. No es un problema de la ley de Bosques sino que la propia ley puede llegar a aportar las soluciones. Y la otra necesidad es fuerte campaña de conciencia social”, añade, y recuerda “el gran negocio inmobiliario” detrás del desmonte, ya que un terreno deforestado es mucho más valioso que uno sin tratar.

Brassiolo llama a que la sociedad defina qué tipo de desarrollo quiere. “Es lógico que el sector productivo permanentemente exija más tierra porque considera desarrollo el crecimiento de producción, y no, es la sociedad la que tiene que decir qué desarrollo es mejorar la calidad de vida”. La relación entre el patrón de consumo y producción y el medio ambiente se vuelve cada vez más íntima y por ello sus repercusiones, más impactantes. La calidad en el trato que se le da a nuestros bosques habla mucho de lo que estamos dispuestos a permitir como sociedad. La ley de Bosques es un instrumento válido y progresista que, como todo elemento intangible, debe ser llevado a la práctica por gente imperfecta y hasta malintencionada.

Estará en todos nosotros seguir apuntalando la presión hacia la dirigencia para llevar el cumplimiento de dicha ley hasta la máxima rigurosidad. Porque se viva en la metrópoli o en la extrema ruralidad, los embates por la deforestación a mansalva los pagaremos todos.

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