“¿Quiénes son los torturados en las cárceles?, ¿a qué segmento social pertenecen?, ¿quiénes son las víctimas del gatillo fácil?, ¿quiénes son las niñas y los niños que sufren la violencia institucional en los centros de detención?, ¿quiénes son los amenazados, represaliados, reclutados por los policías?, ¿quiénes son los secuestrados, torturados y/o desaparecidos como Luciano Arruga?”

Segmento del informe de la Comisión Provincial por la Memoria, El Sistema de la Crueldad VII.

Muchos, haciéndole ojo gordo a la situación carcelaria y a los problemas de exclusión social, están reclamando la baja de edad de imputabilidad. Piden, indignados, que si osan habilitar el voto voluntario a los jóvenes de entre 16 y 18 años, mínimo se baje la imputabilidad.

En Argentina, el senador nacional por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández,presentó un proyecto para permitir el  voto optativo de jóvenes de entre 16 y 18 años. Esto desató una polémica, en la que diversos actores sociales sostienen que este proyecto es sólo una estrategia del kirchnerismo para ampliar el padrón. El kirchnerismo argumenta que no se pretende ampliar el padrón, ya que en total alcanza al 4 o 5 por ciento, pero como se trataría de votos voluntarios sufragaría menos de ese total. La discusión trajo a colación debates de los más conservadores, uno de ellos: la mano dura.

Hace cuarenta años había un sector de la sociedad que se creía al margen de los procesos políticos. No tenían una postura clara en torno a como sucedían los hechos, pero claramente no apoyaban la militancia y la denominaban guerrilla; decían no estar a favor de los golpes de Estado, pero pedían a gritos que se establezca el orden; no eran fascistas, pero mucho menos comunistas porque pretendían que el libre mercado triunfe en Argentina. Suele denominarse a este sector como la clase acomodada, también la clase media alta o incluso clase media y punto. Generalmente está en contra de todas las escandalosas políticas que se han realizado a lo largo de la historia, pero en tanto era a beneficio personal siempre se las apoyó indirectamente. Hoy ese sector continúa con las mismas críticas individualistas. En los 70 temían por la guerrilla, hoy temen por la inseguridad.  Reclaman al Estado que haga algo por la seguridad propia, a costa de cualquier perjuicio que tenga en el otro o, mejor dicho, en los otros.

Ayer, en uno de los diarios hegemónicos de los de tirada nacional, se publicó una nota sobre el riesgo de ser adolescente, por la cantidad de jóvenes que mueren en “hechos violentos y delictivos” al año. El punto es que las víctimas de esa inseguridad puntualmente son parte de este sector acomodado del que venimos hablando. Y donde hay una víctima, hay un victimario. Podemos preguntarnos de que sector viene ese victimario, quién decide quién es víctima, quién es victimario y seguir con preguntas al respecto, pero vamos a lo concreto.

Resulta que en la actualidad muchos, haciéndole ojo gordo a la situación carcelaria y a los problemas de exclusión social, respuesta de años de políticas que sumieron a tantos argentinos en la pobreza, están reclamando la baja de edad de imputabilidad. Piden, indignados, que si osan habilitar el voto voluntario a los jóvenes de entre 16 y 18 años, mínimo se baje la imputabilidad. Lo que sucede es que prefieren una elite “politizada” con la apolítica y el libre mercado, sin debate en las escuelas, sin revisión de los derechos sociales de la sociedad completa. Al actor de la política para unos pocos, no le importa realmente la educación como revolución. Para él, la educación es la tradicional que genera la supuesta “cultura del trabajo”. Esa cultura que desprecia a las movilizaciones, que estigmatiza, por ejemplo, a los piqueteros. Que ancla su discurso en las posibilidades propias, como si fuesen las mismas para todos, como si hubiéramos nacido con las mismas oportunidades naturalmente.

Este actor no quiere una revolución cultural de mayor inclusión. Sino que busca seguir segmentando a las clases sociales para seguir gozando de sus derechos privados a costa de cualquier costo social, económico y político para los incontables; para la gran mayoría. A la que se anuló quitándole el debate, los recursos, los derechos.

Quitarle a un menor de 18 la libertad es también quitarle la posibilidad de entender siquiera la problemática en la que se lo está sumergiendo. Encerrar en la cárcel a alguien en cualquier momento es enviarlo a un callejón sin salida. Meter a un menor es peor. Es emparchar con los más débiles a un problema que atraviesa a toda la sociedad.

Porque sepa, lector, que la situación en las cárceles actualmente no está ni cerca de cumplir un rol constructivo. Por citar alguno de los ejemplos, voy a hablar del de la Provincia de Buenos Aires. Además de estar superpobladas, las cárceles sufren consecuente hacinamiento. Los calabozos están en pésimo estado de conservación e higiene, sin ventilación, luz natural y mobiliarios. Sanitarios insuficientes. Sumado los constantes maltratos y violaciones de los derechos humanos. Ni hablar de la varita con la que se miden los delitos según tal o cual clase social.

Si de privación de libertad hablamos, también debemos hablar de la libertad y todo lo que atraviesa esa palabra. Por ejemplo quienes piden libertad individual para comprar dólares, a costa incluso de la dolarización que impacta directamente en los manejos de fondos y en las crisis que padecemos nosotros y no los fabricantes y dueños del dólar. Y qué casualidad que, por lo general, son los mismos que cuestionan a los docentes por hacer una parodia de los políticos que quieren cerrar cursos para hacer recortes en la educación pública para destinar los gastos a los sectores acomodados. Porque cerrar cursos de la escuela pública y gratuita y dar subsidios a las escuelas privadas es también quitar libertades. Y quienes quieren una escuela pública desmantelada, entonces, también abogan por una educación sin debate político. Y quienes no quieren la política en ciertas edades, tampoco quieren que ciertas edades voten. Y, como último recurso a falta de argumento sólido contra el voto, léase voluntario, argumentan que si se vota, también se imputa. Si se imputa, se condena. Si se condena, se quitan libertades y a veces si no se condena, también.

Hace poco se presentó el séptimo informe anual “El sistema de la crueldad”, de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos, en donde se devela que se registraron 10.458 hechos violentos en penitenciarías bonaerenses, en tanto el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención siguen igual.

En estos días es notoria la preocupación de un tradicional y conservador medio por la inseguridad y por el riesgo de ser joven –de un cierto sector, claro- en la Argentina. La cronista al leer esta serie de noticias, puntualmente una que informa que 500 menores mueren al año en hechos violentos y delictivos –evidentemente hablando de quienes gozan de la libertad-,  recordó que el informe de la Comisión por la Memoria no tuvo tal impacto. Y claro, se preguntó cómo 10.458 hechos violentos dentro de las cárceles no fueron noticia como los otros 500 casos.

El informe es claro: “la solución no pasa por la construcción de más cárceles, sino por modificar radicalmente el paradigma punitivo con la consecuente transformación de a quiénes se persigue y por qué delitos se castiga”.

No se trata, entonces, de negar las problemáticas existentes de hechos delictivos. Sino de tener en claro todos los hechos delictivos que existen y a todos los que atraviesa. El por qué también cumple un rol clave. “Cada frase que niega la tortura o la naturaliza, cada reclamo de la sociedad de más atrocidades hacia los otros seres humanos nos lleva en una pendiente hacia la barbarie. En Argentina ninguna cárcel sigue el ejemplo del respeto por los derechos humanos. Ningún servicio penitenciario es modelo a seguir ni respeta la ley”, indicó Roberto Cipriano García, el Director del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial.

Hay que recordar, a la hora de exigir Justicia, que la madre es la Justicia social y, sin ella, en vano será cualquier intento superficial de solución, como es el ejemplo de bajar la edad de imputabilidad. En tanto no haya inclusión, no habrá Justicia. Si de quitar libertades hablamos, preguntémonos: ¿quién es la victima?, ¿y quién es el victimario?