En la Argentina casi la mitad de los pibes son pobres. Para ser exactos, el 47,2% forma parte de familias que no superan el índice de pobreza y el 23,5% son indigentes [1]; es decir que no tienen ni para comer.

Si proyectamos estos números a 10, 15, 20 años, podríamos inferir que casi la mitad de los adultos habrá crecido en condiciones de pobreza. Digo casi porque seguramente las estadísticas serán más benignas para los gobernantes que les toque afrontar esa situación. Muchos de los niños que hoy son pobres morirán indefectiblemente en el camino.

Como en variadas oportunidades señalamos en Opinión Sur, la pobreza es un arma de doble filo, y ambos lados cortan a la misma víctima. Por una parte, restringe el desarrollo de la persona por la falta de recursos económicos. Por la otra, los más necesitados tienen menos acceso a la información, capacitación, contactos, etc. Así se cristaliza un círculo vicioso en que la pobreza genera más pobreza

En estos días se está debatiendo en la Argentina la creación de un incentivo universal para la niñez. Consiste básicamente en que cada chico menor a 18 años cobre una pequeña asignación que garantice su alimentación. El incentivo podría oscilar entre los 125 y 214 pesos (según la masa de recursos que se dispongan), pero sería para todos el mismo, sin distinción de raza, color, barrio, poder adquisitivo… el hijo del pobre y el hijo del rico cobrarían lo mismo. Así los planes sociales dejarían de ser una dádiva y pasarían a ser un derecho para todos los ciudadanos.

En un mundo ideal, esto sería una locura. ¿No es mejor darle más a los que menos tienen en lugar de despilfarrar recursos en gente que no lo necesita?

El problema es que no vivimos en un mundo, región o país ideal. Sabemos que al menos en la Argentina los planes sociales se compran y se venden. Sabemos también que quienes no tienen buen acceso a la información y a los contactos no reciben nada, pese a que en general son los que más necesitan los subsidios. Universalizar implica democratizar, igualar, nivelar para arriba.

Quedan pendientes dos preguntas.

1) ¿De dónde sacar la plata para pagar esa cantidad de subsidios? El dinero está. Sólo es cuestión de asignar prioridades. Así como ninguna familia compraría un auto si no tiene para alimentar a sus hijos, también el Estado debería poner esto al tope de las prioridades. En la Argentina, el presupuesto anual de la Nación es de más de 200 mil millones de pesos; un plan de estas características costaría como máximo 30 mil millones. Sólo insumiría un 15% de los recursos del Presupuesto, con lo cual es cuestión de reasignar partidas y tomar la decisión política de promover este mecanismo democratizador de asignación social. Si querés ver cómo se podría financiar, acá hay una tabla de los distintos proyectos de ley ingresados en el Congreso, por todos los partidos políticos.

2) ¿Esto va en contra de la cultura del trabajo? Creo que no. Primero porque, a diferencia de otros planes, no exige estar desocupado para cobrarlo. Y segundo, porque esos 200 pesos apenas garantizan la alimentación, pero de ninguna manera haría que alguien se resignara a cobrar sólo eso. Decir lo contrario implicaría pensar que “acá no trabaja el que no quiere”, cuando es la realidad socioeconómica la que expulsa a la gente del mercado laboral.

Creo que este tema es central. En caso de que se debata, y que se apruebe, podría ser el paso más importante desde 1983 a favor de la democracia y de la ciudadanía.

[1] Los datos fueron elaborados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en base a cifras oficiales