Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio de la Argentina, que las hereda de España a su independencia, quien ejercía su soberanía efectiva por títulos válidos fundados en la historia y el derecho, por sucesión de Estados según el uti possidetis juris de 1810.

Los primeros gobiernos patrios dictaron diversos actos administrativos para las Malvinas. Así el 10 de junio de 1829 el gobierno promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas.

El 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las islas, expulsando a sus habitantes y a las autoridades argentinas establecidas legítimamente. Este acto de fuerza fue inmediatamente rechazado y protestado.

Desde entonces, la Argentina ha reivindicado permanentemente sus derechos ante el Reino Unido y en distintos foros multilaterales.

El 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 2065 (XX) que reconoce la existencia de una disputa entre la República Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las islas, e invita a los gobiernos de las dos partes a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV), así como los intereses de la población de las Islas. Como consecuencia de ello, se inició un proceso de negociaciones bilaterales que consideró diversas fórmulas de solución.

Sin embargo, desde la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido en 1990, luego del conflicto del Atlántico Sur de 1982, ese país se ha negado a reanudar las negociaciones diplomáticas para hallar una solución pacífica de la controversia.

La Constitución Nacional contiene, por la reforma de 1994, la Disposición Transitoria Primera que expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

En cumplimiento del mandato constitucional, el Gobierno del Presidente Kirchner privilegió la búsqueda de la reanudación de las negociaciones de soberanía.

Asimismo, rechazó y protestó los actos unilaterales británicos en el área disputada, por ejemplo, la adopción de una nueva medida en materia pesquera que supone una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas y la pretensión británica de conceder permisos de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina al norte y al este de las Islas Malvinas. Estos actos resultan contrarios a lo establecido por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras que las islas atraviesan por el proceso de descolonización; y se hallan al margen de los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía.

Por otra parte, el Gobierno nacional reiteró ante los organismos internacionales y regionales y la comunidad internacional en general, el llamado al Reino Unido a reflexionar sobre su renuencia a cumplir con el llamamiento internacional a restablecer las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y la OEA, y ratificó la permanente disposición argentina a resolver la disputa por la vía pacífica y respetando los intereses de los habitantes de las islas.