Empresarios asociados con genocidas. Poca gente sabe de los particulares y aberrantes hechos sucedidos en Jujuy durante la última dictadura argentina. Opinión Sur Joven te relata «La noche del apagón» del Ingenio Ledesma.

Libertador General San Martín es la principal ciudad del departamento de Ledesma, uno de los 16 que componen la provincia de Jujuy. Fue precisamente allí donde se instaló el Ingenio Ledesma en 1830, que constituyó la principal fuente de riqueza provincial, con un equivalente al 82% del ingreso total. A medida que se sucedieron los años, la población comenzó a organizarse en torno al Ingenio y se volvió cada vez más dependiente, tanto económica como políticamente. La gran mayoría de los hombres trabajaba en deplorables condiciones laborales y cobraba salarios que sólo le alcanzaba para mantener a su familia. Era fundamental la subordinación de la clase obrera, a fin de encausarla dentro de un tipo de producción feudal. En muchos casos, también se les pagaba con bonos que servían solamente para intercambiar por bienes que producía la empresa, o sea, los propios trabajadores.

El poder económico que concentra el Ingenio Ledesma comienza a trasladarse, lógicamente, hacia el plano político, con el objetivo de poner a la provincia al servicio de sus intereses. A comienzos del siglo XIX, la empresa no sólo contaba con enormes latifundios donde podía explotar y diversificar ampliamente su producción, sino que tampoco debía pagar impuestos. En 1970 asume su presidencia el Dr. Carlos Pedro Blaquier, cuya meta se centra en reducir ámpliamente los costos, ya que contaban con una alta cantidad de mano de obra temporaria, lo que significaba un gasto que podía ser eliminado. Tanto es así que, a través de la mecanización de la zafra, se cambió el modelo productivo de 15.000 trabajadores contratados transitoriamente, a solamente 5.000, reducidos a planta permanente.

Si bien en la década del ´50 existieron algunos intentos de descentralizar el poderío de la compañía, recién en 1973, un intendente llamado Luis Arédez tomó acciones concretas e intentó que, finalmente, Ledesma pagara impuestos a fin de contribuir con la pésima situación socio-económica que atravesaba Jujuy. El funcionario actuaba con conocimiento de causa, ya que había trabajado como médico del Ingenio durante varios años, hasta que fue despedido por los gastos que le representaban a la obra social del Sindicato de Obreros del Azúcar y Papel los tratamientos que recetaba para los afectados. El intendente le había declarado la guerra al grupo económico más importante de la provincia. El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe de Estado en la Argentina y, esa misma madrugada, Luis Arédez fue secuestrado de su casa. Según las declaraciones de su esposa Olga, fue cargado en la parte de atrás de una camioneta con el logotipo de Ledesma.

Casi cuatro meses más tarde, mientras el intendente todavía se encontraba privado ilegítimamente de su libertad, tuvieron lugar otros nefastos hechos en las localidades de Libertador San Martín y Calilegua. Entre el 20 y el 27 de julio, se produjeron una serie de cortes de luz que duraban desde las diez de la noche hasta las seis de la madrugada del día siguiente. Mientras las ciudades se encontraban completamente a oscuras, los grupos de tareas de la dictadura secuestraron alrededor de 400 personas, de las cuales más de 30 todavía continúan desaparecidas. Varios de los testigos afirman que fueron cargadas en camionetas de la empresa Ledesma y llevados a diversos centros clandestinos de detención, ubicados en las cercanías de los pueblos, donde sufrieron torturas y palizas. Estos sucesos fueron conocidos como “La Noche del Apagón”.

Arédez fue liberado el 5 de marzo de 1977, luego de permanecer desaparecido durante un año. Sin embargo, el 13 de mayo fue interceptado en la ruta cuando volvía de su consultorio. Su coche fue encontrado seis meses después en un baldío. Luis es uno de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

En la actualidad, Carlos Pedro Blaquier se encuentra imputado en el juicio por la desaparición del intendente y por la privación ilegítima de la libertad de casi 400 personas durante julio de 1976. En una entrevista, Alberto Lemos, administrador general del Ingenio –también imputado-, reconoció que la empresa había puesto camionetas a disposición de los militares para “limpiar el país de indeseables”. La causa, caratulada como “Arédez, Luis Ramón, y otros” se encuentra a cargo del juez Fernando Poviña que deberá decidir si procesa al presidente de Ledesma por delitos de lesa humanidad. Para la querella, Blaquier fue un engranaje fundamental en la maquinaria represiva de la provincia. A mitades de octubre, el juez federal realizó una inspección ocular en diversos centros de detención y declaró que, cuando se terminen de cotejar todas las pruebas obtenidas, se pasará a definir la situación procesal de los acusados.

La impunidad duró casi 40 años, sin embargo, hoy en día se encuentran en el banquillo no sólo los genocidas y autores materiales de la represión, sino también los cómplices de uno de los hechos más vergonzosos de la historia argentina.