La reciente reforma electoral sancionada en la Argentina producirá importantes cambios en el universo de los partidos políticos del país. Ahora hay 700 partidos. La nueva ley va a hacer más complejo el proceso para obtener y mantener la personería jurídica. Aunque el nuevo sistema puede parecer engorroso, podría tener efectos positivos en el fragmentado escenario político.

El pasado 3 de diciembre de 2009 el Senado aprobó, en tiempo record, una reforma electoral que modifica ligeramente la fisonomía del sistema electoral argentino sin permitir alteraciones profundas al proceso electoral general. Por ejemplo no se menciona el muy mentado voto electrónico, la boleta única, las observaciones electorales independientes, la redefinición de las funciones de los organismos electorales o la creación de un ente autárquico y especializado, como es el caso del Instituto Federal Electoral en México, que reemplace a la actual Dirección Nacional Electoral (dentro del ámbito del Ministerio del Interior) . La ley fue presentada apenas unas semanas antes por la presidente Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de adelantarse a la asunción de los nuevos legisladores el 10 de diciembre, fecha en la que se recomponía el balance de poderes en el Congreso, lo que dejaba en minoría al oficialismo. A pesar de contar con mayoría propia, el Gobierno enfrentó una fuerte negociación en la Cámara de Diputados con los partidos de la oposición que obligaron a modificar 50 puntos del proyecto. En este artículo nos enfocaremos en los cambios que impone la reforma sobre la organización de los partidos políticos y cómo afectan positivamente al actual universo partidario, a pesar de las fuertes críticas provenientes de algunas agrupaciones.

Organización de los partidos políticos

Por lejos este fue el punto que obligó a los representantes del oficialismo a sentarse a negociar con sus pares de la oposición. La reforma emprende transformaciones críticas en el universo partidario argentino, siendo su principal objetivo reducir la fragmentación de las agrupaciones: Argentina tiene más de 713 partidos políticos, de los cuales 34 operan en el orden nacional.

Uno de los artículos más controversiales, el número 16, mantiene y refuerza un requisito de la legislación anterior: un partido debe obtener por lo menos 2% de los votos validos en dos elecciones nacionales consecutivas para que no caduque su condición como organización política. Dado los resultados de los comicios del 2007 y 2009, alrededor de 89 partidos estarían sujetos a perder el reconocimiento de su personería jurídico política.

Si la norma se aplicara, estos partidos estarían obligados a volver a solicitar la personería jurídica, de acuerdo a los requisitos previstos, los cuales fueron ligeramente cambiados con la reforma; ahora el proceso es más largo y complicado, lo que evita la proliferación de organizaciones.

A priori, la medida puede ser objeto de reproches: en particular es debatible cuán democrático es instalar un umbral electoral dado que afectan a los partidos con un caudal de votos y afiliados relativamente pequeño (en su mayoría agrupaciones a la izquierda del espectro político) mientras que fortalece la posición de partidos con estructuras consolidadas, como es el caso de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista (por ello la acusación que la reforma busca institucionalizar un sistema bipartidista).

Sin embargo, este tipo de exigencia podría forzar a reordenar el universo político argentino y reducir la aguda atomización partidaria. En particular, los pequeños grupos de izquierda podrían beneficiarse ampliamente si unieran esfuerzos, superando sus diferencias, en general triviales. Si tomamos los resultados en la Ciudad de Buenos Aires de las recientes elecciones legislativas, en junio de 2009, para la Cámara de Diputados, los partidos de izquierda obtuvieron en conjunto el 6,12 por ciento de los votos válidos. Ese número se hubiera traducido directamente en una banca en la Cámara baja. Pero las agrupaciones decidieron presentar candidatos por separado y, como resultado, ninguno logró ser electo. El Partido Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora, que obtuvo la mayor cantidad de votos (alrededor del dos por ciento) no alcanzó franquear la barrera del tres por ciento que establece la ley para ingresar al cálculo del sistema D´Hondt, por medio del cual se asignan los escaños.

En esta hipotética alianza no se incluyeron tres partidos que pueden también ser considerados (salvando las distancias y con reservas) como posibles aliados de una coalición de izquierda. Estos son Proyecto Sur, que cosechó un impresionante 24 por ciento bajo el liderazgo de Pino Solanas; Diálogo por la Ciudad, tres por ciento; e Iniciativa Verde por Buenos Aires, con un escaso 0,45 por ciento. Es evidente que los resultados hubieran sido dramáticamente diferentes de haber existido una unión de izquierda.

Por supuesto las discrepancias dentro del sector hacen que la unión sea difícil y a veces imposible. En la última elección se consiguió formar una sola alianza, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Anticapitalista (formado por el Movimiento Al Socialismo, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y la Izquierda Socialista). Otros grupos no participaron a pesar que sus plataformas electorales eran muy similares, como fue el caso del Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). El desacuerdo surgió porque el MST brindó apoyo al reclamo del sector agropecuario contra las retenciones móviles.

Esta situación no es nueva. Históricamente nunca se logró formar una amplia coalición de izquierda debido a las diferencias pero más aun por la facilidad (y falta de aplicación) de los requisitos para constituir y mantener partidos políticos, permitiendo a cada grupo a salir por su lado y llevando a que la Argentina tenga las 700 organizaciones actuales. Las nuevas pautas, aprobadas por el Congreso, harían necesaria la asociación de los pequeños partidos que representan facciones de un mismo sector ideológico.

Por otro lado, la reforma agrega un cambio importante a la estructura partidaria: la obligación de los partidos de demostrar cada año un número mínimo de afiliados, establecido en cuatro por mil en cada distrito de acción para mantener su personería. A pesar de que el umbral es modesto, el acuerdo inicial alcanzado en el Congreso fue postergar las nuevas exigencias para después de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2011. Así los partidos nuevos pero crecientes y aquellos con menos recursos tendrían un mayor margen de maniobra para intentar cumplir y demostrar su representatividad del electorado.

Sin embargo, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la prórroga y eso vuelca la balanza contra estas agrupaciones. El plazo presente para completar el proceso y asegurarse un lugar en las elecciones de 2011 es exiguo, poniendo en duros aprietos a varios partidos, y más aun socavando el rol deliberativo y representativo del Congreso, como ha ocurrido varias veces en la historia argentina.

Pero como lo demostró el Ejecutivo nacional al adelantar cuatro meses las elecciones en 2009 por razones poco claras -por no decir de conveniencia política- no hay un interés genuino en aplicar imparcialmente las reglas. Un punto básico para el buen funcionamiento de la democracia es que el reloj electoral debe funcionar siempre independientemente del de la política.

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