Argentina es una tierra bendecida. Octavo país del mundo en extensión territorial, habitado por poco más de 40 millones de personas, con una de las planicies cultivables más grandes del planeta. Y por su fuera poco, recursos naturales en abundancia, entre los que se cuentan petróleo, gas y suficiente agua dulce para realizar imponentes represas hidroeléctricas.

Pero todo tiene un límite. Así como la seca o las inundaciones muestran los condicionantes de la pampa húmeda, la matriz energética actual y la gestión estatal dan cuenta de que con la riqueza de origen no alcanza.

De hecho, en los últimos años Argentina perdió el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos y comenzó a sufrir un drenaje brutal de fondos para sustentar el sistema energético del país: el año pasado se destinaron 9.000 millones de dólares para importación de energía y 11 mil millones de dólares en subsidios internos.

Ante esta situación, sumado a la preocupación por el medio ambiente, durante el año pasado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE) de la UBA y la Fundación Avina acordaron desarrollar y convocar a un ejercicio de planteo y análisis de escenarios energéticos de largo plazo para la Argentina. De esta forma, se configuró la “Plataforma Escenarios Energéticos – Argentina 2030”.

Del desafío participaron seis organizaciones, entre ellas la agrupación ecopolítica Los Verdes, liderada por el ex director de Greenpeace Argentina, Juan Carlos Villalonga. Su conclusión deparó una sorprendente paradoja: el costo de mantener la matriz energética actual con respecto a realizar un viraje radical en pos de energías sustentables sería cero.

Un 2020 sin nucleares

Un escenario energético no es un mero pronóstico, sino una descripción de lo que puede llegar a ocurrir en cumplimiento de determinadas condiciones. Las seis organizaciones que realizaron la Plataforma Argentina 2030, desde perspectivas muy distintas, se ciñeron a parámetros comunes que permitieron comparar luego fehacientemente los resultados.

“Nuestro escenario muestra que para 2020 se pueden cerrar todas las plantas termonucleares, evitar opciones complicadas como las grandes represas hidroeléctricas en la Mesopotamia y con un costo comparable con los demás. La opción de un cambio radical en la matriz no implica necesariamente un mayor costo económico”, explica Villalonga en diálogo con Opinión Sur Joven.

Esto es así, según señala, porque “en el período de acá a 2030 lo que se evita en costos de inversión (para la reconversión energética) se termina pagando con un aumento de los costos de combustibles, en base a los datos de la Agencia Internacional de Energía”.

El ejercicio tuvo dos escenarios muy opuestos, planteados por organizaciones con intereses y cosmovisiones en las antípodas: Los Verdes y la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA).

“El de AGEERA es un escenario de alta probabilidad de ocurrencia, que no cambia mucho a lo que es hoy, y el nuestro tiene una mirada mucho más fuerte en cuanto al compromiso ambiental. Justamente, estos dos escenarios tienen el mismo costo. Es decir, hacer lo mismo de siempre o invertir y cambiar radicalmente tiene cuesta lo mismo”, remarca Villalonga.

Los Verdes escenifican un futuro ecosustentable en el que el costo de la energía sea 115 dólares megavatios promedio. Si bien hay otros modelos más baratos, el suyo se encarece algo más por la supresión de las hidroeléctricas y la maximización de las vías renovables, en especial la opción eólica.

“Para 2020 no habría más generación nuclear y el 25% del total sería energía renovable. Todas las distribuidoras tendrían las regulaciones puestas en marcha como para que los consumidores también puedan ser productores de energía (fotovoltaica). El proyecto comprueba que es técnicamente posible en cuanto a la disponibilidad de tecnologías, perfectamente desarrollables y con fuerte inserción en la industria nacional. En materia de recursos naturales es suficiente con lo que hay. Que sea técnica y financieramente viable demuestra que la única barrera es política”, asegura.

Para Villalonga, la arena política “es el terreno más difícil, hoy es claro que no vamos hacia un cambio energético, sino por el contrario, por la vía que estamos yendo, Argentina ni siquiera va a cumplir con la ley nacional que obliga a tener un 8% de penetración de renovables para 2016 en la generación de energía eléctrica”.

“Hay dos grandes razones para la obstrucción: hay lobbies que logran determinado tipo de decisión, como el nuclear y petrolero, que operan permanentemente sobre cualquier grupo que esté al mando. Y potro otro lado, que los decisores políticos no han incorporado en su visión lo que ha ocurrido en materia de energía en el resto del mundo. Hay una ceguera que impide la reflexión crítica y la discusión sensata. Hay una ortodoxia vetusta para mirar el desarrollo económico que atrasa varias décadas”, opina.

A la espera del Congreso

A partir del impulso global surgido en la Cumbre de Johanesburgo de 2002, Argentina adoptó en 2004 y por primera vez una meta de transformación de su matriz eléctrica. Ese año, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner expuso la meta voluntaria del 8% de electricidad en base a 11 renovables en un plazo de 10 años. Esta meta luego se plasmó en 2006 en una ley nacional, la cual estableció pasos para la generación, de manera sostenida, de proyectos de energía renovable.

Sin embargo, desde el gobierno nacional se vino impulsando a su vez la energía atómica, destinando decenas de millones de dólares a la puesta en marcha de Atucha II y otras centrales, a contramano de la tendencia mundial.

La energía nuclear es el modo más caro y peligroso para producir electricidad. Es consenso científico que no existe una sola central nuclear ni residuos nucleares que estén exentos de riesgos. Al ser sólo posible sostener su funcionamiento dentro de márgenes muy precisos para alcanzar un delicado equilibrio, esta ingeniería se convierte en extremadamente cara.

Con la meta de cortar la dependencia de la energía nuclear para 2020 y con el fantasma de la tragedia de Fukushima como impulso, Los Verdes lanzaron luego de dar a conocer su escenario el desafío de que algún diputado o senador del Parlamento argentino tomara y defendiera el proyecto de ley que presentaron para hacer realidad el modelo que desarrollaron.

Dos meses después, el diputado de Coalición Cívica-ARI por la provincia de Santa Fe, Carlos Comi, anunció que lo iba a tomar, y lo derivó a tres comisiones en las que el proyecto durmió el sueño de los justos. Luego de una campaña mediática y tras recabar apoyo de otros partidos, ahora está siendo tratado por la Comisión de Energía y se espera su dictamen, aunque debe atravesar la revisión de otras dos, en un largo camino hasta ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, en la que el partido de Gobierno tiene mayoría propia.

“Básicamente el proyecto busca llevar la penetración de energía renovable del 8% en 2016 actual al 25% para 2020 y el apagado de las centrales nucleares para esa fecha. Prácticamente no existe en otro país del mundo las posibilidades de energía eólica por los corredores de viento que hay en Argentina. Se pretende que las energías derivadas de los fósiles sean dejadas solo para reserva”, dice Comi en diálogo con Opinión Sur Joven.

Comi considera que “la cuestión nuclear está atada a las fantasías de ‘Argentina-potencia’. Los Estados (en el siglo pasado) invirtieron miles de millones de dólares en energía atómica con el sueño de pasar a tener otro peso en el escenario internacional y en ningún caso lo lograron. El mundo hoy va en otra dirección”.

“Esto no es una cuestión de oposición u oficialismo, sino que tiene que ver con los intereses del país. No tiene sentido seguir gastando dinerales en esta fantasía nuclear. Es hora que dejemos de gastar en esta energía y cambiemos la proyección y hagamos algo para los argentinos de las generaciones que vienen”, enfatiza.

Tanto Villalonga como Comi coinciden en que es difícil lograr que estos temas entren en la agenda de discusión. Prejuicio, desconocimiento y modelos de desarrollo añejos conspiran en contra. No está mal, entonces, recordar que a veces contamos con herramientas al alcance de la mano y que no sabemos su existencia. Por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución Argentina estipula que un proyecto de ley puede ser obligatoriamente tratado (no aprobado) por el Congreso si se juntan firmas que equivalgan al 1,5% del padrón electoral de personas que representen al menos a seis provincias.

Llevar un tema a la agenda pública puede llevar años y a veces décadas. La concientización, una vez más, es la tarea clave, tan importante como difícil. No solamente la ambiental, sino la que nos ayude a entender que como ciudadanos tenemos las armas para hacer mucho más que votar.

Daniel Galvalizi// Sub-editor de Opinión Sur Joven

¿Qué es por ejemplo una oficina eco-sustentable?

El boom por el cuidado del ecosistema se trasladó al trabajo. Las oficinas eco-sustentables son un fiel reflejo de esta nueva corriente. Se intenta aprovechar al máximo la luz solar, se recicla la propia basura y hasta se piensa antes de imprimir un e-mail.

En nuestro país recién está comenzando esta tendencia sustentable que ya se ha hecho fuerte a nivel mundial. Pensar en el planeta y ahorrar energía va más allá de una estrategia de marketing. Cada vez son más las firmas que creen que su pequeño aporte permitirá ayudar al planeta. Ser eco-sustentable no es una moda sino una manera de actuar y pensar.

Se intenta fomentar la eficiencia energética, la utilización de energías alternativas y el reciclado de la basura generada. Además, se busca mejorar el interior, para que sea un ambiente agradable y concientizar en el consumo de agua.

Son varios los certificados existentes en relación al medio ambiente. Uno de los mas conocidos es el certificado LEED (en inglés, Leadership in Energy & Envioronmental Design).

Este es una certificación de edificios sustentables, desarrollado por el organismo estadounidense US Green Building Council, que nació en 1998 y es utilizado en varios países del mundo desde entonces. Hoy en día, son cada vez mas las empresas que obtienen dicha distinción cuyas normas están orientadas hacia la sustentabilidad de los edificios.

Las empresas construyen y certifican sus lugares de trabajo para intentar disminuir el impacto medioambiental de la industria de la construcción. En el caso de LEED, la certificación es voluntaria y existen cuatro niveles. De menor a mayor, estos son: LEED certificado, LEED plata, LEED oro y LEED platino.

Estos valores no solo se restringen a los límites físicos de la oficina, ya que también son muchas las empresas que premian a aquellos empleados que lleguen al trabajo en bicicleta y no utilicen el auto u otro transporte público.