En el plano de la racionalidad técnica y la búsqueda de la estabilidad política, el pensamiento urbanístico empezó a comienzos de los 60 a buscar el esquema de una ecuación entre modernización, industrialización y la urbanización, debido a la difusión de la tecnología moderna, al aumento de la tasa de crecimiento frente al incremento del consumo per cápita así como a la redistribución social. El urbanismo como orden, como idea de la racionalidad se unió al tratamiento de las regiones que la ciudad de Buenos Aires comparte con la Región Metropolitana.

El Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la ciudad de Buenos Aires fue renovado parcialmente durante la última dictadura militar en 1977, y en el año 2000, pero sigue vigente el Plan Director de Buenos Aires de 1962 que, supuestamente, controla la edificación en la ciudad, los lineamientos y perímetros adecuados de los espacios verdes, el manejo y mercado del suelo, el problema social de la vivienda o derecho a la ciudad con estándares de calidad ambiental y todo aspecto que hace al desarrollo urbano.

Pero el CPU tiene una influencia nula en la comercialización del suelo, no interviene en las rentas como tampoco en sus consecuencias, tampoco puede intervenir con respecto al problema social de la vivienda, no contempla las negociaciones público-privadas; la caracterización de “ciudad productiva” que reintentó instalar la gestión de Carlos Grosso y equipos de funcionariado por los años 90, pero también las gestiones que lo sucedieron y en la actualidad, obvian las indicaciones del CPU respecto de las instalaciones de industrias, de manera que favorece en los terrenos de grandes superficies las operaciones inmobiliarias, financieras y especulativas.

La idea de racionalidad que incorpora la planificación política de la ciudad fue abandonada, no sólo por la entrada en lo que se denomina la tipología de la ciudad global sino por las sucesiones del interés privado sobre lo público desde la última dictadura militar al presente.

Las transformaciones en la ciudad de Buenos Aires durante y después de la última dictadura militar son concomitantes con la irrupción de la ciudad global. La globalización acaecida en la economía, las comunicaciones, la sociedad y la cultura. Las viejas ciudades fordistas, integradas y organizadas frente al trabajo asalariado, fueron transformadas en ciudades de los servicios, que no ofrecen muchas alternativas a las clases medias, menos a las populares, tradicionalmente productoras y usuarias de la ciudad.

Este proceso estuvo agravado por las políticas de ajuste estructural implementadas por el FMI y el Banco Mundial. Las consecuencias de esta adopción de políticas a las que adhirió la gestión de la ciudad fue la desregulación de las economías nacionales, reducción del rol del Estado como regulador y como agente económico prestador de servicios colectivos. De esta forma surgieron “las ciudades duales” que ubican en polos opuestos a los sectores sociales en integrados y excluidos, exitosos y fracasados y la sociedad se convierte en “sociedad fragmentada”, que en los territorios da lugar a las diferencias, a formas de vida contrapuestas y complejas, los sectores de altos ingresos se autosegregan, ocurre la “suburbanización de las elites” y los sectores bajos que venían arrastrando marginalidades son segregados más aún en las “villas miserias”.

Con el retorno de la democracia, el radicalismo tocó tangencialmente los últimos estertores del período de sustitución de importaciones, pero en los hechos ya había entrado en la fase de la economía abierta. Las variadas intendencias que ejerció el partido radical pasaron por las descripciones y tratamientos de la precarización del empleo, el aumento del cuentapropismo, la economía informal, por la motivación de la participación cultural en los barrios y por un cambio de la inversión privada del espacio urbano que se consolidó en los años 90. Las administraciones radicales fueron obstinadas en poner el acento en la búsqueda de cambios en los mecanismos de participación ciudadana con la retórica de ocupar el espacio público de la ciudad como contrapartida a la represión de la dictadura, porque los ejes de la discusión política pasaban por la estabilidad del sistema democrático, la multiplicidad, el diálogo, la integración y una ciudadanía activa como los referentes políticos de la gestión. La administración radical reflotó en 1985 la reglamentación que rigió en 1973/76 para el accionar de los consejos vecinales como forma de acercamiento entre vecinos, en 1988 fueron transformados en consejos sociales zonales y hoy son los centros de gestión y participación.

La gestión de Carlos Grosso iniciada en 1989 imprimió el sello de mercado y de la competitividad a las políticas locales, gerenciando el municipio más grande de la Argentina y generando nuevas inversiones a partir del cambio político que introdujeron la Ley de Convertibilidad y la Reforma del Estado. Esas leyes permitieron las inversiones extranjeras, el Estado convertido en promotor y acondicionador de las acciones privadas dio como resultado que en la Región Metropolitana se multiplicaran las autopistas, el cobro de peajes, las urbanizaciones privadas, la hotelería internacional y la instalación de edificios inteligentes.

Los acentos puestos en “recuperar los espacios públicos” poseen variadas interpretaciones, por un lado los cambios de orientación de la racionalidad ya fuere en términos de planificación, del acervo de la ciencia y la técnica o de las propias políticas urbanas y las ideas de la modernidad que focalizaban la recuperación íntegra de la sociedad, la política debía racionalizar sus estructuras y procedimientos, la economía modificar sus formas de producción y la cultura inaugurar una forma de vida que fuera propiamente urbana.

Pero las ciudades decayeron más con la globalización, con desterritorializaciones, migraciones, pobrezas, permanecen desordenadas, sucias, violentas, caóticas, al declinar los intercambios, la sociabilidad, los encuentros y por haber priorizado las grandes inversiones, la competitividad, el consumo. El espacio público latinoamericano está apropiado por la informalidad y estas actividades forman parte de la cultura urbana, que no es precisamente la cultura de la imaginación, ni la cultura letrada, sino el de las necesidades.

A contramano de lo que ocurrió en los años 80 con la alegría por recuperar el espacio público de la ciudad, en el siglo XXI la política municipal resemantizó los contenidos de los usos del espacio público por “seguridad”, “perfil socio productivo de la ciudad”, “salud, transporte y educación”, condiciones materiales que las críticas calificaron como ineficiencia de la gestión; no obstante hay reclamos por derechos así como protestas sociales que se traducen en poder de veto de los actos políticos, las manifestaciones que iniciaron los cacerolas de 2001 dan lugar a pensar que hay diferentes formas de protesta en las ciudades.