La pantalla mostraba a un grupo de personas en el norte del país, con sus uniformes de trabajo reclamando por salud, trabajo y educación al unísono. Mientras, el periodista desde Capital Federal señalaba que ese grupo, unido y organizado, constituía una amenaza para el propio poder democrático provincial y que, encima, recibía fondos del Estado Nacional.

Esta escena plantea el debate: ¿cuál debe ser la relación entre el Estado y las organizaciones sociales?

La Argentina tiene una larga tradición de agrupaciones que convivieron con el tradicional sistema de partidos. Desde los sindicatos hasta los movimientos de desocupados pasando por las asambleas de ambientalistas y los organismos de derechos humanos, el pueblo argentino siempre tendió a la unión y organización frente a objetivos comunes.

Desde el regreso a la democracia hasta hoy, la relación entre estos grupos y los gobiernos de turno fue variando. En los 80’la mayoría de las organizaciones políticas estaban asociadas a la resistencia a la Dictadura. Durante esa época empezaron a aparecer organizaciones temáticas, vinculadas a los derechos humanos, el medio ambiente y las cuestiones de género.

Durante los 90’ la escena se modificó: Como resultado del neoliberalismo aparecen los movimientos de desocupados, que se ocupan de aquellas tareas que al Estado ya no le competen. “Somos hijos del fin de la cultura del trabajo y sufrimos el predominio absoluto de los modelos financieros. Así y todo actuamos pensando que las cosas se podían cambiar con organización popular y así fueron surgiendo nuevos métodos, entre ellos el corte de ruta”, sintetiza el periodista Christian Boyanovsky Bazán, quien en el libro El Aluvión analiza a las organizaciones sociales en la era kirchnerista.

La crisis del 2001 marca el quiebre, con la proliferación de la organización horizontal en asambleas populares de vecinos y movimientos piqueteros. A partir del 2003, estos grupos se reconvierten cuando aparece una primacía de la política y cambian su relación con el Estado. Como hito de esa transformación, el Gobierno de Néstor Kirchner convoca e integra a algunos de los líderes de organizaciones sociales a la gestión. El Movimiento de Tierra y Vivienda de Luis D`Elía es ejemplo de esto.

Una de esas organizaciones que supo tener un camino similar es Barrios de Pie. “Nosotros somos proclives a la participación. La mejor relación es tener una mesa donde participar y se recepten inquietudes para que se pueda conocer en profundidad lo que sucede en los sectores más humildes”, considera Humberto Tumini, titular del movimiento hoy alejado del kirchnerismo.

Si bien opina que la relación con el Gobierno es de “diálogo conflictivo”, reconoce que “en los últimos años demandamos una serie de instrumentos sociales que fueron conquistados”.

“La recuperación del trabajo, la aparición de un modelo que beneficiaba el mercado interno, generaron cambios al interior de los propios movimientos sociales que derivaron en una nueva relación con el Estado, reconocido como un interlocutor de demandas. Se genera una articulación novedosa y sumamente fructífera que hoy se evidencia con el impacto que tienen medidas como el Plan de Cooperativas”, señala Boyanovsky.

Para la Licenciada en Ciencia Política, Laura Hoorn, esta situación es fundamental: “La concurrencia de la sociedad civil en el diseño de la política pública puede mejorar los alcances y la calidad de las medidas. Hay muchos ejemplos exitosos del llamado del Estado a la participación de las organizaciones, como en el caso de la asignación universal por hijo”, puntualiza.

“El fuerte conocimiento del territorio y la cercanía con las bases convierte a las organizaciones en portavoces de las políticas que no funcionan como corresponde. La administración pública no es infalible, más allá de la voluntad que exista. Las organizaciones tienen el rol fundamental de hacer llegar las políticas sociales a todos, y no creo que esté compitiendo con el Estado”, concluye Hoorn.

“Eso requiere un diálogo, un ida y vuelta permanente”, señala Tumini, al tiempo que destaca los planes de alfabetización, creación de salitas sanitarias y asistencia a comedores que subsidia el Estado como resultado positivo de esas negociaciones.